El paquete económico 2010 propuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) significará un aumento en el desempleo y una importante pérdida del poder adquisitivo que afectará sobre todo a las mujeres trabajadoras y campesinas, ya que la mayoría de ellas se ocupa en empleos «precarios», aseveró Carmen Ponce, economista experta en temas de género.
De aprobarse en la Cámara de diputados las medidas propuestas por Hacienda, entre las que destaca el incremento del 2 por ciento al impuesto al consumo, que incluye alimentos y medicinas, el impacto se verá reflejado en la reducción de ingreso de la población «que menos obtiene, justo ahí donde estamos las mujeres», refirió Ponce.
Y es que en el país 16.2 millones de trabajadoras perciben en promedio 26 por ciento menos de lo que ganan los hombres realizando la misma labor. Además, según un análisis elaborado por la economista con base en cifras oficiales y estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), durante el periodo de 2007 a 2009 las mujeres fueron quienes sufrieron un mayor desempleo.
El estudio indica asimismo que las mujeres laboran sobre todo en el sector terciario o de servicios, en el que están al margen de derechos laborales como un salario digno, cobertura de servicio médico y prestaciones sociales.
De acuerdo con la economista, el paquete fiscal que ofrece Felipe Calderón mediante la SHCP es «agresivo, recesivo» y revela que no hay un proyecto social que atienda las necesidades de las poblaciones más vulnerables.
Por el contrario, aseguró, con esta política que apuesta sólo a la inversión extranjera directa y dedica sólo 4 por ciento del gasto a la inversión en el mercado interno es previsible un incremente en el desempleo por la contracción económica y del trabajo informal, donde labora una de cada tres mujeres.
Otro de los efectos es la reducción del poder adquisitivo de las familias, resultado de la inflación, mayores impuestos y los bajos salarios. Según la economista, esta afectación iría más allá del corto plazo, ya que tan sólo los empleos perdidos hasta ahora tardarían entre 3 y 4 años en recuperarse.
Ejemplo de ello, es el caso de Marisol Rojas; ella y su familia viven en pobreza extrema. Su esposo gana 600 pesos a la semana, con los que la mujer, de 45 años, les da de comer a su hija y a sus dos hijos, los lleva a la escuela y costea sus medicamentos, pues la niña tiene principios de hidrocefalia, uno de los menores de edad es diabético y el otro padece una enfermedad relacionada con la médula espinal y no puede caminar con normalidad.
Además de su gasto, Marisol es beneficiaria del programa federal «Vivir Mejor», que otorga a personas como ella, que se estiman en alrededor de 50 millones en el país, 750 pesos mensuales y una despensa.
A la señora Rojas, habitante del Estado de México, el salario de su esposo no le alcanza para cubrir siquiera sus necesidades de alimentación y el «apoyo» de «Vivir Mejor» lo destina a los medicamentos de sus hijos.
Marisol, angustiada por los recientes anuncios y sin comprender cómo es que subiendo el costo de alimentos y medicinas el gobierno federal pretende combatir la pobreza, manifestó que espera que las y los legisladores rechacen este paquete económico, porque «de por sí apenas sale para medio comer, yo no sé que voy hacer si suben más las medicinas», dijo.
Otro de los aspectos que plantea el paquete económico es una tasa de cero por ciento a las exportaciones, es decir, no se le cobrará impuesto adicional a las empresas exportadoras, las cuales gozan de un «privilegio fiscal» conocido como IVA-ALTEX que consiste en que el impuesto se les regresa íntegro por ser «altamente exportadoras».
A decir de Carmen Ponce, este apartado es una muestra «clara» de la visión del gobierno federal, pues «no toca» a los grandes empresarios y sube el impuesto al consumo que afecta a las personas que menos tienen. Además, dijo, es previsible también que la inflación se ubique en un 7 u 8 por ciento para el año siguiente y, con ello, aumente el costo de los productos, y se contraiga aún más la economía del país.
09/GCJ/LG
