El gobernante Partido Popular (PP) de España ratificó hoy que llevará adelante una ley de aborto altamente restrictiva, pese al rechazo de asociaciones de mujeres, la oposición y al menos cinco gobiernos regionales.
La secretaria nacional de Educación e Igualdad del PP, Sandra Moneo, precisó que espera que la tramitación parlamentaria comience el próximo verano, luego de recibir informes sobre el anteproyecto de ministerios y otras instituciones relacionadas con el tema.
La iniciativa aprobada por el Consejo de Ministros la semana pasada limita el aborto únicamente a casos de violación o peligro para la vida de la mujer, sólo en las primeras semanas y con el aval de dos médicos, y no incluye otras causas como malformaciones de los fetos.
Para los grupos de mujeres representa un retraso de 30 años, mientras el secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Alfredo Pérez Rubalcaba, consideró que el jefe de Gobierno, Mariano Rajoy, cambió la libertad de las mujeres por un puñado de votos.
También Cayo Lara, coordinador federal de Izquierda Unida –la tercera fuerza política del país–, indicó que la modificación legal responde a la demanda de los sectores más conservadores, especialmente vinculados, dijo, a la jerarquía de la Iglesia católica.
Los gobiernos de las comunidades autónomas de Andalucía, Canarias, País Vasco, Cataluña y Asturias rechazaron la iniciativa, mientras que la presidenta del gobierno andaluz, Susana Díaz, no descartó presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional.
En opinión de Díaz, el gobierno de Rajoy demostró crudeza e insensibilidad al promover un anteproyecto contrario a los derechos y libertades de las mujeres.
En sus declaraciones a esRadio, Moneo negó que la reforma generara tensiones en el PP, como expresan algunas fuentes, y afirmó que se trata de un compromiso recogido en el programa electoral de su partido.
Pese al amplio rechazo social que provocó manifestaciones en varias ciudades españolas y al menos tres detenidos, el PP cuenta con mayoría parlamentaria para imponer la aprobación de la reforma, aunque toda la oposición vote en contra.
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