De acuerdo con cifras de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) entre 600 y 800 mil personas en el mundo son víctimas de trata al año, la mayoría mujeres y niños explotados en trabajos relacionados con la actividad sexual comercial.
Aún cuando los antecedentes legales para combatirla iniciaron a principios y mediados del siglo pasado, 1904 y 1949, el marco legal al respecto a nivel internacional es reciente, se informó en el Congreso Internacional sobre Derechos Humanos de las Mujeres Migrantes: Acciones para su Protección, en la Secretaría de Relaciones Exteriores.
La OIM, reportó que en 2004, se registraron 6 mil 885 casos penales de trata a nivel mundial, de los cuales únicamente 3 mil 25 recibieron sentencias condenatorias. Un avance con relación a la estadística del año anterior, 7 mil 992 casos, con tan sólo 2 mil 815 condenas.
El fenómeno, según este organismo internacional, se presentó con mayor frecuencia en países europeos y del centro de Asia.
Los avances en materia legislativa también son recientes. Entre 2003 y 2004, en diferentes países del mundo se aprobaron 63 reformas o leyes nuevas en materia de trata de personas, la mayoría en Europa y Asia central.
Las mujeres migrantes son las más vulnerables y tienen mayor riesgo de sufrir abusos y explotación durante su desplazamiento, coincidieron especialistas, representantes de organismos internacionales y funcionarios.
De las 192 mil víctimas que la OIM atendió de 1994 a 2003, la mayoría (145 mil) fueron migrantes que se trasladaron de su continente de origen a otro.
De acuerdo con la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), en América Latina el registro es todavía incipiente y únicamente se dispone de datos aislados. ¿La causa? La clandestinidad del delito y la confusión de términos entre trata de personas y tráfico de migrantes.
No obstante esta limitación, en su informe del 2005 la OIM reconoce que en América Latina y el Caribe la incidencia de la trata de personas se ha incrementado y, en consecuencia, también la preocupación de los gobiernos, las organizaciones internacionales y la sociedad civil por promover una legislación que permita no sólo castigar a las y los tratantes sino, fundamentalmente, atender y proteger a las víctimas.
06/CV/LR