En el primer día de la discusión a fondo sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley que permite la interrupción legal del embarazo (ILE) en las primeras 12 semanas de gestación, que se realiza en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dos ministros fijaron su postura, y contundentes, afirmaron la constitucionalidad de la norma.
La tarde de ayer, en la segunda parte de la sesión que inició en la mañana, el ministro Genaro Góngora Pimentel, quien se llevó el reconocimiento de las feministas, incorporó el discurso de género en su exposición, al hacer un llamado a sus compañeras y compañeros a debatir el tema desde la perspectiva de género y reconociendo los derechos humanos de las mujeres, así como sus derechos sexuales y reproductivos.
Durante su exposición de casi una hora, el ministro Góngora Pimentel criticó el proyecto de sentencia presentado el fin de semana por el ministro Sergio Aguirre Anguiano ya que, sostuvo, es sesgado en el análisis constitucional y minimiza los derechos humanos de las mujeres y no los considera como punto de partida para su estudio.
Criticó que el proyecto juzgue a la mujer que decide interrumpir legalmente un embarazo y se le vea como una delincuente y que el aborto sea equiparado con el homicidio ya que, argumentó, no se puede decir que el producto de la concepción sea un ser humano y persona.
El proyecto tampoco justifica, insistió Góngora, por qué la vida humana se protege desde la concepción ni qué beneficios obtiene éste.
Se trata, enfatizó el ministro, de un tema que implica los derechos de las mujeres y de la salud sexual y reproductiva, lo que se necesita, destacó, para lograr una verdadera igualdad de género.
Al analizar punto por punto la demanda de inconstitucionalidad promovida por la Comisión de Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría General de la República (PGR) en mayo de 2007 contra la reforma de ley aprobada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) que permite a las mujeres interrumpir legalmente un embarazo (ILE) hasta las 12 semanas de gestación, Góngora Pimentel sostuvo que el embarazo forzado implica una forma de esclavitud que obliga a las mujeres a culminar un embarazo aún en su contra.
En este sentido, argumentó que la penalización de la ILE, discrimina por razón de género porque se justifica que una mujer embarazada culmine su embarazo bajo amenazas penales.
Insistió en el caso Paulina, menor de edad a quien en 1999 se le negó un aborto legal por violación en Baja California, y el Ministro aseveró que las niñas tienen el derecho a no ser madres.
El aborto fue visto por el Ministro, como han insistido las feministas, como un problema de justicia social y de desigualdad, ya que coincidió en que son las mujeres más pobres las que mueren como consecuencia de la práctica de abortos clandestinos e insalubres.
Por ello consideró que penalizar la interrupción del embarazo en las primeras doce semanas genera que mujeres afectadas por abortos inseguros no puedan exigir servicios médicos en caso de complicaciones.
Cuando el Estado impone condiciones de embarazo por la vía penal, coloca a las mujeres en desigualdad social, aseveró y reiteró que no hay justificación alguna que permita sostener que el embrión menor a 12 semanas es una persona y que ello pueda anteponerse y restringir los derechos de las mujeres.
Para el ministro Góngora, el programa de la ILE contribuye en la educación de los derechos sexuales y reproductivos y asesora a las mujeres sobre sus derechos. Consideró que la ILE es un derecho a la salud y debe realizarse en el menor tiempo posible.
Finalmente, después de revisar exhaustivamente artículo por artículo impugnado, el ministro enfatizó estar en contra del proyecto de sentencia del ministro Aguirre Anguiano ya que éste dijo, no aporta elementos lógico-jurídicos que permitan considerar dónde inicia la vida, ni que justifiquen que la vía penal es la única vía de protección del no nacido y no valora los derechos humanos de las mujeres, dijo.
Mientras que en una exposición realizada en menor tiempo pero no menos contundente, el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo enfatizó que no hay una sola regla constitucional que obligue al legislador a penalizar alguna conducta de un particular.
Y coincidió con Góngora Pimentel, en que no encontró motivo alguno de inconstitucionalidad ya que la norma impugnada, no infringe ninguna regla de la Constitución.
El debate sobre este tema, continúa hoy por la mañana en la SCJN.
08/LGL/GG
