En un año las quejas contra la Secretaría de Seguridad Pública capitalina (SSP) y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) se incrementaron de 9 a 15 por parte de organizaciones y personas defensoras de derechos humanos quienes señalaron presunta violencia por parte de estas instancias.
Luisa Pérez, abogada de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, informó lo anterior durante la presentación del Informe especial sobre el derecho humano a defender los derechos humanos en la Ciudad de México elaborado por organizaciones no gubernamentales y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
De acuerdo con el documento las personas y organizaciones que defienden los derechos humanos en el Distrito Federal no están exentos de agresiones y otras acciones que restringen u obstaculizan su labor de defensa a los derechos humanos.
Por ello las organizaciones presentes en el evento La Red Todos los Derechos para Todas y Todos, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, entre otras, señalaron que es necesario crear un mecanismo de protección para defensoras y defensores en la Ciudad de México, independiente del que se elabora a nivel federal.
Adelantaron que mañana la CDHDF y diversas instituciones del gobierno capitalino firmarán un convenio de colaboración para crear este mecanismo de protección.
Las organizaciones refirieron que las defensoras enfrentan obstáculos específicos en razón del género, pues en ocasiones son objeto de violencia debido a los derechos que defienden, por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos, la diversidad sexual o contra la violencia de género y el feminicidio.
Aseguraron que la discriminación y estigmatización derivan en diversas expresiones de violencia, entre ellas ataques de carácter sexual y en casos extremos, la pérdida de la vida, como fue el caso de la defensora Marisela Escobedo, asesinada en Chihuahua, en diciembre de 2010.
El informe destaca que prevalece la impunidad y la falta de recursos humanos y materiales a la hora de brindar medidas de protección, por lo que hace un llamado para crear un mecanismo de protección local con presupuesto propio y con funcionarios capacitados.
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