El sutil desgaste de la violencia política de género

A medida que aumenta la incursión de las mujeres en la política, crece también el riesgo de que ellas sean víctimas de distintas formas de violencia, pues su presencia desafía el “status quo”, y obliga a la redistribución del poder.
 
Esta es la premisa del informe “Violencia contra las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos”, elaborado por ONU Mujeres, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
 
Según este reporte, la violencia que enfrentan las mujeres en la esfera política puede ir desde la institucional –al interior de sus propios partidos–, hasta la económica, al desviar y limitar los recursos para su capacitación y campañas.
 
Pero no sólo eso, las mujeres también pueden ser hostigadas y víctimas de delitos como acoso sexual, violencia comunitaria, e incluso feminicidio, por el sólo hecho de ser mujeres y también candidatas, legisladoras o autoridades en funciones.
 
El estudio indica que de acuerdo con el momento en que se presentan las agresiones, se ha observado acoso político, discriminación y violencia de género.
 
Las precandidatas y candidatas son más propensas a ser víctimas del mal uso del presupuesto de los partidos, quienes reciben  montos etiquetados para la capacitación de sus militantes, pero en los hechos los invierten en tareas ajenas a la formación femenina.
 
Para este año, el Instituto Federal Electoral (IFE) asignó a los siete partidos (PRI, PVEM, PAN, PRD, PT, Panal y Movimiento Ciudadano) 71 millones 278 mil 519 pesos para capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las militantes.
 
Sin embargo es de recordar que en 2008 y 2009, según estudios del Consejo Ciudadano Mujeres al Poder, se detectó que esos fondos se gastaron en materiales de propaganda, pago de servicios generales, gratificaciones y cuotas del IMSS o del Infonavit.
 
Cuando son candidatas, las mujeres también se enfrentan al incumplimiento de la cuota de género por parte de los institutos políticos, o son postuladas para distritos perdedores o colocadas al final de las listas de representación proporcional donde no tienen posibilidades de obtener un escaño.
 
Quienes quieren ser postuladas a un cargo de elección son objeto de presiones para ceder o no reclamar la candidatura, o bien los partidos no les dan apoyo material ni humano, al contrario de lo que pasa con los candidatos varones.
 
Una vez en campañas, señala el informe, las mujeres son víctimas de agresiones y amenazas de sus contrincantes, y de un trato discriminatorio por parte de los medios de comunicación.
 
Si llegan a ser legisladoras pueden ser substituidas de su cargo de forma arbitraria o recibir presiones para renunciar a favor de sus suplentes varones.
 
Como autoridades enfrentan otros tipos de violencia, toda vez que se les exigen más resultados que a sus compañeros, y al mismo tiempo se les presiona para adoptar decisiones en favor de ciertos grupos o intereses.
 
Asimismo las que llegan a ser autoridades municipales son acosadas para evitar que ejerzan su función de fiscalización y vigilancia del gobierno local, o son intimidadas, amenazadas o violentadas de forma física, incluido el asesinato y la violación sexual.
 
Estas agencias de Naciones Unidas alertan que otra forma de violencia para aquellas mujeres que son autoridades en funciones es el ocultamiento de información, la retención de pagos o limitaciones presupuestales indebidas.
 
En la política se exploran todas las vías posibles para discriminar a una mujer, así por ejemplo se les excluye de las sesiones por la “vía del engaño” o la no notificación de las mismas, o sólo se desdeñan sus opiniones y propuestas.
 
Otra forma sutil de violencia hacia las legisladoras es la segregación en comisiones, funciones o cargos de escasa importancia, y al recibir bajo o nulo presupuesto.
 
Hoy en el Senado mexicano, por ejemplo, hay 62 comisiones ordinarias, 18 presididas por mujeres, y siete comisiones especiales, tres presididas por senadoras.
 
En tanto en la Cámara de Diputados existen 56 comisiones ordinarias, 12 presididas por mujeres, y 28 comisiones especiales, sólo ocho presididas por diputadas.
 
Con todo esto las parlamentarias deben aguantar un trato discriminatorio por parte de los medios de comunicación porque su vida personal, su conducta sexual, su apariencia física y su atuendo son puestos en tela de juicio
 
La violencia política, destaca el informe, alcanza la vida personal de las mujeres porque a ellas llega el desgaste, la culpa y la autoexigencia de sobresalir como servidoras públicas y como responsables de la familia, cargando a cuestas cuestionamientos sociales.
 
Además de enfrentar difamación, desprestigio, burlas, descalificación y calumnias, también llegan a ser víctimas de la censura por parte de otras mujeres que las cuestionan por “desentenderse de sus familias”, lo que puede derivar en conflictos familiares.
 
En este contexto, el pasado 21 de marzo el Senado mexicano acató las recomendaciones de ONU Mujeres y del PNUD al legislar en la materia y reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
 
Con las reformas aprobadas se establece la “violencia política de género” como las acciones y/o conductas agresivas cometidas por una o varias personas por sí o a través de terceros, que causen daño físico, psicológico o sexual en contra de una o varias mujeres y/o de sus familias, en el ejercicio de su representación política.
 
13/AGM/RMB