Ocho defensores de Derechos Humanos fueron asesinados en 2010 presumiblemente por su labor, a la vez que se denunciaron 304 ataques en contra de los activistas sociales que podrían tener relación con el avance del crimen organizado y el narcotráfico en el país, según Claudia Samayoa, directora de la Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA).
UDEFEGUA registró el asesinato de ocho activistas sociales en 2010: el de los sindicalistas Pedro Antonio García, Octavio Roblero y Evelinda Ramírez; el de la socióloga Emilia Quann; el de Santos Cruz Nájera, promotor de desarrollo local y el ambientalista Samuel Rodríguez Reyes, entre otros.
En cuanto a las agresiones, Samayoa dijo a la prensa que el grupo más vulnerado fue el de las defensoras de los derechos de las mujeres, con 101 agresiones; la Fundación Sobrevivientes fue una de las más afectadas en medio de un clima de violencia en contra de las guatemaltecas, con más de 800 asesinatos.
UDEFEGUA identificó que los promotores del desarrollo local, los sindicalistas y los periodistas también fueron los más afectados; Samayoa indicó que muchos de los ataques contra defensores del desarrollo y sindicalistas están vinculados al avance del crimen organizado, que está relacionado con el poder local y cuyos líderes se ven afectados con las denuncias de corrupción que hacen los activistas.
En el caso de los periodistas, la directora de UDEFEGUA señaló que recibieron 16 denuncias pero teme que hayan sido más las agresiones que no se hicieron públicas debido a que fueron amenazados por grupos vinculados al crimen organizado.
El fenómeno que nos preocupa es que los defensores de derechos humanos estén siendo agredidos y amenazados por el crimen organizado, dijo Samayoa, al señalar que en 2010 disminuyeron estos hechos respecto al 2009, cuando fueron 322, pero que la violencia de los casos aumentó.
La defensora también enfatizó en la falta de respuesta del Estado guatemalteco para aplicar justicia; únicamente dos casos de agresiones contra activistas cometidos en 2009 verán la luz en los tribunales en enero de 2011, que son el del asesinato del líder comunitario Pedro Ramírez, de Cubulco, Baja Verapaz, y el de Paraíso Privado, que podría llegar a apertura de juicio.
Varios miembros de la finca Paraíso Privado fueron víctimas de una emboscada en agosto de 2009 y uno de sus líderes comunitarios fue asesinado; se sospecha que el responsable es un presunto narcotraficante local, Mariano Muco, con quien tuvieron conflictos debido a sus pretensiones de talar clandestinamente árboles en la región, a lo que se opusieron sus habitantes.
Samayoa señaló que en 2011 los más afectados podrían ser los defensores que investigan la corrupción, los promotores del desarrollo local, los sindicalistas y periodistas y las defensoras de los derechos de las mujeres, siguiendo el mismo patrón del 2010.
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