Con todo y que Tailandia promueve las artesanías de los grupos étnicos de Chiang Rai, a la vez que resultan una atracción cultural para turistas, los habitantes de esta provincia norteña se mueven en tierra de nadie, sin derecho a nacionalidad alguna.
Los pobladores de Chiang Rai –cuyas comunidades reciben el mote de tribales– salen de las zonas montañosas de Tailandia para migrar a Birmania, Laos y Yunnan, al sur de China.
Con lengua, costumbres y religión diferente, pero compartiendo la extrema pobreza, las minorías indígenas de Chiang Rai son Karen, Meo Yao, Lisu, Lahu y Akha, de origen sino-tibetano; de origen austro-asiático están las poblaciones del grupo Mon Khmer, los H’tin, Hua, Khamu y Mrabri.
Al carecer de ciudadanía, las mujeres y hombres de estas comunidades no pueden deambular libremente por las calles pues corren el riesgo de que los detengan las autoridades de migración.
Tampoco tienen derecho a atención medica ni a adquirir tierras; de la misma manera se les niega el derecho a la educación y de ninguna manera pueden trabajar ni mucho menos protestar por sus derechos. Para colmo, otro de los grandes problemas es que ningún país quiere reconocerlos: ni Tailandia ni Birmania ni Laos.
Desde el punto de vista de los investigadores del fenómeno en el país, el gobierno tailandés no quiere reconocerlos como ciudadanos argumentando sus intenciones de mantener la unidad cultural del país.
En Tailandia, la Constitución estipula que los hijos de inmigrantes ilegales también son ilegales; como consecuencia, aunque las leyes determinan que toda mujer tiene derecho a dar a luz en los hospitales, en el caso de las indígenas de Chiang Rai, ni ellas ni sus bebés gozan de revisión medica después del parto.
A pesar de la represión, la organización no gubernamental Yamila Art Center promueve el diálogo entre el gobierno tailandés y las comunidades tribales para, entre otras cosas, que se les otorgue la nacionalidad a cualquier persona que nazca en las fronteras de este país asiático.
«Es injusto que un niño sea ilegal. Simplemente no ha cometido ninguna falta y todo ser humano tiene derecho a una nacionalidad. La constitución reconoce sus derechos, pero el gobierno no», dijo el director de Yamila Art Center, Sombat Boonngam.
El organismo, cuya seda se encuentra en el pueblo de Mae Chang, a veinte kilómetros de Chiang Rai, capital de la provincia, además de apoyar el quehacer artesanal del grupo Akha y su comercialización, funciona como guardería para los niños pequeños. De esta manera, las madres pueden trabajar y sus hermanas o hermanos mayores pueden continuar sus estudios.
Entre las personas que colaboran con el centro se encuentran Awio, un joven de 20 años originario de la tribu Akha, y May, nacida de madre y padre tailandeses hace 18 años en Seattle, Estados Unidos.
Awio, aunque no domina el tailandés, estudia las leyes constitucionales y es consejero de su pueblo; además de que funge como intérprete entre el gobierno y la gente del pueblo, es él quien informa sobre los nacimientos o muertes de la comunidad. Ninguno de estos cargos lo han salvado de ser arrestado o deportado en diversas ocasiones.
Por su parte May, profesora de computación en la organización, dice: «Yo también tuve que luchar por mi nacionalidad tailandesa, ya que fui registrada como ciudadana estadunidense, por eso me identifico con ellos. Entonces, ¿por qué las niñas y los niños no han de ser tailandeses si nacieron aquí?»
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