En América Latina y el Caribe subsisten síntomas de retroceso y estancamiento en la legislación relativa a salud sexual y reproductiva, sobre todo en los temas de aborto terapéutico y anticoncepción de emergencia, informó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
En su Informe Regional Objetivos de Desarrollo del Milenio 2006: una mirada a la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer, señala que en vista de la importancia para el empoderamiento y autonomía de las mujeres, muchos países de la región han revisado sus marcos legales y adoptado leyes para avanzar en el ejercicio de los derechos reproductivos y en el acceso sin discriminación a los servicios de salud sexual y reproductiva.
Sin embargo, los síntomas de retroceso y estancamiento en la región indican la magnitud de la exclusión a la protección social en salud, que tiene consecuencias en el ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres.
De acuerdo con la Cepal, en 2005 sólo el 53 por ciento de la población urbana ocupada contaba con cobertura de seguridad social. La cifra correspondiente a la población asalariada urbana era del 66 por ciento. Y en ambos casos, esta situación se ha mantenido sin cambios desde 2002.
En los países en los que se cuenta con información disponible para 1990-2005, se observa un retroceso, dado que la proporción de ocupados y asalariados que aportan a la seguridad social pasó de 63 por ciento a 57 por ciento y de 72 por ciento a 68 por ciento, respectivamente.
Asimismo, los programas de reducción de la pobreza de la región sólo consideran de forma parcial los derechos reproductivos.
De la misma manera, indica que si se evalúa el real impacto o aporte específico en el tema de derechos reproductivos, la mayoría de los programas presentan limitaciones, en tanto no se orientan específicamente a los derechos reproductivos, sino de forma genérica a la salud familiar. «Hacerlo implicaría tematizar la entrega o garantía de derechos», puntualiza.
Por eso, el organismo internacional recomienda que, para avanzar en el ejercicio de los derechos y la salud sexual y reproductiva en la región, se requiere de respuestas integrales que permitan una efectiva aplicación del marco legal, de las políticas públicas existentes y fortalecer los mecanismos de exigibilidad de derechos.
Además de que es necesaria la extensión de la protección social en el campo de la salud sexual y reproductiva, porque un alto porcentaje de la población femenina sigue excluida de los dispositivos de protección.
Dicha extensión, dice Cepal, debería incluirse en los programas nacionales de desarrollo y en las estrategias de reducción de la pobreza, ya que «América Latina y el Caribe se enfrenta a importantes retos para garantizar el acceso de las mujeres a servicios integrales de salud reproductiva en el marco de los procesos de transformación de los sistemas de salud».
Los programas y estrategias deben garantizar el acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva; establecer estrategias nacionales de disponibilidad asegurada de insumos de salud reproductiva; garantizar el acceso equitativo a la atención obstétrica de emergencia; fortalecer la participación de la sociedad civil en la gestión y vigilancia de los servicios de salud sexual y reproductiva y garantizar el acceso de las y los adolescentes a la educación de la sexualidad y a servicios de salud sexual y reproductiva, finaliza el Informe de Cepal.
07/GT/GG/CV
