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Demandan garantizar el derecho a la alimentación

Por Lourdes Godínez Leal

Organismos civiles defensores de derechos humanos demandaron a la LVII Legislatura federal que eleve a rango constitucional el derecho de las y los mexicanos a la alimentación y que haga una ley para garantizar el alimento para todas y todos.

En un comunicado a propósito del Día Mundial de la Alimentación, que se celebra hoy, las organizaciones exigen que el gobierno mexicano respete ese derecho, en cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que signó el 23 de junio de 1981.

Según el comunicado, la sección mexicana de la Red de Información y Acción por la Alimentación (FIAN, por sus siglas en inglés), la Red de Promotoras y Asesoras Rurales y otras organizaciones de derechos económicos, sociales y culturales enviaron una carta con esas exigencias a la Cámara de Diputados.

Asimismo, demandan el pago de salarios justos para mujeres y hombres con el fin de que puedan garantizar una alimentación sana y adecuada para sus familias.

De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la población mundial femenina es responsable de la producción de la mitad de todos los alimentos del mundo.

En México, según la FAO, 52 por ciento de las mujeres rurales vive en pobreza extrema y los ingresos familiares no alcanzan para cubrir los gastos de alimentación. Ello provoca la migración de los varones, que dejan a las mujeres la responsabilidad de mantener a sus hijos y de realizar las actividades agrícolas.

Además, en una triple circunstancia desventajosa para ellas, las ganancias obtenidas por la agricultura han bajado considerablemente como consecuencia de factores macroeconómicos externos.

Según el comunicado de las organizaciones, un estudio elaborado por la Red de Promotoras y Asesoras Rurales en 2001 sobre el Progresa, indica que los hogares rurales subsisten de los ingresos obtenidos por los inmigrantes, además del trabajo de las mujeres que elaboran artesanías o se dedican a la crianza de animales.

En Oaxaca, por ejemplo, en el año 2000 el 21.6 por ciento de los hogares tenía jefatura femenina; las mujeres campesinas jóvenes y madres solteras emigraban de sus estados para emplearse como jornaleras en campos de agroexportación o en maquiladoras, en las zonas fronterizas.

En las comunidades rurales, sigue el comunicado, las instituciones del sector social y agropecuario promueven fondos para proyectos de mujeres aunque es difícil que éstas tengan éxito con ellos pues muchas veces no son rentables.

Además, los lineamientos de las instituciones han cambiado de tal forma que, como ejemplo, el programa de Mujeres del Sector Agrario (Promusag) contempla entre sus requisitos el certificado de derechos agrarios, cuando las mujeres propietarias de tierra son muy pocas en el país.

Ante ello, la Red de Promotoras enfatiza que no basta tener programas de becas para mujeres y microcréditos que no responden a sus necesidades, y considera urgente una política integral hacia el campo que garantice autosuficiencia alimentaria y condiciones de vida digna para las mujeres y sus familias.

Entre las prioridades, señala, también deben contemplarse otras como el acceso a la salud, educación, capacitación y atención a los problemas de violencia y alcoholismo.

       
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