La directora del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG), María de los Ángeles Corte Ríos, ejerce acoso laboral y violenta los derechos del personal que ahí trabaja, además de que estaría incurriendo en irregularidades administrativas, acusaron ex investigadoras de la instancia dependiente de la Cámara de Diputados.
En una queja presentada ante la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados –cuya copia tiene Cimacnoticias–, ex trabajadoras y ex trabajadores del Centro de Estudios demandaron que se sancione a Corte Ríos en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos por «el incumplimiento de los objetivos del CEAMEG, así como la posible mala administración de recursos públicos, tanto financieros como humanos, que le han sido asignados».
Asimismo, se acusó a la funcionaria de violar la normatividad administrativa que rige a la Cámara de Diputados, «en lo que se refiere al acoso laboral y violencia que ejerce contra el personal» del CEAMEG.
El documento de cinco cuartillas fue entregado este miércoles a la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados. En la queja se exponen 22 puntos en los que se argumentan las presuntas violaciones a los derechos laborales y las irregularidades administrativas cometidas por María de los Ángeles Corte Ríos.
La carta está firmada por las y los investigadores Claudia Patricia Tanes Sáyago, Cinthya Galicia Mendoza, Jacobo Contreras Obando, Leticia Cerda González, María de Lourdes García Acevedo, Pedro Alberto Sigala Arriaga, María Dolores Rodríguez Huacuz y Francisco Téllez Camacho.
«La Maestra María de los Ángeles Corte Ríos, quien evadiendo las normas administrativas que rigen a la Cámara de Diputados nos acosa laboralmente, nos ha despedido u obligado a presentar nuestra renuncia, todo esto con lujo de violencia y tratando de degradarnos y humillarnos de todas las formas posibles, hasta ahora en un contexto de absoluta impunidad», afirmaron.
Las y los denunciantes detallaron que es tal el acoso que la directora del CEAMEG «hurga en cosas personales, incluso revisando la basura, está al tanto de las llamadas que se realizan, los documentos que se imprimen, fotocopias que se hacen, manda a seguir hasta el sanitario, fotografiar y videograbar al personal».
Además del supuesto maltrato sicológico cometido por Corte Ríos al difundir «rumores» para acabar con la «reputación y autoestima» del personal, las y los firmantes de la queja detallaron que del 1 de julio de 2007 a la fecha al menos 41 personas se separaron de su cargo en el CEAMEG debido a despidos, fueron obligadas a renunciar o presentaron su renuncia «por el contexto de violencia que se vive en el Centro».
«La directora general se niega a publicar documentos o utilizar productos, incluso ya impresos, cuando en ellos se incluye algún texto o son producto del trabajo de quien es víctima de acoso, tal es el caso de la revista número 7 de la serie ‘Legislar para la Igualdad’, y del ‘Sistema de Control de Correspondencia’, entre otros, que fueron pagados con recursos públicos, pero no usó ni distribuyó, lo que puede constituir un probable perjuicio patrimonial contra la Cámara de Diputados», añadieron.
Entre el cúmulo de señalamientos, el personal despedido o que fue obligado a renunciar advirtió que Corte Ríos incumple con la normatividad en la asignación de puestos de acuerdo con los perfiles requeridos.
De las 21 personas que ahora laboran en el CEAMEG, detallaron, el «analista» Jesús Gutiérrez Hernández realiza funciones de chofer personal y de la familia de la directora, y «tiene permisos indeterminados para ausentarse». Otro caso, mencionaron, es el de Eduardo Ortiz Caro, «quien en la plantilla aparece como asistente», pero «no se ha presentado a laborar».
Las y los ex trabajadores solicitaron a la Contraloría Interna, la Auditoría Superior de la Federación, y a las diputadas ydiputados federales –además de las sanciones correspondientes contra Corte Ríos– que protejan y garanticen la subsistencia del CEAMEG como un «espacio para la consolidación de la igualdad entre mujeres y hombres y la inclusión de la perspectiva de género en la legislación nacional».
Demandaron que se tomen medidas urgentes para terminar con «el acoso laboral del que son víctimas sus integrantes y la violación a la leyes administrativas que rigen la Cámara de Diputados».
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