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Deja Fox de lado derechos humanos y acceso a la justicia

Por Miriam Ruiz

En sus primeros mil días de gobierno, el presidente Vicente Fox ha dejado pendiente la resolución de una serie de violaciones a los derechos humanos, unas viejas y otras nuevas, así como el cumplimiento del acceso a la justicia para las mujeres.

Con 400 casos de desapariciones forzadas a partir de 1985 registradas, 80 de las cuales fueron mujeres, y de 1996 a la fecha, 160 casos de tortura, el capítulo de la «guerra sucia» en México sigue abierto, registra la organización Acción de los Cristianos por la Abolición de la Tortura (ACAT).

Queda pendiente también la respuesta del presidente Vicente Fox a los resultados de las pesquisas sobre la muerte de Digna Ochoa y Plácido, que oficialmente arrojan la versión de un suicidio cometido bajo serios problemas emocionales el 19 de octubre del 2001.

El trabajo en derechos humanos de esta abogada estuvo vinculado a la defensa de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, indultados por Vicente Fox poco después del hallazgo del cuerpo de Ochoa y Plácido.

El 6 de agosto pasado, la defensora de derechos indígenas Teresa Griselda Tirado Evangelio fue asesinada con una escopeta al salir de su hogar en Huehuetla, en el norte de Puebla.

El 7 de agosto, las evidencias del homicidio se habían perdido ya porque las autoridades no hicieron un peritaje oportuno y se carecía hasta del certificado de defunción, de acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).

La maestra en ciencias políticas y asesora de la Organización Independiente Totonaca defendía a una adolescente víctima de violación y de defensa de casos de tenencia de tierra entre comuneros.

«El pecado de este régimen es la falta de arrojo», concluye Miguel Sarre, experto para la realización del primer diagnóstico sobre derechos humanos entre México y la Organización de las Naciones Unidas.

Sin haber generado el grueso de las violaciones a derechos humanos, aunque habrá algunas por las que tenga que responder, el gobierno de Vicente Fox se resiste a actuar, «empezando por el marco jurídico, por no querer cambiarlo», expone.

INJUSTICIA EN LAS CORTES

Además de los casos más brutales de violación a la dignidad de las personas, el sistema mexicano de justicia es el caldo de cultivo para la impunidad, la injusticia y desesperanza.

Los tribunales son cada vez más un lugar para evitar el acceso a la justicia a las mujeres que denuncian violencia familiar, agresiones sexuales, lesiones a niñas y niños, maltrato en las escuelas e iglesias, e incluso asesinatos de mujeres a manos de sus parejas que siguen calificándose como «crímenes pasionales».

En medio de políticas públicas que alientan a la denuncia, a esta redacción llegan constantes casos de mujeres violentadas en todos los aspectos que tras un vía crucis legal se convencen de que «mejor me hubiera quedado callada».

Miguel Sarre, director del Centro de Estudios de Derecho Público del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) observa un sistema penal «del siglo XIX, antidemocrático, donde el ministerio público invade al juez, la tortura se propicia aunque esté prohibida porque se le da valor a la confesión».

Y hace hincapié en la existencia de criterios subjetivos, como el de peligrosidad, que colocan a mujeres en situaciones muy vulnerables, que castigan a las mujeres con mayor dureza que a los hombres por cometer el mismo delito.

COOPERACIÓN CON LA ONU

Algunas organizaciones y redes civiles de defensa de derechos humanos, de manera paralela a la petición de justicia, han dado su voto de buena fe al convenio establecido el segundo día de mandato del presidente Fox, entre el Alto Comisionado de la ONU y el gobierno mexicano, para la protección humanitaria.

Después de más de dos años y medio, el 13 de agosto del año pasado quedó formalmente instalada la mesa que elaborará un primer diagnóstico.

Además de la actuación del ejecutivo, el proceso del diagnóstico –una sistematización del trabajo previo de grupos civiles e instituciones — involucra también al legislativo y al poder judicial. Las organizaciones no gubernamentales, asegura Sarre, esperan no tener que descalificar los resultados para no desperdiciar una magnífica oportunidad.

2003/MRM/RGR

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