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Empresario mueve influencias para lograr custodia de sus hijos

Por Angélica Jocelyn Soto Espinosa
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Acoso judicial e irregularidades en el proceso de custodia ocasionaron que desde hace dos años Ema Gabriela Molina Canto desconozca el paradero de sus tres hijos, y que Ligia Canto Lugo, madre de Ema Gabriela y abuela de los menores de edad, ahora esté detenida.
 
Días antes de que el pasado 4 de agosto Ligia fuera interceptada y detenida por la Policía Federal (PF), ella narró a Cimacnoticias los obstáculos y complicaciones que junto con su hija ha vivido para obtener la custodia de sus tres nietos menores de edad, de quienes hasta ahora se desconoce su paradero.
 
Y es que Ema Gabriela Molina es ex esposa de Martín Alberto Medina Sonda, padre de los niños y un empresario poderoso en el estado de Tabasco que brinda asesoría fiscal a funcionarios de la entidad. Es también el hombre que por 12 años ejerció violencia física y emocional contra ella.
 
Ligia contó que paralelo al proceso de custodia que su hija enfrenta desde 2010, Ema Gabriela fue detenida en dos ocasiones por supuestos delitos fiscales y trasladada judicialmente a diferentes entidades del país, al parecer para impedir que se quedara con las dos niñas y el niño.
 
Ligia, quien inició un activismo constante por la búsqueda de los menores de edad, fue detenida este lunes 4 de agosto por haber cometido un supuesto fraude fiscal.
 
A decir de los testigos de la detención en Mérida, capital del estado de Yucatán, ella fue interceptada en condiciones similares a las dos detenciones que vivió Ema Gabriela hace dos años.
 
ENTRE JUZGADOS
 
En 2010 Ema Gabriela decidió separarse de Martín Alberto Medina Sonda. La mujer –acompañada de sus dos hijas: una de seis años y otra de 10, y su hijo de ocho años de edad– se fue de su casa en Tabasco y llegó con su madre que vivía en Mérida.
 
Martín Medina nunca se mostró satisfecho con que Ema Gabriela se quedara a cargo de los menores de edad, pero luego de la separación le dio una camioneta de una de las empresas que dirige para que ella pudiera trasladarse con sus hijas e hijo.
 
Por acuerdo de la titular del Juzgado Primero de lo Familiar de Mérida, Sandra Bermeja Burdas, los fines de semana Medina pasaba por las niñas y el niño, y luego los devolvía el domingo por la tarde, hasta que un día de 2010 Ema fue notificada por la jueza que sus hijos ya no regresarían con ella porque su ex esposo la acusó en Yucatán de maltrato infantil y violencia intrafamiliar.
 
Un año después, la jueza determinó que –gracias a los testimonios de familiares, amigos y maestros de las y los niños, y debido a las pruebas que se realizaron a los menores de edad– Ema no había cometido ninguna de las acusaciones que Medina interpuso, y que al contrario él viajaba recurrentemente y no podía quedar a cargo de su descendencia. Por tanto, la custodia siguió a favor de Ema Gabriela.
 
El acuerdo legal temporal fue que de lunes a viernes Ema se quedaba con los menores, y los fines de semana los llevaba a la Procuraduría del Menor de Mérida para que se reencontraran con su padre.
 
De acuerdo con el relato de la abuela, Ema Gabriela no estaba conforme con el acuerdo, ya que se le pedía que llevara a cabo las responsabilidades de cuidado, como llevar a sus hijos a la escuela y a las clases particulares, mientras que el tiempo de recreación se le cedió al padre.
 
El 25 de mayo de 2012 las niñas y el niño desaparecieron. Ese día, Ema los trasladaba a la Procuraduría del Menor en Mérida –para la reunión con su papá– en la camioneta que Martín le dio dos años antes.
 
De acuerdo con la narración de Ligia, en el trayecto un coche le cerró el paso a Ema y bajaron de él varios hombres armados vestidos de civil. A la fuerza la bajaron de la camioneta y la metieron al otro auto. En ese momento Ema pudo observar que se acercó Martín Medina Sonda en su vehículo. Se bajó y tomó a las niñas y el niño.
 
En la entrevista, Ligia aclaró que su hija estuvo incomunicada y fue hasta dos días después que pudo hablar con ella. Ema le contó a su madre que el día que fue detenida por desconocidos y trasladada desde Mérida al Centro de Reinserción  Social del Estado de Tabasco, acusada de “retención ilegal de bienes” (por tener una camioneta que supuestamente no era de ella, aunque en 2010 se la dio su ex pareja).
 
La acusación contra Ema devino porque Martín dio la camioneta, que aún era de su propiedad, como pago de una deuda que tenía una de sus empresas con otra que –paradójicamente– él mismo administraba.
 
Ligia denunció ante la Procuraduría del Menor –tanto en Mérida como en Tabasco–, el mismo día que ocurrieron los hechos, la desaparición de sus nietos, pero tan sólo los trámites administrativos y reunir las pruebas de la sustracción le llevaron más de cinco días.  
 
Hasta la fecha ninguna de las dos entidades federativas (Yucatán y Tabasco) han activado la Alerta Amber para la búsqueda de niñas y niños desparecidos, ni han aplicado medidas para localizar a las niñas y el niño.
 
Apenas tres días después de que Ema Gabriela ingresó a la cárcel, Ligia recibió la notificación del juez Oscar Pérez Alonso, titular del Juzgado Primero de lo Familiar de Tabasco, que Martín Medina solicitó la custodia nuevamente con el argumento de que Ema estaba encarcelada, y que era una persona “de riesgo” para los menores de edad, lo que se le negó.
 
Ema quedó en libertad hasta cuatro meses después, pese a que fue acusada de un delito que no era grave y tenía derecho a fianza, la que sin explicación le fue negada.
 
En una de las audiencias de custodia, según relató Ligia, Ema quería constatar que sus hijos estaban en buenas condiciones, por lo que solicitó a la juez Bermeja Burdas –quien lleva su proceso en Mérida– que pidiera a Martín llevar a una de las niñas para corroborar su estado de salud; sin embargo, él presentó justificantes médicos y nunca llevó a sus hijas.
 
En septiembre de 2012, Ema, quien se encontraba en Mérida buscando a su descendencia, recibió otra orden de aprehensión pero ahora por parte del juez Santiago Ávila Negrón, del Juzgado 68 de lo Penal en el DF, quien fue señalado en su momento por la opinión pública por ordenar la prisión para Yakiri Rubio, una joven víctima de violación sexual que se defendió de su agresor. 
 
El juez Ávila Negrón acusó a Ema de “fraude equiparado”, un delito que supuestamente cometió mientras estaba en prisión en Tabasco.
 
Debido a que la familia de Ema pudo demostrar que quien presentó la denuncia contra ella mostró una identificación falsa, por lo que no pudo continuar el juicio aunque el caso sigue abierto.
 
MISMO MODUS OPERANDI
 
Este 4 de agosto, mientras Ligia acudía a una entrevista en un medio local en Mérida fue detenida por policías ministeriales del estado de Jalisco, quienes la subieron intimidatoriamente a una camioneta por supuestos delitos fiscales y la trasladaron al DF.
 
Hasta la tarde de hoy, la familia de Ligia desconoce quién presentó la denuncia, de qué se le acusa y por qué fue juzgada fuera de su estado.
 
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