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Desinterés total de 5 estados para declarar AVG

Por Anaiz Zamora Márquez

Las cinco solicitudes de declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) que el gobierno federal mantiene en espera evidencian que lejos del discurso oficial, no cuenta con una política pública específica para prevenir, sancionar y atender la violencia contra las mujeres.
 
Representantes de grupos civiles de los estados de Guanajuato, Michoacán y Baja California –entidades donde además de Colima y Morelos se ha pedido que se declare la AVG sin éxito– se reunieron en esta capital, para exigir al gobierno federal deje de poner en segundo plano la erradicación de la violencia de género.  
 
Lo anterior al cumplirse un año de que las organizaciones decidieron poner a prueba el nuevo Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) –promulgado en noviembre de 2013–, y según el cual la AVG sería más factible de ser declarada.
 
Sin embargo, hasta ahora no se ha logrado un compromiso real de los gobiernos estatales y se ha evidenciado la complicidad del Ejecutivo federal, para “invisibilizar” la violencia contra las mujeres, acusaron activistas. 
 
En conferencia de prensa hoy en el Museo de la Mujer, Verónica Cruz Sánchez, directora del Centro Las Libres, recordó que el pasado viernes 20 de marzo se cumplió un año de que se solicitara la AVG para Guanajuato, sin que hasta la fecha se haya decretado “cuando es claro que el gobierno guanajuatense no acató las recomendaciones que le fueron realizadas a raíz de la solicitud”.  
 
En julio de 2014, luego de que un Grupo de Trabajo realizara una investigación por violencia feminicida en ese estado, se emitieron 13 recomendaciones que el gobierno local debía cumplir a más tardar en seis meses, pero tal plazo se cumplió sin resultados el pasado 10 de enero. 
 
De acuerdo con el Reglamento de la LGAMVLV, el Grupo de Trabajo debía realizar una evaluación del cumplimiento de las observaciones para determinar si se declaraba o no la AVG; no obstante sigue pendiente la evaluación del informe que entregó el gobierno de Guanajuato el pasado 15 de enero.
 
“La realidad se impone contra lo que el gobierno supuestamente realizó para acatar las recomendaciones”, dijo Verónica Cruz. Del 20 de marzo de 2014 al 20 de marzo de 2015 (periodo que ha transcurrido desde que se presentó la solicitud para Guanajuato) se contabilizan 70 casos de feminicidio.  
 
De acuerdo con Las Libres, en 2013 fueron asesinadas 73 guanajuatenses, la cifra de 2014 es de 67, y en lo que va de 2015 se registran 15 casos.
 
Ante estos datos, Cruz dijo que “si somos serias con la Ley (General de Acceso) lo que toca es declarar la AVG”. Para la activista, el hecho de que a un año de la solicitud el procedimiento esté detenido, deja “precedentes muy serios” para el resto de las entidades.
 
El estado que guardan las cinco solicitudes que se han presentado hasta ahora –a decir de Cruz– “desnuda el hecho de que en el país, ni el gobierno federal ni ningún gobierno estatal tiene lo que hace 20 años debieron haber creado: una política de género en materia de prevención atención, sanción y atención de la violencia contra las mujeres”.
 
En ello coincidió Circe López, directora de Humanas sin Violencia –organización que en diciembre pasado presentó una solicitud AVG en Michoacán–, quien señaló que la atención mediática que rodea a la entidad se ha centrado en el crimen organizado, y se ha dejado en segundo plano la violencia que enfrentan las michoacanas, que en lo que va del año cobró la vida de 20 mujeres.
 
Lamentó que a dos meses de distancia de que se conformara el Grupo de Trabajo que investigaría la violencia feminicida en la entidad (16 de enero), no haya avances en los resultados de la indagatoria y que tanto el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), como la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) –de la Secretaría de Gobernación (Segob)–, “sean cómplices de ese silencio”, pues durante ese tiempo han visitado la entidad sin pronunciarse al respecto.
 
Lorena Cruz Sánchez –presidenta del Inmujeres– acudió en febrero pasado a la entidad para la firma de un Convenio de Colaboración, y en marzo estuvo presente en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, mientras que Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Segob, ha visitado el estado en dos ocasiones. 
 
Para la activista, un punto de especial preocupación es que ante el proceso electoral que enfrentará Michoacán, la solicitud de AVG y las recomendaciones que en su momento se emitan queden relegadas a un tema de menor importancia, pues hasta la fecha ningún partido político se ha pronunciado al respecto.
 
En tanto, Nancy Bonilla, integrante de la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos, y Liliana Sevilla, directora de la Asociación Fuerza Ciudadana de Baja California, lamentaron que las autoridades de la entidad no reconozcan la violencia de género que existe en la localidad, y se esté tergiversando la información que se le da a la ciudadanía.
 
La semana pasada el gobernador de BC, Francisco Vega, señaló que en el estado no hay una AVG y que los asesinatos de mujeres se encuentran en el análisis de las autoridades  dentro de una “alarma de asesinatos”.
 
Ambas activistas dijeron que darán el “beneficio de la duda” al gobierno federal sobre la forma en que investigará la violencia de género, y que esperan que a más tardar el próximo 18 de abril estén listas las recomendaciones.
 
Es de mencionar que Liliana Sevilla fue destituida de su cargo el pasado 3 de marzo como directora del Instituto Municipal de la Mujer en Tijuana, luego de que hiciera comentarios discriminatorios contra las mujeres indígenas en redes sociales.
 
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