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Dan seguridad social a trabajadoras del hogar en Coahuila

Por Sofía Noriega, corresponsal
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Autoridades del estado de Coahuila, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), y representantes del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH) firmaron el “Pacto por la Seguridad Social de las Trabajadoras del Hogar”.
 
La presidenta del CACEH, Marcelina Bautista, destacó que aunque falta la ratificación del Estado mexicano del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) –aprobado en 2011 y que da garantías laborales a las trabajadoras del hogar–, Coahuila se convierte en ejemplo a seguir para otros estados en tomar acciones a favor de los derechos de estas mujeres.
 
Bautista aclaró que dar de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a una empleada del hogar o darle el aguinaldo “no es un favor”, sino un derecho, por lo que el pacto firmado en Coahuila refleja una nueva cultura laboral para que las trabajadoras exijan sus prestaciones.
 
“Lo más importante es que los patrones asuman esto como una responsabilidad, y que no se detengan porque deben cumplir con la burocracia y la tramitología”, convocó la activista.
 
Igualmente, la directora general adjunta de Quejas del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Hilda Téllez Lino, llamó a las autoridades federales a ratificar el Convenio 189 de la OIT. 
 
La funcionaria destacó que el pacto en Coahuila es un “paso importante” y da cumplimiento al convenio en lo referente a “la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva; la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; la abolición efectiva del trabajo infantil, y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación”.
 
“Casi el 95 por ciento de las trabajadoras domésticas son mujeres, y cuando desagregamos los datos nos damos cuenta de que son migrantes, madres solteras y jefas de familia, es decir están en condiciones de desigualdad”, dijo Telléz Lino.
 
Abundó que el cambio social en este tema tiene que permear desde los hogares, ya que las familias que contratan a una persona para ayudar en las tareas domésticas deben cuestionarse si los horarios y el pago son adecuados, o si se están violando los Derechos Humanos con jornadas extenuantes de 14 horas.
 
El pacto firmado el pasado miércoles 8 de octubre aglutina a 577 patrones en la entidad que decidieron cumplir con las prestaciones de ley para sus trabajadoras del hogar.
 
En Coahuila, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), hay 54 mil trabajadoras domésticas y sólo el 3 por ciento cuenta con un esquema de seguridad social.
 
CONVENIO “ATORADO”
 
Tanto el Senado de la República como la Secretaría de Relaciones Exteriores se han culpado mutuamente de que el Convenio 189 de la OIT aún no se haya ratificado.
 
Como informó Cimacnoticias en julio pasado, el asesor de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado, José Antonio Valdivia Peña, dijo que instancias de la Cámara alta (como las comisiones de Derechos Humanos, Atención a Grupos Vulnerables y Relaciones Exteriores, además de la de Igualdad), coinciden en que hay “muchas complicaciones” para ratificar el Convenio 189 de la OIT.
 
Entre las “complicaciones”, dijo Valdivia Peña, es que en algunos casos las trabajadoras del hogar “no cuentan con acta de nacimiento” o “no saben leer y escribir”, lo que le valió una sarta de críticas de defensoras de los derechos laborales que lo acusaron de dar argumentos “sexistas y discriminatorios”, e incluso lo denunciaron ante el Conapred.
 
El asesor precisó que la SRE advirtió a las comisiones del Senado que no ratificará el Convenio 189 si antes no se realizan reformas legales en materia laboral y de seguridad social. 
 
El convenio está actualmente en revisión del Ejecutivo federal, el cual tras aprobarlo debe enviarlo al Senado para su ratificación. Luego de este trámite, el acuerdo internacional entraría en vigor un año después. El Convenio 189 de la OIT fue aprobado por los países miembros (entre ellos México) el 16 de junio de 2011.
 
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