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Embate del Estado contra las mexicanas

En una de las andanadas gubernamentales más agresivas contra los derechos de las mujeres, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó 66 juicios de amparo interpuestos por ciudadanas colimenses contra la reforma constitucional en el estado que protege la vida desde la concepción y criminaliza así el aborto legal.

A lo anterior se suma que el gobierno de Baja California (BC) mantiene encarceladas a 25 mujeres por abortar, lo que –de acuerdo con otra reforma a la Constitución local– se tipifica como “homicidio agravado por parentesco”.

Con el rechazo de la Corte a los juicios de amparo promovidos por las colimenses –de los cuales uno más está pendiente de resolución–, suman dos los casos desechados por las y los ministros de justicia referentes a las reformas constitucionales en 17 estados de la República que “protegen la vida desde la concepción-fecundación” y con ello penalizan lo que era un derecho para las mexicanas: el aborto legal.

El 10 marzo de 2010, la SCJN rechazó atraer los amparos promovidos por 161 mujeres de Jalisco contra la reforma a la Constitución estatal que “reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano desde el momento de la fecundación”, y que además penaliza el aborto al castigar con prisión de cuatro meses a un año a la mujer que interrumpa su embarazo voluntariamente.

DESDÉN JUDICIAL

En el caso de Colima, las mujeres que presentaron los amparos consideraron que la reforma a la Constitución local contradice la Carta Magna de los Estados Unidos Mexicanos al negar “los derechos fundamentales de autonomía reproductiva, a la salud, a la libertad de decidir sobre el propio cuerpo y a no ser discriminado por razones de sexo”.

Sobre el reciente fallo de los ministros respecto a esos amparos, el abogado del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) Pedro Morales Aché, explicó que la Segunda Sala de la SCJN determinó sobreseer los recursos y no analizar el fondo de las quejas, toda vez que la mayoría de los ministros consideró que no hay una afectación directa con la entrada en vigor de la reforma.

“Esto significa que los ministros resolvieron que la reforma constitucional, por sí misma, no afecta los intereses jurídicos de las quejosas, es decir, que por sí sola no niega los derechos de las mujeres a usar métodos anticonceptivos y a recurrir al aborto en caso de violación, inseminación artificial no consentida, malformación genética del feto o cuando esté en peligro la vida de la madre, causales en las que el aborto no es punible, según el Código Penal del estado de Colima”, advirtió.

De acuerdo con GIRE, además de los amparos promovidos por las colimenses, mujeres de otros estados han hecho lo propio: van 167 recursos interpuestos en Guanajuato, 72 en Sonora y 76 en Quintana Roo, por lo que suman 382 amparos contra las reformas que penalizan el aborto a nivel estatal.

Se agrega también la petición del 29 de julio de 2009 de 150 mujeres del estado de Morelos que recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para acusar al Estado mexicano de violar sus derechos sexuales y reproductivos con las reformas constitucionales en 17 entidades federativas.

BC CASTIGA CON CÁRCEL

Esta semana, el Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres exigió que las 25 mujeres que se encuentran presas por abortar en BC sean liberadas de manera inmediata, así como todas aquellas que están encarceladas en la República Mexicana por la misma causa.

En conferencia de prensa en el Museo de la Mujer de la Ciudad de México, integrantes del Pacto exigieron a la Cámara de Diputados crear una comisión especial para elaborar un diagnóstico de las mujeres presas por interrumpir su embarazo en las entidades federativas.

Psyche Calderón Vargas, de la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos, señaló que en las próximas semanas se resolverá el caso de una joven de 21 años originaria de Mexicali, sentenciada a 23 años de prisión por aborto espontáneo, toda vez que la sentencia se encuentra en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia del estado de BC, por lo que convocó a los magistrados a dictar una sentencia absolutoria.

En este caso, la mujer –presa desde 2008– fue procesada por el delito de homicidio agravado por parentesco. Su caso se agrega a los de 14 mujeres sentenciadas por mismo delito y a los de 10 más que se encuentran en espera de su sentencia bajo el mismo cargo.

ESTADO EMBLEMÁTICO

El 23 de octubre de 2008, el Congreso de Baja California aprobó una reforma al artículo 7 de la Constitución estatal con la que se estipuló que “desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural o no inducida”.

A principios de 2009, mediante una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN, la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de BC impugnó la reforma. El caso aún está a revisión en el máximo tribunal.

BC es una entidad tristemente célebre por el llamado caso Paulina: la niña de 13 años de edad víctima de violación el 31 de julio de 1999. La menor de edad quedó embarazada y pese a que el Código Penal permitía interrumpir la gestación, el gobierno estatal, encabezado entonces por el panista Alejandro González Alcocer, le negó ese derecho.

El tema tuvo alcance internacional luego de que organizaciones feministas presentaron una denuncia ante la CIDH. El organismo, con sede en Washington, recomendó al Estado mexicano en marzo del 2006 crear una norma oficial para que nunca más ocurrieran casos de violencia institucional como el cometido contra Paulina.

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