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Derechos humanos, sin espacio en agenda federal mexicana

Por Redaccion

Tras considerar que aún cuando José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) justifique a Felipe Calderón, diciendo que no tiene ni un año en el poder como para exigirle, “los hechos señalan que el panista hace a un lado la protección de los derechos humanos en nuestro país”, señala el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos).

En la práctica y la toma de decisiones de la actual administración, subraya esta ONG defensora de derechos humanos en México, “se han vinculado los conceptos de seguridad pública con seguridad de Estado, con la que el gobierno federal lesiona ampliamente las garantías individuales, con la participación del Ejército Mexicano en labores de seguridad”.

Estrategia que lesiona ampliamente las garantías individuales con la participación del Ejército Mexicano en labores de seguridad, dice.

Así, pasando por encima del Congreso “el Ejecutivo federal creó por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de mayo pasado, el Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal (CFAF), nuevo grupo de élite bajo las órdenes directas del presidente de la República y dependiente técnica, operativa y administrativamente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)”.

Varios casos relacionados con mujeres muestran las consecuencias de esta estrategia: el de la indígena nahua Ernestina Ascensión Rosario, quien murió a consecuencia de una violación multitudinaria perpetrada por militares y la masacre de la familia Esparza Parra en Sinaloa el 1º de junio, acribillados por miembros del Ejército Mexicano.

Otro, son las agresiones físicas y amenazas continuas desde el 30 de julio a Fortunato Prisciliano Sierra y su familia perpetradas por personas al servicio del 48 Batallón del Ejército, que buscan inhibir la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que Prisciliano Sierra presentó –el 21 de octubre de 2006– contra los militares que violaron a su esposa, Inés Fernández Ortega.

La Sedena pactó con la Secretaría de Seguridad Pública, sostiene Cencos, para que los 7 mil 588 militares que realicen labores policíacas, no sean tocados por la justicia civil en caso de que cometan violaciones de derechos humanos u otro tipo de delitos.

“De esta forma, los uniformados seguirán sujetos a las normas de disciplina militar que los rigen y al marco jurídico aplicable, sin que se asegure a las víctimas que recibirán justicia imparcial y expedita”.

Frente a casos pendientes de violaciones a las garantías individuales como Atenco, Oaxaca y La Parota, en Guerrero, así como el feminicidio en Ciudad de Juárez, Chihuahua, entre muchos otros, no hay ningún pronunciamiento o decisión que promueva el respeto a los derechos básicos en el marco del descontento social, concluye.

INICIATIVAS TRUNCADAS

Cencos señala en un boletín de prensa que en el sexenio de Vicente Fox se dieron avances rumbo a la construcción de una política pública en materia de derechos humanos que Felipe Calderón no respetó.

Uno de ellos fue el Acuerdo de Cooperación Técnica con la Oficina de la Alta Comisionada para las Naciones Unidas, lo que permitió se abriera una oficina para nuestro país y dar paso a la construcción de un Diagnóstico de los Derechos Humanos en México.

Este diagnóstico, dice Cencos, “abrió el diálogo entre la sociedad civil y el gobierno federal” en espacios como el Comité de Política Gubernamental y el Comité de Evaluación y Seguimiento, donde se elaboró el Programa Nacional de Derechos Humanos –que sólo arrojo un informe y un manual– y que para Felipe Calderón no ha sido una de las líneas de trabajo para mejorar en la política de derechos humanos, ni para darle continuidad.

Ejemplo de ello, “es que el Comité de Evaluación y Seguimiento desapareció y el Programa de Derechos Humanos para este sexenio se redujo a una consulta pública en la que las mesas de trabajo ya tenían un documento acordado”, señala.

Además, “muchas de las iniciativas en materia de derechos humanos han quedado truncadas, como la aplicación del Estatuto de Roma, luego de la reforma constitucional al Artículo 21 para adecuar la legislación nacional con el mecanismo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que no puede funcionar plenamente en nuestro país”.

Aún cuando el 28 de octubre de 2005 la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) depositó ante la oficina de tratados de la ONU en Nueva York el instrumento de ratificación del Estatuto de Roma que estableció la Corte Penal Internacional (CPI), adoptado el 17 de julio de 1998 –y que entró en vigor a partir del primero de enero de 2006–, “la ratificación del Estatuto de Roma por parte del gobierno de México queda incompleta, sin la aprobación de la Ley de Cooperación de la Corte Penal Internacional”.

Para Cencos, otro tema pendiente tiene que ver con el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura (MNP), aprobado “de forma unilateral” el 27 de junio de este año por el Ejecutivo, pese al trabajo de dos años de ONG en foros de consulta y cuatro seminarios

En temas de delitos del pasado, dice, “pese a que organizaciones y movimientos pedíamos una Comisión por la Verdad, la Fiscalía Especial de Delitos del Pasado (Femospp), no dio más que información filtrada, nunca se presentó el informe y finalmente no pagó a los trabajadores que sirvieron a esta tarea”.

Al respecto, Cencos resalta la importancia de que la CIDH haya emitido, el miércoles 29 de agosto de 2007, una resolución final sobre el caso del líder comunitario Rosendo Radilla desaparecido el 25 de agosto de 1974 en Atoyac de Álvarez, Guerrero, en el que incluye una serie de obligaciones para el gobierno mexicano, que de no cumplirse satisfactoriamente, tendrá que rendir cuentas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

“Radilla es uno de los 470 casos de desapariciones forzadas registrados solamente en Atoyac de Álvarez durante la guerra sucia de los años setenta. Existen 600 desaparecidos en el estado de Guerrero y más de 1200 en todo el territorio nacional durante este período”, dice.

PERIODISTAS, DESAPARICIONES

Cencos hace un llamado a la atención de un tema aún pendiente: los asesinatos y desapariciones de periodistas así como agresiones a medios de comunicación, aun cuando “diversas organizaciones hemos denunciado la necesidad de que el Estado genere las condiciones necesarias para el ejercicio de la libertad de expresión”.

En este sentido, apunta, el relator para la libertad de expresión de la CIDH, Ignacio Álvarez, alertó sobre un mecanismo de censura sutil que en América Latina está ganando terreno y dibujando un paisaje de creciente intolerancia de los gobiernos hacia los medios críticos e independientes y hacia la información que perciben como negativa: el uso del erario para castigar o premiar a empresas periodísticas mediante la asignación arbitraria de cuotas de publicidad oficial

Al mismo tiempo, las indagaciones sobre las agresiones a periodistas a cargo de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, no arrojan ningún resultado quedando en pendiente el castigo a los responsables, señala.

La lista de temas pendientes es larga, reitera Cencos, pero “lo más claro es la ausencia de visión de la administración calderonista por los derechos humanos y, peor aún, no poner la visión de Estado de Derecho que hace que pase por encima de las garantías individual y colectivas” de la población mexicana.

07/CV

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