El combate a la violencia intrafamiliar sería más efectivo si ese problema fuera competencia del ámbito civil y no del penal, consideró hoy la experta argentina Haydeé Birgin, asesora de la Prosecretaría Parlamentaria de Argentina y presidenta del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género.
Entrevistada durante una breve visita a México, Birgin explicó que en su país ese problema es del ámbito civil y relató que ella participó junto con penalistas, jueces, funcionarios públicos y la sociedad civil organizada, en la elaboración de un proyecto de ley de violencia familiar.
En 1995 se empezó a aplicar esa ley registrándose mil denuncias, mientras en 2002, ese número ascendió a seis mil. El resultado es que los juzgados respondieron a la necesidad de las mujeres quienes recuperaron su tranquilidad e incluso, se insertaron al ámbito laboral, dijo.
«Nos dimos cuenta que nos faltaba un recurso legal que pudiera poner límite al ciclo de la violencia y que permitiera de manera expedita detener al golpeador», dijo a manera de reflexión.
Abogada de profesión, Birgin señaló que mientras las pruebas en el ámbito penal dificultan el proceso, el juez de lo familiar puede actuar bajo el argumento de la presunción y tomar medidas operativas de fácil aplicación como alejar al golpeador del hogar.
Por el contrario, tipificar la violencia intrafamiliar representa un riesgo, toda vez que las cárceles están llenas de pobres, mientras que «los ricos solucionan estos problemas acudiendo al psicólogo», opinó.
Yo creo, que podremos inventar 80 mil programas y10 mil leyes, pero hasta que no logremos la condena social del golpeador o torturador que viola los derechos humanos, no se podrá erradicar la violencia doméstica en Latinoamérica.
Todos sabemos –añadió– que el aumento de las penas no disuade el delito, lo sabe cualquiera que estudie criminología, ya que de otra manera se hubiera resuelto el problema del aborto que está penalizado en toda América Latina. Por el contrario, cada vez son más las mujeres que abortan.
Explicó que este tipo de leyes han sido adoptadas rápidamente por países como Chile y El Salvador, en cambio dijo que México es el único país de la región que carece de una ley de justicia centrada en el ámbito civil y de la familia.
Birgin, consideró que la víctima debe contar con el respaldo del poder judicial e incluso en Argentina se puede hacer uso de la fuerza pública para retirar al golpeador del domicilio conyugal, lo que obliga a que el 80 por ciento de los hombres agresores de su país prefieran alejarse voluntariamente.
En el caso de la ley en el Distrito Federal, opinó que aún cuando se pueden aplicar sanciones administrativas como multas, se busca la mediación y en este caso, aseguró que en problemas como la violencia familiar este mecanismo no funciona porque se parte del supuesto de que existe igualdad entre las partes y entre golpeador y víctima no existe tal.
En cuanto a la experiencia de los albergues temporales para mujeres maltratadas que en México operan, consideró que no resuelven de raíz la problemática, mucho menos cuando existen pocos recursos para la política social como ocurre en América Latina.
Respecto al modelo de atención de la violencia intrafamiliar en el Distrito Federal, que incluye 18 sesiones de terapia para los golpeadores, Birgin dijo: «no creo que en 18 sesiones puedan solucionar un problema que tiene una estructura ancestral».
En este contexto, observó que en América Latina, la violencia intrafamiliar debe formar parte de la agenda pública y adoptar leyes como la argentina, que aunque dijo, no son la panacea, pueden poner coto a la violencia y constituir una herramienta ante la escasez de recursos que enfrentan los estados de la región.
2003/SM/MEL
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