Luego de que la empresa Excellon se negó a dialogar con las y los ejidatarios de La Sierrita, Durango, estos decidieron destinar sus tierras de uso común para proyectos productivos y no para la extracción minera, porque «se niegan a que la empresa canadiense se siga enriqueciendo a costa de su pobreza».
En comunicado de prensa, la Asamblea General de Ejidatarios (AGE) informó que el miércoles 11 de noviembre de este año la empresa Excellon de México, propiedad de la trasnacional canadiense Excellon Resources Inc, se negó ha asistir al diálogo propuesto por las y los ejidatarios del núcleo agrario de La Sierrita.
Ante ello, en asamblea general y de forma unánime las y los ejidatarios decidieron no buscar más el diálogo con la empresa y demandarla legalmente por delitos ambientales y daños en propiedad ajena, así como destinar sus tierras de uso común para proyectos productivos y no para la extracción minera.
Informaron que la Secretaría de Medio Ambiente y Recurso Naturales y la Comisión Nacional Forestal les han aprobado tres proyectos productivos para la siembra y explotación de candelilla, lechuguilla y orégano.
Así como uno para un programa de retención del agua de lluvias a través de represas de filtración y para la conservación de especies de la fauna local en peligro de extinción, tales como venado, jabalí y codorniz.
Además la AGE también demandará penalmente a la minera canadiense debido a que no se ha limitado para efectuar sus trabajos en las 27 hectáreas que reseña el contrato inscrito en el Registro Agrario Nacional (RAN).
Más bien, ha extendido sus operaciones a territorios ejidales sobre los cuales el uso, disfrute y dominio es exclusivo de las y los ejidatarios, ocasionando evidentes daños materiales y ambientales en las tierras de uso común.
En este sentido, el documento resalta que en el último trimestre de este año las ganancias brutas de Excellon ascendieron a más de 10 millones de dólares, haciendo con ello evidente la disparidad entre lo aportado al ejido y las ganancias de la empresa minera.
Ante estos hechos las y los ejidatarios lanzaron un llamado urgente a la Secretaría de Economía del Gobierno federal y al Gobierno del estado de Durango para que regulen este tipo de relaciones no sólo mediante criterios mercantiles, sino que también incluyan criterios sociales.
De esta manera, la inversión extranjera se convierte realmente en un detonante de desarrollo para los pueblos, para satisfacer derechos humanos básicos como la alimentación, vivienda, trabajo, educación, salud y en general a un nivel de vida adecuado.
HISTORIA DE ABUSO
La empresa canadiense Excellon llegó al estado de Durango desde hace tres años con el objetivo de explotar principalmente la plata y el zinc que se encuentra en grandes yacimientos de las tierras ejidales de uso común, informan las y los ejidatarios.
Desde el inició de su trabajo en los territorios ejidales de La Sierrita, municipio de Tlahualilo, estado de Durango, hizo cuantiosas promesas de beneficios para el núcleo agrario, empezando por fuentes de trabajo, obras sociales, mejor calidad de vida de los habitantes de La Sierrita, entre otros.
Sin embargo al día de hoy, tan sólo 10 ejidatarios laboran en la empresa y el pueblo de La Sierrita no cuenta con agua de uso humano, ni de riego, no hay clínica de salud, las viviendas son de adobe y de 7 por 12 metros en donde habitan familias de siete a diez habitantes.
En tanto, la escuela primaria que tiene 40 alumnos cuenta tan sólo con un maestro unitario para todos los grados y, lo que es peor, ante la inexistencia de oportunidades de subsistencia, las mujeres y hombres jóvenes han tenido que optar por emigrar a Ciudad Juárez para trabajar en las maquilas.
Pese a ello, la Ley Minera, reglamentaria del Artículo 27 constitucional, «bajo el pretexto de que el subsuelo del territorio mexicano es propiedad de la nación», establece el sistema de otorgamiento de concesiones para explotar minerales sin consultar a las y los campesinos ejidatarios que son dueños de las tierras en donde habitan los yacimientos de minerales.
Omite que, para que las empresas mineras ingresen al subsuelo, deben poseer el suelo que es propiedad colectiva de las y los campesinos, dejando en vulnerabilidad a los ejidatarios frente a poderes económicos como lo es Excellon, enfatizan.
LOS ENGAÑOS DE EXCELLON
Por si esto fuera poco, el 23 de mayo del 2003, mediante engaños, la minera canadiense firmó un contrato con los ejidatarios de La Sierrita para la ocupación temporal de 4 hectáreas.
Sorprendentemente, el contrato inscrito en el Registro Agrario Nacional hace constar que la empresa tiene derecho de ocupación temporal por 27 hectáreas, es decir veintitrés hectáreas más.
A cambio de dicho contrato la empresa, en una sola exhibición, otorgó al ejido La Sierrita la suma de un millón doscientos mil pesos, además de que se comprometió a ejecutar obras sociales en beneficio del pueblo que hasta el día de hoy simplemente no se han edificado.
En este sentido, el documento detalla que durante el mes de julio del presente año, los abogados de la empresa buscaron a las autoridades agrarias de La Sierrita con la finalidad de comprarles 2 mil 700 hectáreas adicionales de uso común, pues pretenden expandir su negocio. La propuesta de la empresa fue pagar 25 mil pesos por hectárea, hecho al que se negaron las y los ejidatarios.
07/GT/GG
