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Desaparición forzada, delito de lesa humanidad

Por la Redacción

Con una activa participación de la Argentina, ayer se aprobó en la sede de las Naciones Unidas (ONU) de Ginebra, Suiza, un proyecto de Convención para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas que considera a ese delito un crimen de lesa humanidad de naturaleza imprescriptible.

El nuevo instrumento internacional también reconoce el derecho de las víctimas a la justicia y a la reparación, y recuerda el derecho a conocer la verdad ante esta violación de los derechos humanos, además de establecer la obligación de incriminar las desapariciones forzadas como delito autónomo, según datos de la agencia Red Informativa de Mujeres Argentinas (RIMA).

“Es un paso gigantesco en la lucha contra la impunidad que se recibió con gran emoción”, señaló al periódico argentino La Nación Rodolfo Mattarollo, subsecretario de Derechos Humanos y jefe de la delegación argentina, en comunicación telefónica desde Ginebra.

“Nuestro país, que procura exhibir ante la ONU una fuerte política de defensa de los derechos humanos, fue el vocero del tema dentro del grupo integrado por los países de América latina y el Caribe, y tuvo un papel importante en los aspectos jurídicos, políticos y diplomáticos del proyecto”, afirmó.

Entre otros aportes, un artículo redactado por la Argentina y Uruguay incorporado al proyecto de Convención previene y sanciona penalmente la apropiación de niños sometidos a desaparición forzada y confirma el principio de restitución a la familia de origen.

MECANISMO NOVEDOSO

El proyecto aprobado ayer, considerado un avance en el plano internacional, establece también un mecanismo novedoso de acciones urgentes para la búsqueda de personas desaparecidas, mismo que la delegación argentina llamó habeas corpus internacional. Esta función estrictamente humanitaria es una de las principales atribuciones del Comité sobre la Desaparición Forzada previstas por este nuevo instrumento internacional.

Otra innovación consiste en un procedimiento por medio del cual, si el Comité recibe información sobre prácticas generalizadas de desapariciones forzadas en un Estado, puede señalar la cuestión urgentemente a la Asamblea General de la ONU por intermedio de su secretario general.

El paso siguiente será en marzo próximo, cuando la iniciativa sea abordada ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que, de aprobarla, la elevará a la Asamblea General, según explicó Mattarollo.

05/YT

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