El pasado 18 de diciembre, el Parlamento Europeo (PE) emitió una resolución sobre los ataques contra defensores de los derechos humanos en Nicaragua, pidiendo al gobierno respeto por la labor de las ONG y la democracia, así como tomar medidas urgentes para apaciguar la situación de violencia desencadenada por las recientes elecciones municipales.
Desde hace varios meses, las organizaciones de defensa de derechos humanos han sido objeto de ataques y actos de hostigamiento por parte de personas, sectores políticos u organismos vinculados a los poderes estatales, señala la Declaración emitida por el PE.
El Viceministro de cooperación nicaragüense acusa de «triangulación de fondos» a 17 organizaciones de defensa de los derechos humanos, explica el documento, además propuso crear un mecanismo tributario conjunto para las ayudas financieras que reciben las ONG y ha emprendido la investigación a varias de ellas por supuesto incumplimiento de los requisitos legales.
ANTECEDENTES
A partir de las elecciones municipales, celebradas el 9 de noviembre de 2008, se han presentado alegaciones de fraude denunciadas por los informes del equipo de expertos de la UE, donde se alude a la falta de voluntad de las autoridades nicaragüenses para organizar un proceso genuinamente democrático y han sido numerosas las agresiones dirigidas, en particular, contra los medios de comunicación, derivando en polarización y enfrentamientos.
Ante estos hechos, el PE emitió una declaración, considerando que el desarrollo y la consolidación de la democracia y el Estado de derecho, al igual que el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, deben ser parte integrante de la política de la Unión Europea en materia de asuntos exteriores.
Cabe señalar que la Comunidad Europea suscribió en 2003 un Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, por otra.
Otro Acuerdo se suscribió en el marco de cooperación entre la Comunidad Económica Europea y las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.
Con base en estos acuerdos, y en documentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 1948 y el Pacto Internacional de Derechos civiles y Políticos de 1966, el Parlamento Europeo expresó su preocupación por los actos violentos en Nicaragua.
LA RESOLUCIÓN
El Parlamento Europeo (PE) lamenta el modo en que se ha conducido el proceso electoral de los comicios locales del 9 de noviembre de 2008 y considera que sus resultados carecen de legitimidad democrática alguna.
Asimismo, señala, el ambiente de sospecha de fraude en algunos municipios desembocó en manifestaciones y enfrentamientos entre seguidores de distintos partidos
políticos, con el resultado de numerosos heridos, lo que ha agudizado la profunda crisis política existente en este país centroamericano.
Solicita al gobierno de Nicaragua que tome medidas urgentes para apaciguar la situación creada y pide a las autoridades nicaragüenses que respeten la labor de las OSC de defensa de derechos humanos.
Lo anterior, ya que han sido numerosos los ataques y actos de persecución a que han estado sometidos en los últimos meses las organizaciones, sus integrantes, periodistas independientes y representantes de la delegación de la Comisión en Nicaragua por parte de personas, sectores políticos y organismos vinculados a los poderes estatales, exponen.
El PE pide también a los partidos políticos que condenen los actos de violencia llevados a cabo por sus seguidores y expresa su pena porque hubo dos partidos políticos que no pudieron participar en las elecciones locales.
Finalmente, exhorta al Gobierno nicaragüense y a las distintas instancias del Estado a que respeten la libertad de expresión y la independencia de la justicia, garantizando
el mantenimiento de los fundamentos democráticos del país.
Solicita que Nicaragua ratifique, lo antes posible, el Estatuto de Roma por el que se establece la Corte Penal Internacional.
La Unión Europea y sus socios, al suscribir con terceros países acuerdos que incluyen una cláusula relativa a los derechos humanos, asumen la responsabilidad de hacer que se respeten las normas internacionales en materia de derechos humanos, concluye el documento.
08/VRI/CV
