En México se cometen las «peores» prácticas en materia de legislación de radio, televisión y derecho a la libertad de expresión. Ejemplo de ello es la llamada Ley Televisa que afecta doblemente a las radios comunitarias del país, ya que se ubican en una situación de mayor vulnerabilidad pues se ubican en comunidades rurales, indígenas y urbanomarginales.
«Si tomáramos el modelo mexicano encontramos las peores prácticas en radio, televisión y en general sobre el tema de libertad de expresión», aseguró Aleida Calleja vicepresidenta mundial de vicepresidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc), durante el segundo día de trabajos del foro «Libertad de expresión, procesos democráticos y derechos humanos», que se celebró en el plantel Del Valle de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).
De acuerdo con Calleja, entre «los afectados de los afectados fueron los medios permisionados, figura jurídica que se utiliza en México para medios no lucrativos con fines educativos, culturales y experimentales en el que se insertan los llamados medios públicos o estatales y ahí se han colado como han podido las radios comunitarios, quienes fueron los perdedores de los perdedores con esta ley».
A la radiodifusión comunitaria, a la que ni siquiera se le nombra en la Ley Televisa –última reforma realizada a la Ley Federal de Radio y Televisión, en 2006– se le niega la sostenibilidad económica porque no les permite la comercialización, a diferencia de los medios públicos que reciben un presupuesto para mantenerse.
Pese a que en 2007 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró como inconstitucionales artículos nodales de la Ley Televisa, como la subasta de concesiones a quien tuviera mayores recursos económicos, esta norma sigue vigente.
Con ello se violentan los estándares mínimos internacionales sobre libertad de expresión y derecho a la información, que el Estado mexicano ha firmado y ratificado. Al respecto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que quienes sólo contemplen el aspecto económico son incompatibles con la democracia participativa y con el derecho a la información y libertad de expresión.
El «grave» problema, a decir de la Vicepresidenta mundial de Amarc, es que luego de que la SCJN estableció como inconstitucionales varios artículos, las y los diputados y senadores legislan teniendo como base esta ley.
En tanto, la Ley «está paralizada» lo que representa «un gravísimo atraso, se nos convirtió en una maraña. Mientras no tengamos un marco normativo y los legisladores no hagan su tarea seguimos igual», señaló a Cimacnoticias Aleida Calleja.
Por su parte, el ex senador Javier Corral Jurado, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), indicó durante su intervención que la reforma integral que deben realizar las y los legisladores debe ser contraria a Ley Televisa, es decir que conjunte las telecomunicaciones con la radiodifusión, ésta última debe ser vista como un servicio público, el cual debe ser tutelado y regulado por el Estado.
En esta reforma, la concentración debe quedar de lado, pues actualmente, lamentó, 2 empresas concentran el 95 por ciento de la señal televisiva y en 13 se ubica el 80 por ciento de los espacios en radio. La digitalización de los medios audiovisuales debe ser la base para ampliar y diversificarlos con reglas que limiten la concentración.
Además mencionó que con la convergencia tecnológica, con la que a través de la digitalización se pueden abrir oportunidades para diversificar los medios de comunicación con esta ley «se vuelve a quedar en muy pocas manos» la telefonía, televisión e Internet, denunció.
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