El pasado 27 de septiembre, a seis días de que se llevaran a cabo las elecciones municipales para renovar 152 ayuntamientos por el sistema de partidos políticos y 418 por el sistema de usos y costumbres en Oaxaca, Guadalupe Avila Salinas, candidata del PRD a la alcaldía de San José Estancia Grande, en la región afromestiza de la Costa Chica, fue asesinada a tiros por el alcalde priísta, Cándido Palacios Noyola, quien según testigos, había dicho públicamente que no la dejaría llegar a la presidencia municipal.
Lupita, como le decían en el pueblo, era apreciada porque consiguió apoyos para los adultos mayores, organizaba trabajos colectivos en obras del pueblo y llevó brigadas médicas para que las mujeres se practicaran el Papanicolau.
Este prestigio hacía suponer que ganaría las elecciones, lo que generó tensiones entre los priístas, ya que había asegurado que, de ganar, haría auditorías y las llevaría hasta sus últimas consecuencias, a los anteriores gobernantes priístas.
Al menos dos mil personas participaron en el sepelio, acompañados por los acordes de una banda, detrás del ataúd, cubierto con una bandera del Partido de la Revolución Democrática (PRD), cerca de 300 asistentes portaban playeras o gorras amarillas con la leyenda «Lupita presidenta municipal». (La Jornada, 28 y 29 de septiembre, 2004).
De 34 años de edad, la candidata asesinada era abogada y madre de cuatro hijos y será sustituida en la candidatura por su esposo, Israel Reyes Montes.
El autor del crimen se encuentra prófugo, a 72 horas del asesinato, el subprocurador regional de la Costa de Oaxaca, Marco Martínez Hernández acudió a Pinotepa Nacional para redactar la orden de aprehensión contra Palacios Noyola, de quien se rumora está escondido en Rancho Nuevo, municipio de Llano Grande, cercano a La Estancia.
Sin embargo, las personas del pueblo no alcanzan a comprender por qué no se le ha capturado hasta el momento, causando una situación de miedo y tensión entre los familiares de Lupita. (La Jornada, 1° octubre, 2004)
El contexto político en que ocurrieron estos hechos tiene que ver con la persistencia de prácticas caciquiles de control político, dirigidas por algunas familias de la región, que incluyen tácticas de violencia, amenazas y amedrentamiento para disuadir a los ciudadanos de votar y sacar del poder a dichos personajes, cobijados por un partido político.
Las amenazas, insultos, calumnias e incluso agresiones físicas son muy comunes en el caso de las mujeres que, en diversos estados del país, se proponen gobernar algún municipio, según recientes investigaciones sobre las presidentas municipales realizadas por Dalia Barrera, Alejandra Massolo e Irma Aguirre.
Es un hecho que el nivel municipal constituye aún un reto para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en nuestro país.
Hacia marzo de 2002, año en que se realizó dicho estudio, existían en México únicamente 81 alcaldesas, de un total de 1427 presidentes municipales del país, representando tan sólo el 3.3%.
De otra parte, las 123 síndicas existentes representaban el 6.8% de los 1813 síndicos, la presencia de las mujeres en el cabildo como regidoras representaba ya un avance importante, puesto que constituían 2530 en todo el país, significando el 15% del total de 15 974 regidores.
En ese mismo año, 12 de las 81 alcaldesas pertenecían al estado de Oaxaca, cinco de las cuales habían sido nombradas por el sistema de usos y costumbres. Sin embargo, con el tiempo cuatro fueron destituidas y a una quinta la obligaron a renunciar.
Los testimonios de estas alcaldesas en el Primer Encuentro Nacional de Presidentas Municipales fueron impresionantes y el rechazo hacia ellas fue principalmente por la vocación manifestada de servir a sus pueblos, así como por una serie de medidas tomadas para mejorar la situación de las mujeres.
Entre ellas, la creación del Comité del DIF Municipal, apoyar proyectos productivos, luchar contra la violencia hacia las mujeres, en estrecha relación con el problema del alcoholismo y por realizar acciones para combatir el ausentismo y la deserción escolar, entre otros.
La mayor parte de las 221 alcaldesas reportaron haber enfrentado dudas acerca de sus capacidades por parte de la opinión pública, pero también de sus propios compañeros y compañeras de partido, agresiones verbales, burlas y maledicencias.
Varias hablaron incluso de amenazas contra ellas y sus familiares, por decidirse a ser candidatas, e incluso hubo a quienes explícitamente se les dijo que en ese lugar «ninguna vieja iba a venir a gobernarlos».
Iniciado el primer lustro del siglo XXI, es evidente que ser mujer y candidata a una presidencia municipal, sigue siendo un reto, incluso peligroso, para las mexicanas de buena parte de los 2435 municipios que conforman el país.
Descanse en paz, Guadalupe Avila Salinas, una mexicana más que muere en la lucha por la ciudadanía y el ejercicio pleno de sus derechos.
*Profesora e Investigadora de la División de Posgrado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y Coordinadora del Grupo Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza. Autora y compiladora de libros con el tema de género y política.
2004/DB/LR
