La mujeres defensoras de los derechos sexuales y reproductivos padecen de una manera más cruda la discriminación al realizar su labor humanitaria, toda vez que ellas cuestionan normas socioculturales, tradiciones, percepciones y estereotipos en torno a la feminidad, apuntó la directora de Católicas por el Derecho a Decidir-México (CDD), María Consuelo Mejía.
«Son más vulnerables a agresiones y hostigamiento sexual», afirmó la también antropóloga, quien agregó que lejos de ser reconocidas, las mujeres son estigmatizadas por defender esos derechos. Lo anterior, durante la inauguración del encuentro «Defender los Derechos Humanos (DH): camino hacia un diagnóstico sobre las personas defensoras en el Distrito Federal».
María Consuelo Mejía recalcó que cada vez que las mujeres confrontan las estructuras del poder y las prácticas y costumbres que limitan el ejercicio pleno de sus derechos sexuales y reproductivos, son objeto de diversas expresiones de violencia y discriminación.
Estas condiciones y el actual contexto de violencia hacen que defender los DH sea una labor de riesgo, y que «ser mujeres defensoras sea sinónimo de agresión verbal y violencia sexual», sostuvo Mejía Piñeiros.
Para la activista, las mujeres padecen mayor hostigamiento que los hombres en su vida personal. «Son más vulnerables de sufrir discriminación y ataques en el interior de sus mismas organizaciones por la prevalencia de una cultura patriarcal, de violencia y exclusión», abundó.
María Consuelo Mejía criticó que los informes de las Comisiones de Derechos Humanos y de organizaciones de la sociedad civil no incluyan un enfoque de género, y por tanto «invisibilicen» las formas específicas en que las defensoras son agredidas, así como las condiciones de riesgo que enfrentan.
También reprochó que estos documentos partan de «una definición cerrada del rol e identidad de las y los defensores de DH», al dejar fuera a muchas mujeres que, sin ser propiamente defensoras, realizan tareas a favor de los derechos femeninos, como las parteras, las familiares de presas y presos políticos, desaparecidas y de mujeres asesinadas.
Nos hemos dado cuenta de que cuando son defensoras de los derechos reproductivos y sobre todo cuando defienden a mujeres criminalizadas por aborto o víctimas de abuso sexual, hay una carga mayor de discriminación y violencia contra ellas, mencionó.
La antropóloga puso como ejemplo que las activistas en el estado de Guanajuato que defendieron a mujeres criminalizadas por abortar recibieron mensajes amenazantes y misóginos.
«Por esta razón tampoco ha sido posible construir o contar con mecanismos para su adecuada protección», subrayó al urgir a la creación de un mecanismo de protección con enfoque de género que considere los riesgos diferenciados que enfrentan mujeres y hombres.
Mejía Piñeiros explicó que las defensoras, al igual que los defensores, son víctimas de políticas represivas y de la inseguridad en el ejercicio de su labor; aunado a ello el Estado los criminaliza a través del uso indebido de leyes para fabricarles delitos y limitar sus actividades.
La fundadora de CDD-México recordó que el año pasado la relatora especial sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos, Margaret Sekaggya, en su informe dedicado a las defensoras, dijo que México se colocó como el segundo país más peligroso con 27 casos de amenazas (de 2004 a 2009) contra mujeres activistas.
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