Es momento de que el gobierno responda al Estado laico y a las necesidades de las mexicanas en derechos sexuales y reproductivos, consideró a organización Salud Integral para la Mujer (SIPAM), en el informe «Los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres en la Política de Salud del Gobierno Federal 2004».
Lo anterior, luego de que el gasto etiquetado para la salud las mujeres registró una reducción entre los ejercicios 2003 y 2004, y aunque para este año la Secretaría de Salud más recursos, en términos reales, el presupuesto etiquetado para programas de atención femenina este año se reducirá en 44 por ciento respecto a 2004.
SIPAM advierte que en medio de ciertos avances normativos y de una serie de anomalías en el ejercicio de los recursos públicos del año anterior y el polémico proceso de asignación presupuestal para 2005, seguirá promoviendo acciones en materia de derechos sexuales y reproductivos, así como la rendición de cuentas por parte de las autoridades.
LA EXPLICACIÓN DE LAS CIFRAS
Según el documento, para 2004 el gasto etiquetado para las mujeres experimentó una reducción con respecto a 2003, siendo la Secretaría de Salud (SS) una de las más afectadas, toda vez que el gasto destinado a la salud de las mujeres representó sólo 17 por ciento del gasto de esa secretaría en 2003 y siete por ciento en el proyecto 2004.
De la misma forma muestra que en el presupuesto 2005, la SS tendrá recursos por alrededor de 13 mil millones más de lo que obtuvo en 2004. No obstante, en términos reales, el presupuesto etiquetado para programas de atención femenina este año se reducirá en 44 por ciento respecto a 2004.
Así, el presupuesto 2005 sólo representa 0.45 por ciento del total del Presupuesto de Egresos de la Federación, mientras que en 2004 representó 0.80 por ciento.
Al respecto, SIPAM explica que la etiquetación de rubros muy generales impiden hacer un seguimiento detallado del presupuesto federal para las mujeres.
En este sentido, destaca que el debate entre el Ejecutivo y el Legislativo en torno al presupuesto 2005, más que un conflicto jurídico es claramente político pues quien decide sobre el presupuesto posee el instrumento más importante para gobernar al país.
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Sobre este tema, el informe destaca el caso del fraude y evasión fiscal por 30 millones de pesos realizado por Provida a un año de que seis organizaciones civiles, entre las que se encuentra SIPAM, denunciaron este desvío de recursos públicos con fines privados.
El documento muestra que a un año de la auditoría ciudadana que determinó que la organización encabezada por Serrano Limón cometió fraude y evasión fiscal en el ejercicio de 30 millones de pesos, que recibió en 2003 de la Secretaría de Salud (SS), no ha habido respuesta de ninguna autoridad.
SIPAM denuncia que el esfuerzo ciudadano para evidenciar las irregularidades cometidas por Provida; la transparencia y el acceso a la información se han quedado sin resultados.
Asimismo apunta que a pesar de que los hechos muestran una cadena de anomalías y complicidades que afectó los programas de salud del actual gobierno, a las autoridades competentes les ha llevado más de un año iniciar los proceso para fincar responsabilidades.
Otro hecho de vital importancia en este caso, es que la SS avalara el financiamiento de una organización cuyas actividades, además de contravenir la políticas públicas de salud en el país, violan los derechos sexuales y reproductivos de la población, explica.
Indica que el pasado mes de enero, entregaron dos cartas dirigidas al secretario de Salud, Julio Frenk, y al titular de la Función Pública, Eduardo Romero, para conocer el avance de los acuerdos establecidos con esas instancias cuando las organizaciones civiles mostraron a la luz pública los resultados de la auditoría ciudadana, sin embargo, no han obtenido ninguna respuesta.
DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
Un importante avance en la política federal de Salud es la inclusión de la Anticoncepción de Emergencia (AE), el condón femenino y la consejería a usuarias y usuarios de estos métodos en la Norma Oficial de los Servicios de Planificación Familiar ya que contribuirá a disminuir significativamente el número de embarazos no deseados.
El informe reconoce la postura firme de la autoridades de salud para avanzar en materia de derechos sexuales y reproductivos que logró trascender la oposición de los grupos conservadores.
No obstante advierte que el reto actual es que las mujeres tengan acceso a la AE, que se incorpore al cuadro básico de medicamentos para hacer real su gratuidad y acceso, así como la difusión e información, toda vez que prevalece el desconocimiento de este método entre las usuarias.
Sobre el tema de mortalidad materna, señala que para resolver el alto subregistro y evitar que alrededor de mil 300 mujeres mueran cada año por complicaciones del embarazo, la Secretaría de Salud emitió un acuerdo de vigilancia epidemiológica en el marco del programa Arranque Parejo en la Vida.
SIPAM indica que la falta de acceso a servicios médicos, atención oportuna y servicios de calidad son causas evitables que aún prevalecen en la muerte materna.
En materia de acceso al aborto legal cuando el embarazo es producto de violación, el documento reconoce dos acciones para lograrlo, tal es el caso de una guía de protocolos médicos; así como la incorporación del aborto en caso de violación en el modelo de atención de la violencia familiar y sexual.
2005/MP/SJ
