Por considerar que la reforma constitucional al Artículo 1º de la Constitución en Sonora, restringe, entre otros, el derecho a la salud de las mujeres, Ciudadanas por el derecho a decidir de las mujeres, realizan la «Jornada de análisis: Las mujeres deciden ¿la Constitución garantiza?»
Con la participación de mujeres y organizaciones de varias ciudades del estado, y en el marco de la conmemoración del 28 de mayo, Día Internacional por la salud de las mujeres y contra la muerte materna, los trabajos se iniciaron ayer con la reunión de análisis de la reforma.
Como expositores estuvieron el procurador de Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California, Francisco Javier Sánchez Corona; Claudia Zulema Robles, abogada del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), y Lorenzo Ramos Félix, asesor jurídico de Ciudadanas por el derecho a decidir de las mujeres.
El único defensor de Derechos Humanos en toda la República que interpuso una acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas que otorgan derechos al embrión sobre los derechos de las mujeres denunció que esto le ha costado recorte de presupuesto, entre otros medios de presión.
Nos han vendido la idea de que hay consenso en estos temas expuso Sánchez Corona. Sin embargo, después de interponer la acción, se ha dado cuenta de la respuesta ciudadana, en sentido distinto a la reforma.
Mencionó que mientras 40 por ciento de la población de la Ciudad de México estaba de acuerdo con la interrupción del embarazo, después del debate la cifra ascendió a un 70 por ciento, subrayando que lo que hace falta en todos los estados es el debate y la información.
Por otra parte, denunció que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) debió denunciar el atropello, pero no lo hizo, a pesar de que es su obligación.
A diferencia del Ombudsman sonorense, Sánchez Corona se ha destacado en su carrera civil, de litigante y ahora como funcionario público por defender los derechos de la mujer, la sexualidad y los derechos indígenas.
OMBUDSMAN, «BRILLÓ POR SU AUSENCIA»
Por su parte, Lorenzo Ramos Félix asesor jurídico de Ciudadanas por el derecho a decidir de las mujeres, enfatizó que el Ombudsman de Sonora «brilló por su ausencia en el marco del Día de la Salud de la Mujer que se celebra el 28 de mayo».
El expositor hizo hincapié en la poca o nula defensa de los Derechos Humanos por parte de Sáenz Félix, pues no ha defendido a las mujeres, ni a los mineros de Cananea en huelga, ni a los trabajadores universitarios que estallaron la huelga de la Universidad de Sonora hace 50 días.
Ramos Félix, dio lectura a la carta que envió Jorge Sáenz, para justificar su ausencia en el panel, quien calificó de innecesario el evento además de impulsar la desinformación entre la sociedad, y que lo único que respeta es el derecho «a expresarse», discriminando con ello a las mujeres al desconocer su derecho a elegir la maternidad.
Por ello consideró que la ausencia del Ombudsman en la reunión convocada por las mujeres es un hecho a reflexionar.
Finalmente Claudia Zulema Robles, abogada de GIRE, hizo una amplia explicación sobre las implicaciones de las reformas en los estados de la República, donde se ha otorgado derechos a la vida en gestación sin tomar en cuenta las garantías individuales de las mujeres, entre otros derechos.
La expositora analizó el discurso utilizado en las redacciones de las normas, mismas que además de que ubican los procesos de fecundación y embarazo en la incertidumbre jurídica, en todos los casos se basan en argumentos no científicos.
Abundó en que hay un doble lenguaje, ya que se dice que «protege y garantiza» la vida, pero no especifica que prohíbe a las mujeres decidir su reproducción. También se utiliza el término «concepción», término religioso, en lugar de fecundación, que es un concepto emanado de la ciencia.
Las reformas también «humanizan» al concebido. En todas las modificaciones constitucionales, el embrión se reputa como nacido para todos los efectos legales, por lo que se manipula la información llamándolo persona.
Subyacente a esto, en las reformas hay una prohibición a la despenalización de la interrupción del embarazo. También buscan una imposibilidad jurídica y/o material para la prestación de servicios de interrupción legal del embarazo (ILE).
Establece deberes de protección y garantía para el no nacido, mientras que hay una caracterización de las mujeres como delincuentes, finalizó Claudia Robles.
09/SNE/GG
