El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la impunidad que prevalece en torno a la masacre de Barrancabermeja, Colombia, perpetrada el 16 de mayo de 1998.
Los organismos defensores de los derechos humanos insistieron a la CIDH, la cual se encuentra en su 119 periodo ordinario de sesiones en Washington, que el gobierno colombiano es el responsable de la muerte de siete personas y la detención y desaparición forzada de otras 25, una de ellas fue María Alejandra Ochoa.
Además, destacaron la falta de justicia para este caso, ya que a la fecha no se han esclarecido los hechos.
A casi seis años del suceso, ninguno de los responsables han sido condenados y encarcelados, pese a que existen pruebas que sugieren la participación de agentes de la fuerza pública y miembros de grupos paramilitares.
La masacre ocurrió cuando un grupo de aproximadamente 50 paramilitares llegó al barrio de Barrancabermeja, donde se realizaba una celebración popular en la cancha de fútbol para recaudar fondos que serían destinados a un grupo de danza infantil.
Los paramilitares obligaron a las y los asistentes a tenderse en el piso y los golpearon, a algunos de ellos subieron a los vehículos que llevaban. Además, detuvieron y secuestraron a habitantes en otros barrios cercanos a la cancha, acusándolos de apoyar la guerrilla.
A pesar de que familiares de las víctimas denunciaron los hechos ante las autoridades, los paramilitares no fueron detenidos cuando pasaron por dos bases del Ejército Nacional. Después de algunas horas aparecieron ocho cuerpos de personas que estaban desaparecidas. Hasta el momento no se conoce el paradero de los demás pobladores secuestrados.
Cabe resaltar que en octubre de 2003, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había declarado como admisible lo ocurrido en Barrancabermeja.
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