Contar con un sistema de procuración de justicia autónomo, exige que se reforme el fuero militar para que las violaciones a Derechos Humanos (DH) cometidas por elementos castrenses contra civiles, sean juzgados en la justicia civil.
Al concluir su visita oficial a México, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Gabriela Knaul recomendó al Estado mexicano que se presente, y apruebe una iniciativa que reforme el código de justicia militar, para que las víctimas tengan un efectivo acceso a la justicia.
Después de visitar los estados de Chiapas, Nuevo León, San Luis Potosí, Yucatán y Estado de México, la relatora ofreció una conferencia de prensa para presentar sus conclusiones preliminares sobre el nivel de independencia e imparcialidad del poder judicial, jueces, ministerios públicos y abogados, el cual señaló, «aún depende de los gobiernos estatales y Federal».
Destacó que durante sus reuniones con funcionarios gubernamentales y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), le informaron que Felipe Calderón, presentaría una iniciativa ante el congreso de la Unión para reformar el fuero militar, sin embargo esta propuesta sólo planteaba reformar los delitos de tortura, desaparición forzada y violación sexual del código de justicia militar.
Ante esto, consideró que la reforma no sería suficiente, pues otras graves violaciones a DH seguirían siendo juzgadas por los tribunales castrenses, entre estos mencionó, las detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales; por lo tanto «incluir una lista de delitos sería insuficiente», sentenció.
Gabriela Knaul, compartió la postura de varios organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que recientemente emitió dos sentencias condenatorias contra el Estado mexicano, por abuso sexual contra dos mujeres indígenas a manos del ejército mexicano, en las que se exhorta al Estado mexicano a reformar el fuero militar.
La relatora mencionó que dichas sentencias, reafirman lo que la Corte señaló en noviembre de 2009, cuando emitió la sentencia por desaparición forzada contra Rosendo Radilla en la cual hace este mismo llamado, «el tema se debe discutir», señaló.
En este mismo sentido, recordó que el poder legislativo aún analiza un proyecto de reforma constitucional en materia de DH, que ayudaría al cumplimiento de recomendaciones y sentencias internacionales. «no es suficiente y tampoco es necesario para que se cumplan los mandatos internacionales», dijo.
Acerca de que si esta era una condición para que el gobierno federal y estatal acatara las resoluciones de la Corte, refirió que la reforma el artículo Primero Constitucional, pondría al mismo nivel las leyes emanadas de la constitución y aquellas que fueran parte de tratados internacionales, por lo tanto automáticamente serían obligatorias para el poder judicial.
Lamentó que el acceso a la justicia dependa de la voluntad política y de los esfuerzos que cada organismo realice, «todas las estructuras deben desempeñar sus funciones», afirmó.
Se pronunció sobre las lamentables prácticas en la procuración de justicia, mismas que afectan el trabajo de jueces y magistrados, quienes en ocasiones no pueden actuar en libertad debido al clima de violencia, las agresiones, o bien, la corrupción.
Es así que, sostuvo, el fortalecimiento de un Estado de derecho sólo será posible con un sistema de justicia sólido e independiente, por ello exhortó a que se acabe con las deficiencias estructurales que lo impiden, entre estas dijo, acabar con la intromisión del poder Ejecutivo en el sistema de justicia.
10/AG/LR/LGL
