El gobernador demócrata John Cortizone firmó ayer la Ley mediante la cual queda abolida la pena de muerte en esta entidad.
Nueva Jersey se convirtió así en el primero en los Estados Unidos que reemplaza la pena de muerte por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, una iniciativa que le salva la vida a ocho reclusos.
Todos los medios de comunicación de la entidad difundieron la noticia, indicando que la Legislatura estatal con mayoría demócrata la aprobó y los republicanos la rechazaron. Es la primera vez en 42 años que una entidad en toda la nación rechaza la imposición de la pena de muerte.
Este es un día de progreso para nosotros y para todas las personas en nuestra nación y en el mundo entero que rechazan la pena de muerte como una solución moral o eficaz para el nefasto crimen de asesinato, dijo Corzine.
Entre los que se salvan de la pena de muerte está Jesse Timmendequas, convicto por asesinar a la niña de 7 años Megan Kanka en 1994. Ese caso llevó a la promulgación de la llamada Ley de Megan, que obliga a las agencias policiales a informar a las comunidades si un delincuente sexual está viviendo en el vecindario, informa la agencia de noticias AP.
Nueva Jersey aceptó la pena de muerte en 1982, seis años después de que la Corte Suprema permitiese a los estados reanudar ejecuciones, pero no ha ejecutado a nadie desde 1963.
Esta decisión ha sido elogiada en todo el mundo como una victoria histórica contra la pena de muerte. Roma planea encender una luz dorada sobre el Coliseo para expresar su apoyo. El Coliseo, en el pasado arena para combates mortales de gladiadores y ejecuciones, es ahora símbolo de la lucha contra la pena capital.
El resto de Estados Unidos y el resto del mundo están observando lo que estamos haciendo aquí hoy, dijo el asambleísta demócrata Wilfredo Caraballo. Nueva Jersey está sentando un precedente que, estoy confiado, otras entidades seguirán.
La última ejecución en el país ocurrió el pasado 25 de septiembre en Texas. Desde entonces, las ejecuciones han sido suspendidas en espera de una decisión de la Corte Suprema acerca de si la inyección letal viola la prohibición constitucional a los castigos crueles y excesivos.
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