El próximo 10 de diciembre, fecha en que se conmemorará el 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Ciudad de México podría convertirse en la primera entidad del país en contar con un Diagnóstico y Programa de los Derechos Humanos, proyecto que impulsan organizaciones civiles, dependencias del gobierno local e instituciones académicas.
Ante ello, el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra, expresó la importancia de los trabajos para la realización del Diagnóstico, ya que éste facilitará la labor del Ejecutivo local en la aplicación de políticas públicas que puedan subsanar el déficit en la materia.
Así también, resaltó la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil y las instituciones académicas en la elaboración del citado documento, al señalar que «este tipo de ejercicio difícilmente logra una legitimidad y una aceptación por parte de los beneficiarios si estos mismos no participan».
Dijo lo anterior en la inauguración del Seminario Los Derechos Humanos en la Ciudad de México: Diagnóstico y Programa, que organizó la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en México, en el marco de los trabajos de la elaboración del Diagnóstico.
En el acto, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza Longoria, hizo un llamado a reflexionar que los derechos humanos no son «un complemento bonito» de la política pública, al contrario, son el fundamento de la gestión gubernamental.
«Necesitamos entender que ese enfoque de derechos humanos es como la centralidad de la gestión pública y significa claramente una visión de ponerlos como prioridad», subrayó.
La CDHDF participa en el Comité Coordinador de Análisis y Participación del Diagnóstico y Programa, el cual fue anunciado el pasado 5 de mayo.
Álvarez Icaza abundó en que en la actualidad se puede hablar de una victoria ética de los derechos, pues ayudan a redefinir el término de relación entre ciudadanas, ciudadanos y autoridades; sin embargo, dijo, la construcción de ciudadanía «no se puede entender si no se pone en el centro de la democracia el concepto de los derechos humanos».
Reconoció que aún hay pendientes en la agenda de los derechos humanos, entre los que se encuentran el estado que guardan sus instrumentos internacionales; los procesos de armonización legislativa; la exigibilidad de los mismos por parte de las personas en el Distrito Federal; los mecanismos de justiciabilidad vigentes y la eficacia de las políticas públicas que los ponen en el centro.
Por su parte, el subsecretario de Gobierno del Distrito Federal, Juan José García Ochoa, ratificó el compromiso de la administración de la ciudad en pro de los derechos humanos, pues su pleno goce es también una meta que tiene el gobierno capitalino.
JUECES Y MAGISTRADOS
A su vez, Marisa Jaramillo leyó el mensaje del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), José Guadalupe Carrera Domínguez, quien destacó que en el marco de la realización del Diagnóstico y Programa de los Derechos Humanos, el Tribunal y la Flacso encuestaron y entrevistaron a Jueces y Magistrados.
Resultado de lo anterior, indicó, se planteó la necesidad de desarrollar cursos de sensibilización y capacitación al personal; la sistematización de las sentencias; criterios para designar a jueces y magistrados; legislación especializada; la aplicación directa de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y la conciliación.
«En síntesis, armonizar la impartición de justicia y los derechos humanos en la Ciudad de México, a fin de que el discurso que emiten los Jueces en las sentencias reflejen la congruencia y cultura jurídica de un país, que su poder judicial respete y haga respetar los derechos de todos los individuos», enfatizó.
NO BASTAN LAS LEYES
Al tomar la palabra, la representante de la organización civil Fundar, Jacqueline L’Hoist Tapia, criticó la nula participación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) en los trabajados para el Diagnóstico, por lo que los llamó a cumplir con su compromiso.
«No es suficiente legislar en el marco de los derechos humanos para decir que se tiene un compromiso al respecto, porque los derechos humanos son ejercicio de voluntades, de respetar y de participar», dijo.
En el mismo sentido, reprochó también la poca voluntad de las demarcaciones políticas, pues solamente la mitad respondió al llamado. «Desafortunadamente encontramos por parte de las autoridades delegacionales opacidad y ausencia de la información, ya que cuando se proporcionó era parcial o mostraba el desconocimiento en el tema», apuntó.
Por último, el representante de la Universidad Panamericana, Miguel Ángel Lugo, dijo que el comité académico que participa en la elaboración del Diagnóstico y Programa sólo continúa la tradición y esfuerzo que han hecho instituciones académicas anteriormente sobre los derechos humanos en la ciudad.
07/GG/CV
