Un estudio realizado sobre los casos de guatemaltecas asesinadas en los últimos seis años revela que la impunidad disfrutada hasta hoy por sus autores es la principal constante en esta forma de violencia.
La investigación realizada por especialistas del Ministerio Público y del Centro de Análisis Forenses y Ciencias Aplicadas concluye que la falta de capacidad de las autoridades para contener los feminicidios y sancionar a los responsables, es el principal problema, difundió hoy Prensa Latina.
El período investigado fue de 2000 a 2006, se tomaron en cuenta 236 víctimas en el departamento de Guatemala y se determinó que la mayoría de ellas tenía entre 10 y 30 años de edad, eran amas de casas o estudiantes y fueron atacadas con saña.
Esta conclusión invalida el argumento de la policía sobre los ataques contra mujeres, según el cual las víctimas de estos hechos forman parte de pandillas juveniles o son resultado de ajustes de cuentas y rivalidades, precisa el documento.
Rodolfo Kepfer, siquiatra a cargo de la dirección del proyecto, afirmó que uno de los problemas más recurrentes fue la falta de documentación debido a la pobre investigación realizada por la policía.
Muchos peritos no entregaron nunca los informes correspondientes y son cambiados constantemente de casos, de igual manera que ocurre con los fiscales, señaló Kepfer.
Renato Durán, jefe de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, informó que elaboraron el estudio para conocer las características de las víctimas y con ello profundizar en las investigaciones de sus decesos.
Es importante saber qué pasa con las muertes de mujeres, para generar políticas de investigación y tener insumos adicionales para abordar los casos, aseguró Durán.
Según el estudio, en el incremento de estos crímenes no puede descartarse la intencionalidad de someter a la población al temor, y lo que es más, a la inhibición de la respuesta pública para la protesta social.
Guatemala es el segundo a nivel mundial con mayor índice de los llamados feminicidios, con más de dos mil 360 desde que la policía comenzó a llevar un registro en 2000.
En lo que va de este año la cifra sobrepasa ya los 450 asesinatos de mujeres en todo el territorio nacional.
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