Tras la revisión que hizo Naciones Unidas del Estado Mexicano durante el Examen Periódico Universal (EPU) sobre Derechos Humanos, no debe quedar en la oscuridad un tema nodal: la justicia militar. Sobre todo cuando cada mes 45 mil efectivos patrullan nuestro país.
De las ocho recomendaciones que le hicieron, y que tendrá que responder en junio próximo, es fundamental no olvidar la que se refiere a garantizar que todas las violaciones de derechos humanos cometidas por militares sean atendidas por tribunales civiles, salvo las situaciones específicas que se reservan a la jurisdicción militar, como son la insubordinación, deserción y traición.
Esta observación, hecha por Perú, Uruguay, Rusia y Corea, al igual que la abolición de la figura jurídica del «arraigo», así como la definición de crimen organizado tendrán que esperar la reflexión del Estado Mexicano antes de ser respondida.
La respuesta para la justicia civil en caso de violación de derechos por efectivos militares puede darle luz, 14 años después del juicio de las tres hermanas tzeltales, violadas en un retén militar en Altamirano, Chiapas, en 1994. Se trata de un caso que, si bien inició en la vía civil, fue enviado a la justicia militar, y cuyo litigio internacional ya cuenta con varias recomendaciones para que sea devuelto a la justicia civil.
Lo mismo ocurre con las indígenas me´phaa, de Guerrero, quienes continúan resistiendo los hostigamientos y asesinatos de sus familiares, en esperando justicia desde 1994: Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández. Y con Delfina Flores Aguilar y Aurelia Méndez Ramírez, indígenas de los Loxichas.
Esperemos que en el examen de conciencias que tienen que hacer las autoridades mexicanas, especialmente el Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, tenga en cuenta lo que es la impunidad para las mujeres, pues más allá de sus preocupaciones y grandes desafíos que dice le representan la protección de los derechos humanos de las mujeres, lo que se necesitan son hechos para garantizar a más de 50 millones de mexicanas una vida libre de violencia.
CONTRA DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA DE GÉNERO
De las 83 recomendaciones aceptadas por el Gobierno mexicano, 17 tienen que ver con la no discriminación hacia las mujeres, el alto a la violencia, la procuración de justicia en caso de feminicidio.
Pues más allá de que existan instancias creadas a partir de la demanda y lucha del movimiento feminista y amplio de mujeres, pocos resultados se tienen en la práctica. Como bien dijo Gómez Mont al comparecer en el EPU, la Fiscalía Especial para los delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) ha iniciado diversas investigaciones en la materia, lo que no pudo decir el Secretario fue los resultados de dichas investigaciones, porque pareciera ser que hasta el día de hoy no hay.
De ahí que los países presentes ante el examen de México presentaron 15 recomendaciones sobre el tema de violencia de género, en el sentido de instrumentar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, atender la causa del feminicidio en el país y en especial en el caso de Ciudad Juárez, hacer eficiente la procuración de justicia para las mujeres y disminuir la tasa de violencia contra las mujeres.
Además, se recomienda erradicar la prueba de embarazo como parte de los requisitos para empleo de las mujeres, así como disminuir la Muerte Materna en nuestro país.
Pese a que dentro de los 18 informes que presentó la coalición de cien organizaciones mexicanas se encuentra incluida la violación de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, entre ellos el acceso a la interrupción legal del embarazo, nada de esto fue retomado por los países que conforman el EPU.
El Gobierno de Calderón muestra en qué sentido «pone énfasis» en Ciudad Juárez para procurar justicia: designando al ex gobernador de Chihuahua, Francisco Barrio Terrazas, como embajador de México en Canadá, quien rindió protesta el 14 de enero en la comisión permanente del Congreso, con la única oposición del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Porque no hay que olvidar que fue precisamente bajo el mandato de Barrio Terrazas que la impunidad en Ciudad Juárez creció y engordó, gracias a los argumentos del ex mandatario panista de que las mujeres fueron asesinadas porque así se lo buscaron, por tener una doble vida. Tales fueron sus desafortunadas declaraciones, que por primera vez la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación por sexismo en la investigación.
Y para seguir el camino que sigan las recomendaciones aceptadas, así como las ocho en reserva, las organizaciones civiles ya preparan la estrategia. Mientras en Canadá algunas de las organizaciones de mujeres podrían estar preparando la bienvenida al embajador de Calderón.
* Periodista y feminista mexicana, coordinadora general de Comunicación e Información de la Mujer, AC (CIMAC).
09/LLH/GG
