Activistas y habitantes del municipio de Barillas, en el departamento guatemalteco de Huehuetenango ?límitrofe con México?, exigieron el fin del estado de sitio en la localidad decretado por el presidente Otto Pérez, y denunciaron una ola de represión contra quienes se oponen a la construcción de una hidroeléctrica en la zona.
Una mujer que se identificó como doña Aurora alertó vía telefónica que varias comunidades de Barillas han sido cateadas por elementos del ejército y la policía. «Estoy escondida, pasando hambre y muy preocupada», dijo.
Habitantes de ese municipio indígena explicaron que la presencia del ejército les recuerda «la represión» que sufrieron en los años 80.
«Los militares mataron a nuestros padres; (ahora) estamos viviendo mucha tristeza y terror, principalmente las mujeres con sus hijas e hijos. Por favor acaben con el estado de sitio», demandó doña Aurora, quien explicó que abandonó su casa ante la persecución de las fuerzas de seguridad.
El presidente guatemalteco Otto Pérez decretó el estado de sitio en Barillas hace seis días, tras violentos disturbios que dejaron al menos un muerto y tres soldados heridos el pasado 2 de mayo.
Ese día, Andrés Francisco Miguel, Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé fueron emboscados por presuntos guardias de seguridad de la empresa constructora Hidro Santa Cruz. El primero de ellos falleció y los otros dos fueron gravemente heridos.
La agresión provocó una ola de protestas en las que participaron más de cinco mil personas. La manifestación derivó en ataques a edificios y personal uniformado.
Luego de que entró en vigor el estado de sitio se reportó la detención de 12 personas, entre ellas, Carmelina López Miranda, de 43 años de edad, y Esperanza Herrera Serrano, de 74. Se desconoce el estado en el que se encuentran las y los detenidos.
Habitantes de Barillas dijeron que temen en especial por ambas mujeres, ya que según reportes periodísticos fueron capturadas al no encontrar en sus domicilios a sus respectivos esposos.
ZONA DE CONFLICTO
Desde hace tres años en Barillas hay inconformidad vecinal por la construcción de una hidroeléctrica en un área utilizada tradicionalmente por las y los indígenas como lugar de recreación y centro ceremonial.
Otra de las consecuencias de esa obra es la limitación del uso doméstico y agrícola del agua, según se ha denunciado.
En una consulta comunitaria el pasado 13 de abril, 298 pueblos ?de un total de 305 que integran el municipio de Barillas? ratificaron su rechazo a la hidroeléctrica.
En diversas declaraciones el general retirado Otto Pérez ha señalado que con el estado de sitio «se recupera la gobernabilidad», y ha asegurado que la construcción de hidroeléctricas y minas representa «el desarrollo» para Guatemala, por lo que su gobierno apoya tales obras.
TEMOR
Al explicar que las y los habitantes de Barillas están huyendo a la montaña ?tal y como ocurrió durante la guerra civil en los años 80?, doña Aurora indicó con la voz entrecortada: «Nosotros somos gente honrada, exigimos que sean esclarecidos los hechos violentos, que se acabe con la persecución en las comunidades».
Daniel Pascual, representante de la organización indígena Waquij K?ej, expresó que la militarización en determinados municipios de Guatemala forma parte de un plan para dar vía libre a empresas mineras o hidroeléctricas, e ignorar las consultas comunitarias que rechazan ese tipo de proyectos.
En una carta abierta al presidente Pérez, suscrita por más de 200 activistas, académicos, artistas y defensores de Derechos Humanos, se advierte que los hechos en Barillas son similares a los ocurridos en Livingston (departamento de Izabal), en 2008; San Juan Sacatepéquez (Suchitepéquez), en 2009; en Polochic (Alta Verapaz), en 2011, y en Cunén (Quiché), en 2012, donde también se suspendieron las garantías individuales de la población.
La misiva fue calificada como una alerta humanitaria, la cual también será entregada a los tres poderes del Estado, embajadas y organismos de cooperación.
Las y los firmantes de la carta afirmaron que hay una tendencia por parte de las autoridades y medios de comunicación de calificar de «terroristas», «agentes del narcotráfico» u «opositores al desarrollo», a quienes se oponen a las empresas que destruyen la naturaleza.
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