Inicio El caso de tzeltales violadas por militares dejará fuero militar

El caso de tzeltales violadas por militares dejará fuero militar

Por Guadalupe Gómez Quintana

Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), representantes del gobierno mexicano se comprometieron el lunes pasado a sacar de la jurisdicción militar el caso de las tres hermanas tzeltales que en Chiapas, durante 1994, fueron detenidas arbitrariamente, violadas sexualmente y torturadas por soldados del Ejército Mexicano, mientras su madre era obligada a ser testigo de los hechos.

Así lo informó, mediante un comunicado, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano, que llevó ante la CIDH el caso de las hermanas tzeltales en 2001.

Desde aquel año, la CIDH consideró que el Estado mexicano violó los derechos a la libertad e integridad personal y a la protección de la honra y de la dignidad, garantías judiciales y protección judicial en perjuicio de las hermanas González Pérez (apellidos ficticios) y su madre. Además de haber violentado los Derechos del Niño, pues cuando ocurrió la violación una de las víctimas era menor de edad.

El Estado mexicano alegó ante el organismo que las autoridades competentes llevaron adelante una investigación seria, aunque no se agotaron los recursos internos; que los representantes de las hermanas González Pérez no demostraron suficiente interés en el caso, por lo cual no se podía reiniciar la investigación militar; y que no se configuran violaciones de los derechos humanos.

Sin embargo, después de un análisis a fondo, la CIDH concluyó en su Informe Nº 53/01, del Caso 11.565, que el Estado mexicano es responsable por la violación de los siguientes derechos consagrados en la Convención Americana: derecho a la integridad personal y a la protección de la honra y de la dignidad (artículos 5 y 11); a la libertad personal (Artículo 7); garantías judiciales y protección judicial (artículos 8 y 25).

Y que respecto de Celia González Pérez, el Estado mexicano, dice la CIDH, violó los Derechos del Niño (Artículo 19); todos ellos en concordancia con la obligación general de respetar y garantizar los derechos, prevista en el Artículo 1 de dicho instrumento internacional.

Y estableció también que Estado mexicano es responsable por la violación del Artículo 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

En virtud de estas violaciones, la CIDH le recomendó al Estado investigar de manera completa, imparcial y efectiva en la jurisdicción penal ordinaria para determinar la responsabilidad de todos los autores de las violaciones de derechos humanos en perjuicio de las afectadas y repararlas adecuadamente.

Sin embargo hoy, seis años después, el Estado mexicano no ha cumplido, denunciaron la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Colectivo Feminista Mercedes Olivera Bustamante y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) durante la audiencia del pasado 11 de marzo, que se llevó a cabo en la CIDH en Washington.

En esa misma audiencia fue que los agentes estatales mexicanos se comprometieron a que el caso de las mujeres violadas por militares en 1994 sea trasladado a la jurisdicción penal ordinaria.

Esto último, considera Cejil, es de gran importancia ya que tal y como lo señaló la Comisión en su informe, la jurisdicción militar no es la vía idónea para investigar las violaciones de derechos humanos cometidas por los elementos del Ejército mexicano ya que se ve comprometida su imparcialidad e independencia.

En lo que respecta a la reparación del daño, el Estado mexicano se comprometió a presentar sus observaciones a la propuesta que presentaron los peticionarios en el año 2001, propuesta que reiteraron en la reunión de trabajo.

LOS HECHOS

De acuerdo con el Informe Nº 53/01, publicado por la CIDH, un grupo de militares detuvo el 4 de junio de 1994 en el estado de Chiapas, México, a las hermanas Ana, Beatriz, y Celia González Pérez y su madre Delia Pérez de González (nombres ficticios) para interrogarlas, y las mantuvo privadas de su libertad durante dos horas.

Las violaciones, informó Cimacnoticias el 18 de junio de 2001, se dieron en un contexto de violencia generada por la presencia de policías de seguridad y militares en Tenejapa, zona de influencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). El saldo, además de casas incendiadas, familias desplazadas y policías expulsados fue la violación que sufrieron las mujeres.

Durante dicho lapso las tres hermanas fueron separadas de su madre, golpeadas y violadas en reiteradas ocasiones por los militares.

El 30 de junio de 1994, señala el Informe de la CIDH, se presentó la denuncia al Ministerio Público Federal, de la Procuraduría General de la República (PGR), con base en un examen médico ginecológico. La denuncia fue corroborada ante dicha institución por Anay Beatriz, las dos hermanas mayores, así como su expediente fueron trasladadas a la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) en septiembre de 1994.

Sin embargo, informó entonces Cimacnoticias, estas agresiones sexuales no se reconocieron en el comunicado que emitió el gobierno chiapaneco sobre los disturbios.

La PGJM, continúa la CIDH, “decidió finalmente archivar el expediente ante la falta de comparecencia de las mismas (mujeres) a declarar nuevamente y a someterse a pericias ginecológicas”.

Ante ello, las hermanas, sus familiares y defensores llevaron el caso ante la CIDH, donde sostuvieron que el Estado faltó a su obligación de investigar los hechos denunciados, castigar a los responsables y reparar las violaciones.

A pesar de ello, al día de hoy la investigación por las violaciones a derechos humanos continúa ante la jurisdicción militar, el Estado no ha determinado ni sancionado a los responsables y las víctimas no han sido reparadas, señala Cejil en su comunicado.

Empero, las organizaciones peticionarias esperan que el Estado mexicano honre sus compromisos institucionales y de pleno cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dice Cejil.

08/GG/CV

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