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EPU y los derechos de las mujeres

Por Angélica de la Peña*
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México como Estado Parte de la ONU ha sido convocado por el Consejo de Derechos Humanos para que informe en la materia, y ha sido valorado su cumplimiento desde la revisión de su informe por parte de diversos países, además de los que integran este Comité.
 
Es la valoración de un Estado por parte de otros Estados. Esta dinámica novedosa entre pares fue aprobada por la Asamblea de Naciones Unidas para no sólo evaluar, sino también incidir, a través de recomendaciones de los países entre sí, con recomendaciones que promuevan y garanticen acciones concretas para el ejercicio de los Derechos Humanos.
 
Este proceso de informe y recomendaciones se le conoce como el Mecanismo de Examen Periódico Universal (MEPU) y en 2013 se realizó el segundo ejercicio. 
 
Hace cuatro años, en el primer informe, hubo tres asuntos de los que México no aceptó recomendaciones: el fuero militar, la figura del arraigo y la definición del delito de delincuencia organizada.
 
En este segundo informe del MEPU, realizado en octubre pasado, México recibió 176 recomendaciones. Todo indica que se aceptarán todas las recomendaciones por parte del gobierno mexicano.
 
Por lo tanto en este mes se responderá a cada una de ellas, estableciendo compromisos concretos para la atención de su cumplimiento.
 
No es cosa menor; significa que esta agenda se constituirá en un programa de trabajo que abarcará, según sea cada recomendación, a los tres poderes y a los tres órdenes de gobierno entre otras instancias del Estado.
 
De manera especial es necesario destacar los temas de especial preocupación que recibieron recomendaciones específicas y que tienen que ver con los derechos de las mujeres: la violencia contra mujeres y niñas, así como los mecanismos para su prevención y justicia.
 
En especial destacaron su preocupación con el feminicidio y la falta de procuración e impartición de justicia pronta y expedita; la promoción de políticas para el empoderamiento de las mujeres y su incorporación a los espacios de decisión, tanto del Poder Ejecutivo como del ámbito legislativo, y la salud reproductiva, en particular la erradicación de la mortalidad materna.
 
Igualmente, la promoción y garantía de los derechos de las niñas y las mujeres indígenas; las agresiones y asesinatos a defensoras de Derechos Humanos y periodistas, así como la situación de indefensión de las personas en situación de migración, en especial mujeres, niñas y niños o que sufren trata de personas. De manera destacada preocupa la situación de pobreza extrema que afecta a las mujeres y sus familias.
 
Es necesario destacar que además del informe oficial gubernamental, diversas agencias de Naciones Unidas presentaron su visión de cómo encuentran al país, que junto con el informe de las organizaciones de la sociedad civil, enmarcan un panorama integral que abarca el cumplimiento de los preceptos de los tratados internacionales a los que nos hemos vinculado y la evaluación diagnóstica de las acciones gubernamentales. 
 
La situación de los derechos de las mujeres se ve afectada por la creciente situación de violencia recrudecida en los últimos años, lo que evidentemente afecta a la población con mayor vulnerabilidad.
 
Todas las organizaciones civiles señalan que desde 2009 con las 77 recomendaciones recibidas, nuestros gobiernos no implementaron políticas para garantizar una respuesta objetiva a cada una de ellas. 
 
Ahora en 2013, con 176 recomendaciones en el ambiente, prevalece una legítima preocupación respecto de que los avances legislativos logrados no puedan tener correspondencia en las políticas públicas, y la marginalidad y exclusión social de las mujeres siga fomentando su discriminación, desigualdad y, por lo tanto, las violaciones a sus Derechos Humanos.
 
Resulta sumamente importante que destaquemos de manera preponderante la implementación de políticas específicas para el ejercicio de los Derechos Humanos de las mujeres.
 
Pero sin lugar a dudas, en la medida en que la sociedad civil sea activa, así será su influencia para incidir en compromisos y resultados que sean debidamente evaluados. 
 
Por lo tanto, para que el tercer informe del Estado mexicano dentro de cuatro años sea inscrito y fundado en buenas prácticas, debemos trabajar desde ahora.
 
Nuestra reflexión, por cierto, no sólo compete al MEPU, tiene que ver con la aprobación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y con los informes que México deberá dar al Comité de los Derechos del Niño y Niña y con el informe al Comité de la CEDAW. Así las cosas.
 
*Senadora perredista y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República.
 
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