En junio de 2001, Romina, con 16 años de edad y siete meses de embarazo, se disparó en el abdomen. Aún consciente, fue conducida rápidamente a un hospital provincial en Rosario, Argentina. La bala había perforado sus intestinos y mostraba una terrible hemorragia. A pesar de su grave estado, el personal fue duro y acusador gritándole y llamándola asesina.
Este testimonio está incluido en el artículo Con todo el aire: crueldad en la atención del posaborto en Rosario, Argentina, escrito por Cynthia Steele y Susana Chiarotti, y que forma parte del libro Temas de Salud Reproductiva, editado por Reproductive Health Matters.
Dice el texto que una trabajadora social fue testigo del trato y la reprimenda que el personal del hospital dio a la joven. Tuvo entonces que intervenir en el asunto cuando un miembro del personal médico sugirió que la cirugía se llevara a cabo sin anestesia, como un castigo por el acto de Romina.
Las autoras señalan que ésta no era la primera vez que la trabajadora social veía el trato abusivo hacia las mujeres, por lo cual se dirigió a los activistas de derechos humanos del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (INSGENAR) a denunciar lo que había visto.
INSGENAR, en colaboración con el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), se entrevistó con Romina y varias mujeres que habían ingresado en últimas fechas a los servicios de salud reproductiva en un instituto cercano del sector público.
Las entrevistas revelaron que el acontecimiento de Romina «no era una aberración» y que el maltrato hacia las mujeres que solicitaban atención de salud reproductiva era ya un hecho común en Rosario, dice el artículo.
Y explica que el sistema de salud pública en este país se basa principalmente en prácticas jerárquicas y patriarcales que agravan las inequidades de poder entre los proveedores de salud y los usuarios.
Señala, además, que las mujeres más pobres y vulnerables son las principales usuarias de estos servicios y frecuentemente son blanco de discriminaciones, especialmente de aquellas que están respaldadas en criterios de género, clase, edad y etnia.
«A pesar de la aprobación, en el año 2002 de la Ley de Creación de un Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, las mujeres aún no tienen garantizado el acceso a la anticoncepción o a otros servicios de salud reproductiva».
El artículo señala que el aborto está criminalizado en el Código Penal de Argentina, excepto cuando se trata de proteger la vida y la salud de la mujer, si ello no puede hacerse por otros medios. Y en caso de violación o incesto de una mujer calificada con daños neurológicos.
Sin embargo, el 37 por ciento de los embarazos terminan en abortos inducidos, mientras que se estima que se lleva a cabo un aborto por cada nacimiento, apunta el texto.
Once mujeres, que hablaron en un estudio realizado por activistas de derechos humanos sobre el tratamiento relativo al aborto, describieron muchas formas de tratamiento deficiente.
«Señalaron que se les había negado analgésico o anestesia para los procedimientos quirúrgicos, incluyendo la dilatación y el curetaje, una técnica dolorosa y obsoleta para tratar las complicaciones del aborto».
De acuerdo con el texto, el Código Penal en Argentina define el aborto como un crimen contra la vida. Impone una pena de prisión de entre uno y cuatro años para las mujeres y para los proveedores, además del encarcelamiento el castigo incluye la revocación de sus licencias médicas.
El artículo revela que la perspectiva que tienen las mujeres de recibir un trato inhumano de los proveedores médicos es uno de los mayores obstáculos que enfrenta la población femenina de Argentina para recurrir a tiempo al hospital o la clínica.
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