Inicio Endémica, la violencia contra mujeres y niñas en México: HRW

Endémica, la violencia contra mujeres y niñas en México: HRW

Por Gladis Torres Ruiz

En México, la violencia contra las mujeres sigue siendo endémica y se encuentra cubierta por un manto de impunidad, lamentó la organización Human Rights Watch (HRW) en su Informe Mundial 2009, en donde subraya además los constantes abusos que las fuerzas militares cometen en el país, durante su participación en actividades de seguridad pública, contra civiles.

En el documento de HRW, presentado la primera quincena de enero, la organización afirma que en nuestro país las leyes mexicanas no protegen adecuadamente a las mujeres y niñas de la violencia doméstica y el abuso sexual. «Algunas leyes sobre violencia contra las mujeres son abiertamente contrarias a los estándares internacionales», indica.

Algunas disposiciones del derecho mexicano establecen sanciones para algunos delitos sexuales en función de la «castidad» de la víctima y penalizan la violencia doméstica únicamente cuando la víctima ha sido golpeada en reiteradas oportunidades, dice el texto.

En tanto que las protecciones legales existentes no son aplicadas con firmeza, pues las niñas y mujeres que denuncian ante las autoridades pertinentes haber sido víctimas de violación o violencia, generalmente se enfrentan a una actitud de «sospecha, apatía y menosprecio».

A decir de HRW, estos hechos ocasionan que las víctimas se muestren renuentes a denunciar este tipo de delitos y, a su vez, esta falta de denuncia dificulta la promoción de reformas legales necesarias en el tema, obteniendo como resultado que la violencia sexual y doméstica contra mujeres y niñas sigua siendo endémica y se encuentre cubierta por un manto de impunidad.

La organización internacional subraya la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mediante la cual se estableció en agosto del año pasado la constitucionalidad de una Ley en el Distrito Federal que legalizó el aborto practicado durante las primeras 12 semanas de gestación. Sin embargo, lamentó que continúe penalizado en el resto del país.

«Pese a que cada estado permite el aborto en determinadas circunstancias, como luego de una violación, el trato displicente e incluso hostil impartido por las autoridades a las víctimas de violaciones que buscan interrumpir su embarazo ‘no deseado’, muchas veces logra que desistan de llevar a cabo esta práctica».

IMPUNIDAD MILITAR

HRW hace referencia al Ejército Mexicano, señalando que durante 2008 los soldados continuaron cometiendo abusos «atroces» durante su participación en actividades de seguridad pública. Pese a ello, dice, la responsabilidad de investigar y juzgar dichos abusos cometidos por el Ejército se asigna habitualmente a las autoridades militares, lo cual redunda en impunidad.

En su documento, HRW señala como ejemplo el caso que sucedió en abril de 2008, cuando un grupo de soldados en Chihuahua detuvo en forma arbitraria a cuatro mujeres policía, quienes aseguran que los soldados les vendaron los ojos a dos de ellas y las obligaron a desnudarse frente a ellos.

HRW crítica el sistema de justicia militar, pues carece de la independencia necesaria para llevar a cabo investigaciones confiables y su funcionamiento se caracteriza por una falta de transparencia generalizada.

Además, asegura, la capacidad de los agentes del Ministerio Público militar de investigar los abusos cometidos por el Ejército se ve aún más debilitada por el temor generalizado que existe hacia esta institución en las comunidades rurales, el cual impide que tanto las víctimas y como las y los testigos civiles brinden información a las autoridades militares.

Al referirse a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), HRW informa que ésta tiene un impacto limitado, pues a pesar de que ha publicado información detallada y autorizada sobre casos específicos de violaciones de derechos humanos y ha identificado algunos obstáculos sistémicos que se interponen al avance de los derechos humanos, «al no utilizar plenamente su amplio mandato ni sus cuantiosos recursos, habitualmente no impulsa a las autoridades gubernamentales a reparar los abusos documentados ni promueve las reformas necesarias para evitarlos».

09/GT/GG

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