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Cuestionan actitud de PGR sobre feminicidio

Por María de la Luz González

La organización “Nuestras Hijas de Regreso a Casa”, rechazó el informe de la Procuraduría General de la República (PGR) que atribuye a la violencia intrafamiliar o social la mayoría de los casos de feminicidio ocurridos en Ciudad Juárez y Chihuahua.

En conferencia de prensa, Malú García Andrade, asesora legal de la organización, lamentó que la dependencia persista en su pretensión de minimizar la magnitud del problema de violencia contra las mujeres que vive esa entidad fronteriza, y citó varios casos que ejemplifican la gravedad del fenómeno.

Uno de ellos, el de su propia hermana, Lilia Alejandra García Andrade, secuestrada, violada, torturada y asesinada en febrero de 2001, sin que hasta el momento se haya encontrado al o los responsables.

“En Ciudad Juárez no estamos luchando sólo por los casos de las jóvenes que fueron asesinadas bajo un mismo patrón, sino por todas aquellas mujeres que sufren algún tipo de violencia por parte de un hombre, sin importar qué relación exista entre este hombre y esta mujer”, sostuvo.

García Andrade expresó también el rechazo de la organización a la decisión del procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca, de incorporar a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Violentos contra Mujeres a personal de la PGR que ha trabajado en los temas de la “guerra sucia” y las matanzas estudiantiles.

Precisó que el funcionario les informó de esta decisión durante una reunión de trabajo en la Cámara de Diputados, y consideró que es una burla para los familiares de las víctimas el argumento de que no existe presupuesto específico para la contratación de personal especializado de nuevo ingreso.

La activista denunció además que debido a su trabajo como asesora de la organización y de otros casos de feminicidio, está siendo víctima de hostigamiento por parte de desconocidos, que la siguieron y la amagaron con un arma cuando circulaba en su auto con sus hijos.

Por ello, pidió la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y que la PGR investigue los hechos con imparcialidad, prontitud y transparencia.

06/LG/LR

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