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El derecho al cuerpo

Por María de la Luz González

Esbozado apenas en las resoluciones de la primera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer, realizada en México hace 30 años, el derecho al propio cuerpo sigue siendo una de las demandas pendientes de cumplimiento en la lucha por la equidad de género.

El acceso a anticonceptivos y programas de planificación familiar se perfiló, a partir de 1974, como uno de los temas centrales en el debate sobre los derechos de las mujeres, y México fue uno de los primeros países que lo incluyó en su legislación, al reformar la Ley General de Población y, posteriormente, la Constitución.

Las reformas, según ha reconocido el secretario de Gobernación de esa época, Mario Moya Palencia, tuvieron que negociarse con diversos sectores de la sociedad mexicana, incluida la Iglesia católica.

De acuerdo con el relato del funcionario, contenido en el libro La Ley General de Población a 30 Años de Distancia, la primera motivación del gobierno del entonces presidente Luis Echeverría fue dar un giro a la política demográfica del país, pues su elevada tasa de crecimiento poblacional anticipaba una población de 130 millones de personas para el año 2000, con la consiguiente incapacidad para atender la demanda de servicios públicos.

Por instrucción presidencial, Moya elaboró el proyecto de reformas, que consultó con juristas, académicos y con el entonces arzobispo primado de México, Miguel Darío Miranda, a quien le planteó que las mujeres de la clase media y alta del país ya se sometían a programas privados de planificación familiar, obteniendo la absolución en los confesionarios.

Se trataba, le explicó, de dar ese mismo derecho en la práctica a las mujeres de escasos recursos, que no tenían acceso a esos programas en el sistema de salud pública porque lo prohibía la legislación vigente. El jerarca católico dio su anuencia y la reforma siguió su curso.

Desactivada la principal fuente de oposición al proyecto, el gobierno mexicano participó, en agosto de 1974, en la primera Conferencia Mundial de Población, realizada en Bucarest, que planteó la preocupación por los elevados índices de crecimiento poblacional de los países en desarrollo.

A propuesta de la delegación mexicana, el Plan de Acción Mundial derivado de ese encuentro reconoció que “toda pareja y todo individuo tiene el derecho fundamental de decidir libremente y con toda responsabilidad el número de hijos y cuándo nacen”, principio que poco después se incorporó a la Ley de Población y luego al artículo cuarto de la Constitución.

“En Bucarest se adoptaron compromisos que ya se sabía que podían cumplirse. Después de la Conferencia de Población se sometió al Congreso una propuesta global de legislación para eliminar la discriminación contra la mujer”, relata la embajadora Aída González, una de las organizadoras de la primera Conferencia Mundial de la Mujer.

EL CAMINO RECORRIDO

La reforma, y la campaña publicitaria que la acompañó, se tradujeron en un descenso de las tasas de fecundidad, que pasaron de seis hijos por mujer en 1974 a 2.2 tres décadas después.

Sin embargo, el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo sigue siendo tema de debate y la revolución demográfica iniciada hace 30 años no ha podido aún garantizar su vigencia a todas las mexicanas.

La contracepción forzada en comunidades indígenas de Guerrero, la demanda insatisfecha de anticonceptivos en zonas urbanas marginales, rurales e indígenas, la falta de servicios de salud sexual y reproductiva a adolescentes y jóvenes de menos de 25 años y las tasas de muerte materna son una muestra de los rezagos, que reconoce incluso el órgano encargado de la política demográfica.

El Consejo Nacional de Población (Conapo) ha reconocido que uno de los sectores más desatendidos por las instituciones públicas y, por tanto, más rezagados en salud reproductiva es el de la población adolescente y de jóvenes menores de 25 años. En este sector, los avances en el uso de anticonceptivos, tasas de fecundidad y número de embarazos no planeados han sido muy lentos, señala.

Estadísticas del organismo documentan que los jóvenes abandonan la escuela a los 15 y 16 años, etapa en la que se registra un alto número de embarazos adolescentes: una de cada cuatro mujeres de 15 a 19 años es sexualmente activa, y la gran mayoría de ellas está embarazada o ya tuvo su primer hijo. El tiempo que pasa entre el inicio de la vida sexual y el primer embarazo es de tan sólo tres meses, indica.

Las cifras

Tasa de fecundidad:
Pasó de 6 hijos por mujer en 1974 a 2.2 en 2003

Uso de anticonceptivos:
Pasó de 30.2% en 1976 a 71% en 2000, entre las mujeres casadas

Protección en primera relación sexual:
1 de cada 10 adolescentes usó algún método en 1995
1 de cada 5 lo hizo en el 2000

Aborto:
1.2 en promedio por mujer en 1976
0.1 en 1997

Embarazo adolescente:
128 nacimientos por cada mil mujeres en 1976
51.4 en 2003

Fuente: CONAPO. 2004. Informe de Ejecución del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo 1994-2003.

05/LG/GM

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