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Desigualdades de género: avances y retrocesos

Por Paloma Lafuente

Pese a los avances producidos en la posición que ocupan la mujeres de todo el mundo y a un cierto cambio en el fortalecimiento del enfoque de género en las políticas públicas, nos encontramos inmersos en un sistema que continúa manteniendo y reproduciendo las desigualdades de género.

Este sistema se basa en el mayor o menor acceso al poder y toma de decisiones que se reflejan en la medida en que mujeres y hombres debemos poder optar en igualdad de oportunidades tanto al mundo laboral como al sector económico y productivo.

Las desigualdades de género se potencian en contextos donde las diferencias sociales son elevadas, pero también nacen en sociedades mucho más avanzadas socialmente como las europeas.

Pasos adelante, como la aparición de nuevas actoras de la sociedad civil y logros en las leyes, conviven con retrocesos con respecto al aumento de los casos de violencia contra las mujeres, precisamente cuantas mayores cotas de poder son logradas y mayores espacios públicos ocupados.

Las desigualdades que afectan a las mujeres se visibilizan en el ámbito social, a través de procesos de marginación y exclusión, en el plano político, con la desigual participación en la toma de decisiones y, en el ámbito económico, definiendo diferencias de ingresos y de acceso al sistema económico, principalmente.

Durante el último año hemos asistido a la puesta en marcha de distintas campañas tanto nacionales, como especialmente internacionales, que persiguen atajar una de las principales consecuencias de las desigualdades de género: la violencia contra las mujeres.

Este es el caso de la campaña lanzada por el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, para combatir la violencia hacia las mujeres. Dicho paso adelante, junto con otros esfuerzos por parte de gobiernos cada día más sensibilizados con el problema de la violencia de género, no debe confundirnos con la realidad de las cifras y de los indicadores, que hablan del modesto avance en la posición de las mujeres, lejos de convertir la igualdad formal en igualdad real.

Paralelamente, se han producido progresos en el cuidado que de la mujer hacen los medios de comunicación en España. Por motivos más o menos oportunistas, el Gobierno español, junto con las principales cadenas de televisión públicas y privadas, se comprometieron a crear la figura de Defensor de la Igualdad y a involucrarse activamente en la adecuada y justa construcción de identidades de género con la difusión de imágenes positivas sobre las mujeres.

Como vemos, se van logrando avances legislativos en la búsqueda de la igualdad entre géneros pero, al mismo tiempo, seguimos asistiendo a ciertos retrocesos en cuanto a la escasa protección y desamparo de las mujeres ante la ley.

Esta situación la evidencia la violenta campaña de insultos y acusaciones graves que sectores ultraconservadores llevaron a cabo en contra de clínicas abortivas en España, demostrando cómo un derecho reconocido en la Constitución, después de años de lucha de las mujeres, es tirado por la borda en el momento en que tanto médicos, clínicas, como las propias mujeres –que estando dentro de los supuestos estipulados por la ley de interrumpir su embarazo– ocupan el banquillo de los acusados.

Según la profesora Nieves Sanz: “La mujer como individuo puede sufrir cualquier tipo de acción violenta o no, y ser víctima de un delito contra las personas al igual que el hombre, pero ella es también víctima de una serie de delitos por su condición de mujer”.

Es así, dice Sanz, víctima y autora según el Código Penal, ya que el aborto es un delito siempre que no respete los supuestos de la ley, una ley que en ocasiones es injusta y que afecta a las mujeres más pobres y con menos recursos.

Sanz es autora del texto “La mujer y su libertad sexual: Tráfico de personas y prostitución”, incluido en el libro “La igualdad como compromiso”, publicado por el Centro de Estudios de la Mujer. Universidad de Salamanca.

Este es el caso, por ejemplo, de Nicaragua, donde nueve mujeres pertenecientes al movimiento feminista, e integrantes de la Red de Mujeres contra la Violencia, eran denunciadas por unos hechos supuestamente delictivos ocurridos en 2003 en apoyo de la aplicación del aborto terapéutico para salvar la vida de una niña de nueve años que había sido violada.

Tres años después y, con la victoria del sandinismo en este país, se penalizaba una ley a favor de la interrupción asistida del embarazo, que era legal ya desde el Código Penal de 1893, cuando existía peligro para la vida de la madre (Artículo 165 del Código Penal de Nicaragua). Por estas razones, luchadoras de los derechos de las mujeres han sido y están siendo perseguidas y acusadas, por defender el cambio de una ley que viola el derecho a la vida y a la salud de las mujeres.

En este escenario conviven simultáneamente, los avances gubernamentales que se producen en ciertos aspectos de las políticas públicas, cada día más orientados a transversalizar las cuestiones de género en las agendas de los Estados y las instituciones, junto con la permisividad de las leyes que perjudican a las mujeres. A medida que unas llegan y se asientan con éxito en la sociedad provocando avances indudables, las otras aterrizan de golpe sin mirar quién está detrás, a quienes perjudica y de qué manera lo hacen.

Si tenemos en cuenta que la pobreza afecta más a las mujeres que los hombres, siendo más de mil millones de personas en todo el mundo, en su mayoría mujeres, las que viven actualmente en condiciones inaceptables de pobreza, principalmente en los países en desarrollo (4ª Conferencia de la Mujer, Declaración de Beijing. China, 1995, Artículo 47) y que desigualdades en el empleo y en el acceso de las mujeres a sectores económicos, políticos y espacios de decisión son marcadamente desiguales (las mujeres realizan dos tercios del trabajo mundial y poseen menos del 1 por ciento del total de los bienes mundiales), podremos concluir que las mujeres están expuestas, en mayor medida, a contratiempos y situaciones de riesgo que las hace más vulnerables.

Pero no es tiempo de derrotas, ya que durante este año también hemos sido testigos de historias victoriosas de mujeres que han roto con los roles sociales que por tradición y costumbres les condicionaban a una vida marcada por las normas y creencias de sus comunidades.

Este es el caso de muchas mujeres líderes comunales de sus regiones y países como Eufrosina Cruz, indígena mexicana que ha encabezado la lucha por los derechos de participación política de las mujeres de su comunidad, desafiando así los poderes políticos de su país. Lamentablemente algunas se quedaron en el camino, como la incansable Benazir Butto, asesinada por defender la democracia y las libertades políticas en Paquistán.

Ambos acontecimientos demuestran los pasos adelante que se han producido, si tomamos en cuenta los bajos niveles de participación política de las mujeres con respecto a los hombres (medida a través de la variable del IPG o Índice de Potenciación de Género).

El número de escaños ocupados por mujeres se sitúa en una considerable desventaja en la gran mayoría de países africanos y algunos latinoamericanos, mientras que en los europeos las cifras se incrementan, pero lejos todavía de la igualdad con respecto a los varones. (Guatemala cuenta con 8.2 por ciento de escaños representados por mujeres, Nigeria 5.8 por ciento, España 30.5 por ciento), según datos del Informe del Desarrollo Humano del PNUD: 2006.

Como vemos, la desigualad política repercute directamente en las mujeres, aún más si estas son pobres y por ello no tienen acceso a los espacios de decisión. Pero también, las mujeres son más propensas a padecer desigualdades económicas.

Algunos estudiosos como Amartya Sen, definen la desigualdad entre géneros y la consiguiente pobreza de las mujeres con el concepto de “posición de ruptura” según el cuál una ruptura, por ejemplo, en el núcleo familiar o en la pareja deja a las mujeres con menores capacidades, experiencia y conexiones en el mercado laboral y también más limitadas en tiempo y autonomía.

La vulnerabilidad parte del contexto social y cultural de las mujeres. Hasta hace poco tiempo la participación en los espacios públicos, el acceso al trabajo remunerado, el acceso a la educación y el derecho al voto condicionaban la vida de las mujeres y les provocaban un destino de dependencia y subordinación hacia las estructuras masculinas dominantes.

Años después, estas estructuras han experimentado avances pero todavía están lejos de convertirse en cotidianas puesto que la vulneración va en aumento. Según la Unesco, el 70 por ciento de la comida consumida en África la producen las mujeres al igual que en Asia que son responsables del 60 por ciento, sin embargo, este trabajo se subestima no formando parte de las estadísticas que delimitan el PNB de cada uno de los países.

En cuestión de igualdad se podría decir que hemos avanzado formalmente. El espacio público, antaño ocupado por los hombres, está protagonizado cada día por más mujeres. Un paso adelante. Sin embargo, en la práctica, el mundo real nos obliga a la reflexión, sobre todo cuando el ritmo de la violencia acampa en lo cotidiano.

08/PL/GG

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