Inicio En el trato a migrantes, ¿Obama=Bush?

En el trato a migrantes, ¿Obama=Bush?

Mientras la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denunció las «inaceptables» condiciones de los centros de detención parainmigrantes –principalmente de Texas y Arizona– decenas de personas protestaron contra la política migratoria de la actual administración y contra Janet Napolitano, secretaria de Seguridad Nacional.

La protesta valió las ocho columnas del diario neoyorquino hispano La Prensa: «Obama=Bush».

El contingente se manifestó con pancartas frente al Consejo de Relaciones Internacionales en Manhatan, donde Napolitano expuso ayer el tema de terrorismo. «Napolitano, no congeles a nuestras comunidades», «Napolitano, detén la criminalización», se leía en los carteles.

«No queremos más de lo mismo», señaló Deycy Avitia, coordinadora de Educación para la Coalición de Inmigración de Nueva York. «Obama nos prometió una reforma migratoria, pero lo que estamos viendo es más de lo mismo», aseguró.

Son tres, explica Avitia, las organizaciones, las políticas de la era Bush que el gobierno de Obama continúa aplicando: la continuación y expansión del programa «E-Verify» (verificación electrónica del estatus legal de las y los trabajadores por parte de empleadores), la continuación de las redadas y la expansión del Programa 287 (g) que otorga poderes migratorios a policías locales.

Mientras Obama habla de reforma, Napolitano habla de deportaciones, indicó Chung-Wha Hong, directora ejecutiva de la Coalición de Inmigrantes de Nueva York, que aglutina a más de 200 organizaciones pro inmigrantes en el área.

Con Napolitano, el programa 287 (g) se expandió a once condados más del país, incluso en dos de New Jersey. Las autoridades afirman que el programa es para identificar criminales indocumentados, pero las cifras y detenidos dicen lo contrario, dice Hong.

En 2008, en Carolina del Norte, 83 por ciento de personas arrestadas fueron infractores del reglamento de tránsito vehicular y enfrentaron procesos de deportación, de acuerdo con datos de la Coalición.

Ese programa data de la administración deBill Clinton, quien lo autorizó en 1996 y se ejecutó con Bush en el 2002. En este momento, más de 840 oficiales en 20 estados de la nación reconocieron su participación en la iniciativa, que tan sólo el año pasado arrestó a 70 mil inmigrantes.

Sandy Palacios, activista organizadora comunitaria de la Coalición de los Derechos del Inmigrante del Norte de Manhatan, dijo que «en noviembre votamos por el cambio, y lo que recibimos es más deportaciones».

El director de la Defensoría de Libertades Civiles de Nueva York, Udi Ofer, sostuvo que «las políticas adoptadas por Napolitano y Obama no mantendrán a la nación más segura y eso hasta el comisionado de la Policía de Nueva York lo ha admitido».

En tanto, Melissa Mark–Viverito señaló «Éste es un mensaje claro de preocupación de la comunidad inmigrante de Nueva York».

Por lo que hace a las conclusiones del informe preliminar de la Relatoría sobre los Derechos de los y las Trabajadores Migratorias y sus Familias de la CIDH, explica la agencia de noticias EFE: «Muchos hombres, mujeres y niños detenidos(…) se encuentran en condiciones inaceptables y que, en muchos casos, el derecho al debido proceso ha sido afectado».

LA VISITA

La Comisión visitó del 20 al 24 de julio pasado a seis centros de detención de inmigrantes en el sur de Estados Unidos.

En concreto, estuvo en el Refugio Southwest Key para Menores no Acompañados de Phoenix (Arizona), el Centro de Servicios de Procesamiento de Florence (Arizona), la cárcel del Condado de Pinal en Florence, el Centro Residencial Familiar T. Don Hutto en Taylor (Texas), el Centro de Detención de Willacy en Raymondville (Texas), y el Centro IES para Menores no Acompañados en Los Fresnos (Texas).

La Relatoría destaca «importantes progresos» en la protección de los derechos humanos de menores no acompañados, pero ve que «aún hay temas pendientes de resolver», como la falta de acceso adecuado a asesoría legal.

La Relatoría expresa su preocupación por el extendido uso de cárceles estatales y municipales, sobre las cuales el Servicio de Inmigración y de Aduanas (ICE) carece de control directo.

Asimismo, señala el hecho de que las y los inmigrantes sin antecedentes penales reciben el mismo trato diferenciado que los convictos y de la práctica de incomunicarlos para proteger a los detenidos vulnerables como minorías u homosexuales.

HUMAN RIGTHS WATCH

En tanto, Univisión y agencias de noticias destacan el reporte de 88 páginas de Human Rights Watch, titulado Detenidas y descartadas: Las luchas de las mujeres para obtener cuidados de salud en la detención inmigratoria, donde expuso casos en los que personal médico del ICE no respondió a los problemas de salud de las detenidas o lo hizo sólo después de demoras considerables.

Se señalan casos en donde las mujeres embarazadas fueron obligadas a llevar grilletes y se les negó atención prenatal, mientras a otras se les negaron suministros básicos como toallas sanitarias o extractores de leche para madres lactantes. Asimismo, hubo demoras inexplicables en el tratamiento o negación injustificada de pruebas de Papanicolau, violación de la confidencialidad y mecanismos ineficaces para presentar queja.

Se supone que me debían hacer una prueba (de Papanicolaou) cada seis meses. Le pedí a mi hija que enviara el historial. Lo recibí y se lo llevé al personal médico para que vieran que no estaba mintiendo. Lo he pedido muchas veces… Es terrible, porque sientes que tienes algo que te puede provocar la muerte… y no recibes ayuda, dijo a los investigadores Lucía C., de Nueva Jersey, a quien no se le realizó ninguna prueba de Papanicolaou durante más de los 16 meses que estuvo detenida.

Las mujeres constituyen aproximadamente 10 por ciento de la población bajo detención migratoria.

En vista de que la detención inmigratoria es la forma de encarcelamiento de más rápido crecimiento en Estados Unidos, estos abusos son especialmente peligrosos. En gran medida permanecen ocultos del escrutinio público y de una supervisión eficaz, dijo en un comunicado Meghan Rhoad, investigadora de la División de Derechos de las Mujeres de Human Rights Watch, en marzo.

Enfermeras que diagnostican erróneamente depresión cuando es un problema de vesícula, inmigrantes acusados de fingir sus enfermedades, parapléjicos sin acceso a instalaciones sanitarias y abusos hacia los extranjeros, son otros de los casos que fueron denunciados por HRW.

FIAC

En tanto, el informe del FIAC, titulado Muriendo por falta de atención digna: Mala medicina en la custodia inmigratoria, identificó fallas como falta de supervisión independiente para asegurar la calidad y eficacia de la atención médica.

También, insuficiencia de personal calificado, cuidado inapropiado de pacientes con enfermedades mentales y discapacidades físicas, falta de intérpretes competentes, conducta cruel por parte de algunos miembros del personal clínico y penitenciario y centros insalubres y hacinados, entre otros.

El informe del FIAC recogió entrevistas, conversaciones telefónicas y correspondencia con personas detenidas y funcionarios penitenciarios y migratorios.

Es una humillación diaria y sistemática; lo más notable es la crueldad innecesaria, crueldad gratuita, manifestó en una rueda de prensa para presentar los informes Marianne Mollmann, directora de campañas de la División de Derechos de las Mujeres de HRW.

Para el de Human Rights, Watch se basó en visitas a nueve centros de detención en Florida, Texas y Arizona, así como entrevistas a 48 mujeres detenidas o recientemente liberadas, a personal de los centros de detención y proveedores de cuidados de salud, funcionarios de inmigración, abogados y activistas.

Más de 300 mil personas estuvieron bajo custodia de las autoridades de Inmigración en el último año. La mayoría, en cárceles estatales y municipales contratadas por ICE con una permanencia promedio de 38 días, aunque hay algunas a las que se les retiene durante meses e, incluso, años.

Cheryl Little, directora ejecutiva del FIAC, explicó que las y los detenidos del ICE son especialmente vulnerables a abusos porque la mayoría carece de acceso a abogados. Si tienen problemas médicos, señaló, son tratados como criminales, esposados camino al hospital, las familias no pueden visitarlos e incluso a los abogados se les niega el acceso.

Ambas organizaciones exhortaron en marzo al Gobierno de Barack Obama a considerar alternativas a la detención para enfermos, mujeres lactantes y embarazadas y prohibir que a éstas se les coloque grilletes.

PRESIONAN POR NUEVAS REGLAS

También sugirieron que se emitan regulaciones federales a fin de que las personas detenidas y sus defensores puedan recurrir a los tribunales para remediar las deficiencias en los cuidados de salud y revisar las políticas que limitan el acceso a servicios no urgentes.

Sólo un escrutinio independiente y externo de la atención médica para personas detenidas asegurará que el Departamento de Seguridad Nacional y el ICE cumplan con su responsabilidad moral y legal de velar por la salud y seguridad de las personas detenidas encomendadas a su cargo, aseguró por su parte Susana Barciela, directora de políticas del FIAC.

La secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano, ha reconocido la importancia de garantizar que todos los detenidos del ICE reciban un tratamiento médico apropiado.

Mónica Ramírez, abogada del Proyecto Derechos de los Inmigrantes de ACLU en California, dijo a Univision.com que desde 2003, cuando fue creado el Departamento de Seguridad Interior (DHS), ministerio que tiene bajo su cargo los centros de detención, han muerto 90 inmigrantes en distintas cárceles.

De ellos, siete eran mujeres y 17 se trataba de inmigrantes cubanos. No conocemos todas las causas de estos fallecimientos, el gobierno no aporta información y muchas veces nos enteramos de lo que ocurrió por versión de familiares. El secretismo predomina, apuntó.

09/LPB/PB/GG

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