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Difícil medir impacto maquiladoras en salud pública

Por Esther de la Rosa

Todavía resulta muy difícil relacionar las actividades industriales de las maquiladoras con los graves trastornos de la salud que denuncian sufrir algunas de las personas que habitan cerca de las plantas, reconoció Antonio Azuela, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Azuela declaró lo anterior durante la presentación del libro “El medio ambiente y la maquila en México: un problema ineludible,” publicado por la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), y que reúne seis trabajos que abordan los efectos de la interacción entre la industria maquiladora y el medio ambiente.

“Hablamos de riesgos, no de impactos”, señaló, ya que “la industria utiliza cada vez más sustancias que no conocemos los suficiente”, y que en el caso de las maquilas, es complicado establecer vínculos entre el uso de dichas sustancias y los efectos en la salud pública.

Claudia Schatan, jefa de la Unidad de Desarrollo Industrial de la CEPAL y una de las coordinadoras del libro, aseguró que se ha avanzado para solucionar problemas medioambientales en la frontera norte de México, donde se concentran las tres cuartas partes de las maquilas del país.

Destacó por ejemplo, que el acceso al agua potable en la zona aumentó del 88 por ciento al 93 por ciento en cinco años.

Sin embargo, Schatan observa graves consecuencias medioambientales sobre el agua, de gran escasez en estas zonas, y en el uso confinamiento inadecuado de los desechos tóxicos, que provocan que éstos se filtren al agua o al suelo, de manera “que es difícil ubicar al culpable, así como encontrar una solución porque es complicada o no existe”.

Sobre estas consecuencias y la dificultad de encontrar responsables, Cimacnoticias reportó, en junio de este año, el caso de los trastornos inusuales de la salud que denunciaron las comunidades de Tlaxcala y Puebla, cercanas al río Atoyac, destino de los residuos de las maquiladoras de la zona.

Además de los daños causados en el entorno, en noviembre de 2002, la Secretaría de Salud observó que en cinco comunidades aledañas al río, la prevalencia de leucemia era 8.54 más alta que la media nacional. Por otro lado, una investigación interinstitucional, identificó trastornos sanguíneos en 6 personas, que podían desembocar incluso en el coma.

Aunque las autoridades hicieron caso omiso a estas denuncias relacionadas con la exposición a sustancias químicas emanadas de las fábricas, el caso será llevado al Tribunal Latinoamericano del Agua que tendrá lugar en marzo del año próximo y que recibe los casos sobre presuntos daños al recurso hídrico en el continente.

Y aunque los afectados para ser escuchados, han tenido que recurrir a instancias regionales, para el economista Azuela, a las autoridades locales le corresponde negociar la ordenación territorial de las industrias, “quién tienen que recibir las aguas de quién”, con el fin de proteger a los sectores con menos ingresos.

A pesar de las dificultades, la publicación señala que de las trescientas empresas ensambladoras encuestadas, un 70 por ciento tienen una política ambiental, aunque esto puede ser letra muerta en las plantas. Aún así, se constata mayor respeto a las normas, mencionó Jorge Carrillo, investigador del Colegio de la Frontera Norte y también coordinador del libro.

En el caso de las maquiladoras de productos electrónicos, consideradas las más contaminantes, el 54 por ciento de las 200 empresas encuestadas para la investigación no contaba con una política ambiental que respete las condiciones ambientales locales.

Pero para Carrillo, este porcentaje no mide el tamaño de las empresas o el carácter de las leyes que no se cumplen, por lo que exige una lectura cuidadosa.

05/ER/MR

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