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Denuncian estructura de protección para pederastas de Oaxaca

Por Susana Trejo de Jesús

Existe una gran estructura de protección y seguridad en Oaxaca para los prófugos de la justicia Adán Pérez Ramírez y Hugo Constantino García, presuntos integrantes de una red de pornografía infantil que operaba en los institutos San Felipe y Miguel de Cervantes de la entidad y que tendría vínculos en España, denunciaron la periodista San Juana Martínez, José Bonilla, abogado de una de las víctimas, y la diputada perredista Claudia Cruz.

Esta aseveración, señalaron en conferencia de prensa realizada hoy, surgió por las similitudes que existen entre las denuncias de abuso sexual cometido por autoridades del Instituto Miguel de Cervantes, ubicado en la población de Villa de Etla, y en el Instituto San Felipe, en la ciudad de Oaxaca, pues el modo de operar era el mismo: narcotizaban a los niños, los ataban de pies y manos y eran abusados sexualmente, mientras eran filmados.

También es una prueba que Yolanda León Ramírez, propietaria del colegio San Felipe, viajaba dos veces al mes a España sin razón aparente, pues no posee residencia alguna en el país ni familiar a quien visitar, así como la falta de voluntad de las autoridades para resolver las demandas, mencionó José Bonilla, abogado de Leticia Valdés Martel, madre de una víctima.

Todo ello apoya el hecho de que existe una red de pornografía infantil en Oaxaca que surte a mercados específicos y goza de una total impunidad debido al tráfico de influencias existente en el Gobierno del estado, dijo el abogado.

Durante la conferencia de prensa, la periodista San Juana Martínez, que ha dado seguimiento al caso, detalló la relación de las autoridades con los inculpados: Eduardo Franco Jiménez, representante legal del Instituto San Felipe y abogado de los acusados, tiene una hija, Alma Angélica Franco Vargas, también abogada de los acusados, quien es prometida del licenciado Ricardo Ruiz Zaragoza, ex encargado de la delegación de la Procuraduría General de la Republica en el estado de Oaxaca. Eso es lo que impide avanzar en el proceso penal, dijo la periodista.

Estos hechos han ocurrido tras una denuncia penal presentada por la señora Valdés, el 23 de mayo de 2007, por el delito de abuso sexual de su hijo, en contra de Magdalena García Soto, maestra del niño; Adán Salvador Pérez Ramírez, sobrino de la dueña del Instituto San Felipe, institución educativa a la que acudía el menor, y Hugo Gabriel Constantino García, esposo de Yolanda León Ramírez, propietaria del colegio.

Sin embargo, hasta el momento sólo se ha capturado y procesado a Magdalena García Soto, mientras que los otros dos implicados han gozado de impunidad gracias a las relaciones de León Ramírez y su abogado Jorge Eduardo Franco Jiménez, quien se manifiesta amigo del gobernador Ulises Ruiz.

AMENAZAS CONTRA MADRE DE VÍCTIMA

Por su parte, Leticia Valdés Martel, madre de uno de los niños que sufrieron abuso sexual por parte Ramírez y García, informó que es objeto de amenazas de muerte desde que dio a conocer a los medios de comunicación la situación de su caso.

Acompañada también en la conferencia de prensa por la organización Católicas por el Derecho a Decidir y por Raquel Pastor, directora de Infancia Común, la señora Valdés Martell indicó que ha recibido llamadas en su teléfono celular o en el de su domicilio con mensajes como “Perra, te vas a morir”, así como amedrentamiento en su automóvil, en el cual ha sido atacada varias veces.

Sin embargo aseguró que no teme por su vida y exigió castigo para los pederastas, a quienes se les ha visto en Oaxaca y no han sido detenidos.

El pasado 18 de enero, el abogado de la señora Valdez Martell presentó una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República, por conducto de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Violentos contra las Mujeres (radicada en el expediente PGR/FEVIM/-C/004/01-08), en donde se expusieron estos hechos que podrían ser constitutivos de delitos en contra de la señora.

Entre las personas mencionadas en dicha denuncia se encuentran: Yolanda León Ramírez, directora general y dueña del Instituto San Felipe, esposa de Hugo Gabriel Constantino García, prófugo de la justicia; Jorge Eduardo Franco Jiménez, representante legal del Instituto San Felipe y abogado de los acusados; Yolanda Lidia Cuevas Aquino, agente del Ministerio Público Federal, adscrita al Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Oaxaca; Ricardo Ruiz Zaragoza, ex encargado de la Delegación de la Procuraduría General de la República en el estado de Oaxaca; Alma Angélica Franco Vargas, abogada de los acusados, hija de Jorge Eduardo Franco Jiménez y prometida de Ricardo Ruiz Zaragoza; Amado Chiñas Fuentes, Juez Tercero de Distrito en el estado de Oaxaca; Carolina Robredo Rosas; Jorge Alejandro Gómez Guerrero y María Teresa Ortiz Cordero, peritos en psicología, medicina y criminalística respectivamente, adscritos a la PGR Delegación Oaxaca; Aída Gómez Piñón, ex fiscal de Asuntos de la Mujer de la Procuraduría General de Justicia del estado de Oaxaca, Rafael Aragón Kuri, ex director del DIF en el estado de Oaxaca.

LLAMADO A LA ONU

En entrevista con Cimacnoticias, el abogado José Bonilla dijo que gracias al encuentro que tuvieron con el presidente de la Comisión Civil Internacional de Observatorio por los Derechos Humanos, Iñaki García, esperan que el caso llegue a la Organización de Naciones Unidas y que emita una recomendación para el seguimiento del caso por parte de las autoridades federales.

Sobre la posibilidad de unir el caso de la ciudad de Oaxaca con los cuatro denunciados en Villa de Etla para su manejo, aclaró que al ser estas denuncias de diferentes localidades, impiden su conjunción, sin embargo, espera que próximamente se den a conocer los otros casos a los medios de comunicación, con el objetivo de presionar a las autoridades.

Es lamentable, dijo, que sea ésta la única forma de que caminen las denuncias. E informó que hasta el momento las autoridades federales han hecho caso omiso a su llamado contra la impunidad, argumentando que esta problemática no es de su competencia.

Por su parte, Leticia Valdés hizo un llamado a Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, con la esperanza de que su voz sea escuchada para castigar a los culpables de la vejación hecha a su hijo.

Tanto el abogado como la representada esperan que la próxima semana se den los resultados de la investigación que por ahora realiza la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) con las pruebas presentadas en Oaxaca.

REFORMAS NECESARIAS

Por su parte, la diputada federal perredista Claudia Cruz dijo que, en el marco de la inminente aprobación de la reforma del sistema judicial, se planea llevar a comisiones una iniciativa de reforma que contemple la figura del pederasta, siendo ésta una persona de confianza de los tutores del menor abusado, que podría entrar en vigor durante la gestión de la XLI Legislatura.

Claudia Cruz espera que esta reforma sea aprobada tan rápido como ha sido el proceso con la reforma judicial. Esta reforma, detalló, se ha estado trabajando tras un foro con las víctimas de abusos sexuales, incluidas las pertenecientes al caso Marcial Maciel.

08/STJ/GG

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