Inicio Defensoras binnizá enfrentan campaña de criminalización, advierten OSC y pueblos indios

Defensoras binnizá enfrentan campaña de criminalización, advierten OSC y pueblos indios

Por la Redacción

La Red Nacional de  Defensoras de Derechos Humanos y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos manifestaron su preocupación por la seguridad e integridad de Carmen Ruiz, Isabel Jiménez y Sara Bartolo, defensoras del pueblo binnizá, en Oaxaca, quienes enfrentan una campaña de criminalización, junto con otros defensores del Istmo de Tehuantepec, por  proteger su derecho a la tierra y oponerse a proyectos nocivos para sus comunidades.  
 
Bettina Cruz, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en defensa de la Tierra y el Territorio,  entre ellos binnizá e ikoots, señala que Oaxaca es la entidad donde se registra el mayor número de defensoras agredidas  y que la campaña de criminalización y persecución contra las y los defensores ambientales del Istmo de Tehuantepec se agudizó a partir de la suspensión de los permisos administrativos para el proyecto Eólica en el sur de Juchitán.
 
En un comunicado, el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, la Red de Mujeres Activistas y Defensoras de Derechos Humanos de Oaxaca, el Pueblo Indígena Binnizá del Istmo, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México y el Centro de Análisis e Investigación Fundar, señalan que 38 por ciento de las defensoras agredidas desde 2014 defienden el derecho a la tierra y 46 por ciento viven en zonas rurales,
 
Carmen, Isabel y Sara, en riesgo
 
Carmen Ruiz, Isabel Jiménez y Sara Bartolo se oponen a  las empresas ejecutoras de los 24 parques eólicos existentes en la región,  que prometen desarrollo, empleo, mejores tarifas de energía eléctrica y obras de infraestructura social, sin que esto se traduzca en realidades.
 
Señalan que solo el uno por ciento de los recursos de inversión se queda en México para el pago de rentas y no representan beneficios para la población, pero sí para los posesionarios de las tierras y sindicatos de constructores.
 
En respuesta, mediante la campaña de difamación emprendida contra las defensoras y los opositores a estos proyectos se califica  a la población en  general y a las y los principales voceros de las organizaciones  como “extorsionadores profesionales”  y “culpables del rezago económico que vive la región”.
 
Y entre las agresiones que se cometen contra ellas y ellos están la vigilancia en sus centros de trabajo, las calumnias, insultos fuera de su domicilio, destrucción de parabrisas de sus automóviles y   amenazas.
 
Las organizaciones y  pueblos que denuncian el linchamiento mediático aclaran que no se oponen al desarrollo ni al progreso, pero exigen que se respete su autodeterminación y los derechos humanos de las comunidades indígenas.
 
Hacen también un llamado a las autoridades del Estado mexicano para que se apliquen medidas que garanticen la integridad, seguridad y libre ejercicio de la defensoría de los Derechos Humanos; se investigue y sancione a quienes incurran en actos de intimidación y/o violencia contra los pueblos.

16/ZSG/GGQ

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