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Documenta AI violencia sexual contra defensoras de DH nicaragüenses

Por la Redacción
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El informe “Sembrando el terror: de la letalidad a la persecución en Nicaragua”, publicado hoy por la organización internacional de Derechos Humanos (DH), Amnistía Internacional documentó actos de violencia sexual contra defensoras de DH, activistas y lideresas que han sido detenidas de manera arbitraria por la policía o grupos paramilitares afines al gobierno nicaragüense.

En su informe, la organización explicó que los agentes estatales o parapoliciales de Nicaragua han infligido actos de violencia sexual en las detenciones arbitrarias en contra de mujeres como un método de “castigo e investigación” para obtener información sobre la organización de las protestas, lo cual dijo es una grave violación a sus DH y un “crimen de derecho internacional”.

Durante las detenciones, dice el informe, las mujeres son incomunicadas con sus familias, no son presentadas en los plazos legales ante las autoridades ni conocen el por qué fueron detenidas, además se les niega el acceso a una defensa adecuada, ya que en la mayoría de los casos –destacó- las mujeres no tuvieron acceso a sus abogados o representantes antes de la primera audiencia.

Amnistía Internacional documentó 12 casos de tortura, entre junio y julio de 2018, por parte de elementos de la Policía Nacional o parapoliciales. En todos los casos, concluyó, el objetivo de las autoridades era generar “dolor y sufrimientos en las personas para que éstas dieran información falsa.

Dos de los casos documentados por la organización destacan el de una joven de 19 años, originaria de la Cuidad de Managua, quien fue recluida en la cárcel “EL Chipote”, golpeada y tortura sexualmente por un civil, así como el caso de 5 mujeres estudiantes, quienes fueron privadas de su libertad durante una semana y golpeadas de manera violenta, lo que originó que una de ella sufriera un aborto espontáneo.

En suma, explicó AI que la policía acosa y niega información a las familias de estas mujeres bajo argumentos sexistas, por lo que la organización recordó al gobierno de Nicaragua que debe respetar los compromisos internacionales de prevenir, investigar y sancionar los actos de violencia contra las mujeres en forma “seria y diligente”, dijo.

Agregó que ante la falta de investigación efectiva de las violaciones a DH, la impunidad instalada y la falta de confianza en las autoridades, las activistas, lideresas y defensoras de DH se han visto obligadas a desplazarse y buscar refugio en otros países, sin embargo a veces los permisos sólo las contemplan a ellas y no a toda su familia o corren el riesgo de ser detenidas en el aeropuerto.

AI mostró su indignación porque el gobierno de Nicaragua continúa negando las violaciones a los DH de la población nicaragüense, y exigió que aplique y dé respuesta a las diversas recomendaciones que organismos internacionales de DH, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) le han dirigido.

De la misma forma pidió que se aseguren condiciones de trabajo para el Mecanismo de Seguimiento sobre la Situación de Nicaragua de la CIDH (MENESI), que se ponga fin a los grupos parapoliciales y a la estrategia de represión, así como la liberación de manera inmediata de las defensoras de DH, activistas y otras manifestantes. 

Algunas de las mujeres defensoras que han denunciado públicamente haber sido víctimas de estos actos son la abogada feminista, Azahálea Solís, y asesora de la Coordinadora Universitaria para la Democracia y la Justicia (CUDJ), Mónica López Baltodano, Directora Ejecutiva del Movimiento de Mujeres “María Elena Cuadra, Sandra Ramos, y directora del Instituto de Liderazgo de las Segovias, Haydee Castillo. Todas son beneficiarias de medidas cautelares otorgadas por la CIDH.

Cabe recordar que hasta el momento siguen encarceladas 11 defensoras de DH, quienes fueron detenidas arbitrariamente, hace dos días, por la Policía Nacional tras protestar por la liberación de las y los presos políticos que hoy asciende a más de 400 personas y de las cuales han declarado otras organizaciones, no han tenido contacto.

18/AEG/LGL

 

 

 

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