Desde que hace 62 años se les otorgó el derecho al voto a las mujeres guatemaltecas. Conquistaron espacios, pero su participación en la vida política continúa siendo insuficiente, a pesar de representar más de la mitad de la población.
Prensa Latina Mujeres del Tercer Milenio señala que fue en 1945, durante el gobierno revolucionario de Juan José Arévalo, que se permitió a las mujeres guatemaltecas ejercer el sufragio, aunque en esa ocasión se excluyó a las analfabetas y 20 años después se extendió a todas sin distinción.
Corresponde a Alma Rosa Castañeda de Mora el mérito de ser la primera en llegar, hace medio siglo, al Congreso de la República, órgano que ha sido presidido por dos mujeres: Catalina Soberanis y Arabella Castro.
Sin embargo, aunque ellas representan el 51 por ciento de la población, en la actualidad sólo 19 tienen escaños en un Parlamento de 158 miembros, es decir, apenas el 12 por ciento.
Su poca presencia en el organismo legislativo trae como consecuencia que muchas leyes de beneficio para el sector queden engavetadas, entre ellas las dirigidas a tipificar delitos como el acoso sexual y la violencia intrafamiliar.
Una situación similar ocurre en los gobiernos municipales, donde sólo ocho de 332 alcaldías están encabezadas por mujeres. Existen varios factores que limitan su participación en la vida política del país y en primer lugar está la persistencia de un esquema de sociedad patriarcal y excluyente, en la cual los valores se miden por patrones machistas y racistas.
Otro aspecto determinante es el elevado índice de analfabetismo, sobretodo de las niñas del área rural, donde cerca del 70 por ciento abandona la escuela antes de concluir el tercer grado y sólo 17 de cada 100 completan la primaria.
Para nosotras se trata de vencer dos obstáculos, uno es la estructura patriarcal de las comunidades y el otro es la discriminación que sufrimos a nivel nacional, dijo a Prensa Latina Rosario Toj, de la Misión Indígena de Observación Electoral.
Estos factores fueron exacerbados durante los 36 años de conflicto armado interno por la ruptura del equilibrio democrático que anuló la capacidad de respuesta de la sociedad civil, y redujo las oportunidades de desarrollo y participación de la mujer.
Los Acuerdos de Paz, firmados en 1996, dieron paso a la formación de organizaciones de mujeres locales, regionales y nacionales, y surgieron entidades contra la violencia de género, por la reforma educativa y el resarcimiento a las víctimas de la guerra.
A pesar de ello, los niveles de incidencia no se corresponden con los esfuerzos realizados y todavía hay carencia de políticas públicas y normativas jurídicas desde una perspectiva que incluya de manera integral a ese sector.
Hay más espacios, pero aún no hay una apertura plena para que las mujeres participen, dijo la dirigente Sandra Morán, y añadió que en los casos en los cuales se ha avanzado es porque han peleado bastante.
Aunque Guatemala fue el país pionero a nivel centroamericano en aprobar el sufragio femenino, hoy ocupa uno de los últimos lugares de América Latina en participación de las mujeres en las instancias de dirección. Durante las elecciones del 9 de septiembre, de los 29 mil 821 candidatos inscritos para disputar un puesto, sólo tres mil 762, el 12.6 por ciento, fueron mujeres.
En esos comicios una indígena, la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, se postuló al cargo de jefa de Estado y una feminista, Walda Barrios, para la vicepresidencia, pero ambas quedaron muy distantes de las primeras posiciones.
Y es que por el reducido número de candidatas y los lugares tan alejados que ocupan en los listados electorales, pocas tienen oportunidades de ser electas y la mayoría de los puestos a nivel municipal, departamental y nacional continúan siendo ejercidos por hombres.
07/CE/ML/CV
