El comercio sexual en la ciudad de México es «un negocio muy lucrativo y organizado, excepto para las propias trabajadoras; además, es un negocio que no paga impuestos y que provoca conflictos con algunos vecinos», opinó Marta Lamas, directora del Grupo de Información y Reproducción Elegida (GIRE), quien se pronunció por retipificar el delito de lenocinio.
Ello, dijo, porque la actual tipificación de lenocinio no permite que un grupo de mujeres rente un espacio y trabaje por su cuenta, pues quien tenga el contrato puede ser consignada ante las autoridades como lenona, de tal suerte que la opción que les queda es salir a trabajar en las calles, lo que acarrea serios problemas con la autoridad, los vecinos y los «clientes».
Durante su participación en la mesa de trabajo Legislar o Regular en el segundo y último día de trabajos del foro Una Visión Integral sobre el Sexo Servicio en el Distrito Federal, consideró que la aprobación de una ley que regule el comercio sexual no solucionará del todo el problema, pero ayudará a reducir los niveles de explotación, violencia y hostigamiento que padecen quienes la ejercen.
Recordó que a diferencia de naciones como Suecia, donde los hombres que compran sexo son considerados como delincuentes, en nuestro país las mujeres son quienes reciben todo tipo de discriminación, pero nunca se toman en cuenta las causas que las orillaron a realizar esa actividad.
Más aún, se pronunció por establecer marcos de operación sexual en los que las trabajadoras puedan apropiarse de las ganancias de su trabajo, sin molestar a los vecinos y cumpliendo las obligaciones fiscales y comerciales.
Organizado por las Comisiones Unidas de Asuntos Laborales y Previsión Social y de Equidad y Género de la Asamblea de Representantes (ALDF), Lamas dejó claro que para las mujeres «trabajar aisladas significa un riesgo mortal, por lo que necesitan de arreglos colectivos que las protejan de los clientes locos, drogados y violentos que con frecuencia llegan a solicitar sus servicios».
En su oportunidad Claudia Cruz, integrante de Milenio Feminista, se pronunció porque en México se apruebe una ley para regular el comercio sexual, al recordar que ésta ayudaría a generar condiciones de seguridad para las más de dos mil sexoservidoras que hay en la capital del país, según cifras oficiales, quienes además obtienen las mínimas ganancias, ya que éstas se reparten entre quienes las explotan.
A su juicio, la normatividad debe contar con el consenso de la sociedad y, más allá de definir al comercio sexual como «bueno o malo», es urgente que se «vayan colocando en torno a esta actividad aspectos legales».
En el Distrito Federal el sexoservicio está tipificado como una falta administrativa y no como un delito. En 2004 -de acuerdo con información de la Dirección General de Justicia Cívica-, fueron remitidas 2 mil 378 trabajadoras sexuales ante juzgados cívicos, luego de ser detenidas por elementos de seguridad.
Aunque las detenciones se llevaron a cabo en las 16 delegaciones que conforman el Distrito Federal, el mayor número de arrestos ocurrió en Cuauhtémoc, donde se detectaron mil 718 aprehensiones y que es considerada la demarcación que concentra el mayor número de trabajadoras sexuales, seguida de Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.
2005/GV/GM
