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Critican activistas “discursos vacíos” en atención a víctimas

Por Anaiz Zamora Márquez
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Ante la demagogia y desinterés de las autoridades para atender a las víctimas de desapariciones en México, activistas criticaron duramente la intervención de la directora de Estrategias de Atención de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Yessenia Mercedes Peláez Ferrusca, durante el “Primer Coloquio sobre Violencia, Narcotráfico y Salud Mental”, realizado en Ciudad Universitaria.
 
Otra muestra del desdén oficial fue la inasistencia al evento de Julio Hernández Barros, quien fue invitado en su carácter de presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), instancia que sustituyó a la desaparecida Províctima.
 
La ponencia de Peláez Ferrusca –carente de propuestas y respuestas claras por parte del Estado mexicano para atender a las víctimas de violaciones a Derechos Humanos (DH)– desató la molestia de víctimas de desapariciones, desplazamiento forzado, activistas y especialistas que acudieron al coloquio en la Facultad de Psicología de la UNAM.

Y es que en su participación, Mercedes Peláez reconoció que México no cuenta con el personal suficiente y capacitado para atender la salud mental de las personas que han sufrido violaciones a sus DH, y no dio el número de víctimas que hay en México ni el presupuesto asignado para atenderlas.

La funcionaria evitó reconocer que muchas de las violaciones a DH son perpetradas por agentes del Estado, y acotó que la violencia ocurre principalmente en los hogares: “Cuando una mamá le pega un grito a su hijo sin haberse dado el tiempo de escucharlo, eso es violencia y nadie la está reconociendo”.  
 
Al finalizar su exposición, activistas –entre los que se encontraban integrantes de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez y el Centro de Derechos Humanos “Paso del Norte”– reclamaron a la funcionaria no proponer políticas públicas claras para atender a las víctimas, y no haber explicado la forma en que el Estado mexicano cumple con las recomendaciones de los relatores de la ONU que han señalado la importancia de la reparación del daño. 

Una de las asistentes, quien omitió su nombre, le recriminó a Peláez Ferrusca que utilizara una foto de la familia de Rocío Mesino, líder campesina asesinada en octubre de 2013 en Atoyac de Álvarez, Guerrero, para ilustrar su presentación.
 
La activista criticó que la familia de la dirigente guerrerense “no ha recibido una respuesta clara del Estado para atender sus demandas, y está sumamente molesta por la falta de investigación de los hechos”.

Mauricio Salazar, representante de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), lamentó las respuestas “vacías” de la funcionaria, al advertir que México es uno de los países “donde todos los días se registran atrocidades y donde el gobierno da una respuesta nula”.

Señaló que aún más lamentable que las respuestas de Mercedes Peláez son la “trama de mentiras que se utiliza para resolver los casos”, pues aunque existan las denuncias se niega o cuestiona la desaparición.
 
Puso como ejemplo que en los casos de mujeres desaparecidas se dice que “se fue con el novio y con ello perdemos la dimensión de lo que está viviendo México”.
 
Las y los defensores presentes demandaron al Estado cifras claras sobre el número de personas desaparecidas y de víctimas de delitos, además de que se realicen investigaciones serias para identificar las secuelas psicoemocionales que la violencia deja en ellas, pues es el primer paso para plantear políticas claras que realmente resuelvan el problema y ayuden a las víctimas.
 
Durante los dos días del coloquio se expusieron las formas en que las y los periodistas, así como las víctimas de delitos como el desplazamiento forzado, la trata de personas, asesinatos y feminicidio, ven afectados sus planes de vida y principalmente su salud mental y emocional.

Especialistas en salud mental expusieron que los contextos de exacerbada violencia que se viven en México, así como la carencia de medidas que los protejan ante situaciones de alta vulnerabilidad tienen severas repercusiones  en la salud mental.
 
Los principales trastornos en familiares y víctimas directas son la ansiedad, la depresión y el insomnio, y de no procurarse su atención adecuada puede desencadenar en enfermedades psiquiátricas más severas.
 
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