El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, que integra a decenas de organizaciones de la sociedad civil de todo el país que luchan a favor de los derechos de las mujeres y en contra de la violencia de género, exigió al Estado seguir las recomendaciones para preservar la seguridad de las mujeres.
En ese sentido denunció, a través de un comunicado, que la imposibilidad de ejercer ya la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia constituye un acto de violencia.
Por eso, exigió «se garantice un contexto de seguridad en la vida de las mujeres, en el marco de la Ley General y las recomendaciones jurídicamente vinculantes emitidas a México por los organismos internacionales de protección a los derechos humanos».
Y para que esto sea posible, dice el Observatorio, se debe hacer público, de inmediato, el Reglamento de la Ley General, que esté a la altura de la Ley misma, que permita se determinen las partidas presupuestales necesarias para llevar a cabo las acciones que ordena, y que durante todo este año han sido inaplicables por la falta de dicha regulación.
Demanda, por tanto, se cumpla con el proceso de armonización legislativa en las entidades federativas que instruye la Ley General, que en su mayoría se encuentra omisa o en algunos casos, se han aprobado leyes locales, como en Nuevo León, Chihuahua y Chiapas, fuera del contexto y del espíritu de la Ley General.
En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Observatorio «visibiliza la grave situación de violencia que viven las mujeres en nuestro país» y considera que la violencia institucional es un gran obstáculo para erradicar la violencia contra las mujeres y preservar su seguridad.
La violencia contra las mujeres –dice– es un fenómeno que tiene profundas raíces, producto de la cultura patriarcal, androcéntrica y misógina que ahora, gracias a las diversas investigaciones ha quedado en evidencia en su dimensión real, al igual que la existencia de un contexto que la posibilita y la potencia.
VIOLENCIA INSTITUCIONAL
De entre las modalidades que adopta, la violencia institucional es sin duda alguna la más grave, pues la hace viable por medio de la impunidad «su continuidad y reproducción», indica el Observatorio.
«La forma en la que se materializa este tipo de violencia es la discriminación que se encuentra tras los actos omisos de algunos servidores públicos, la dilación en la atención de la violencia hacia las mujeres y la obstaculización de la verdad histórica en los casos de feminicidio hacen inaccesible la procuración de justicia, atentando así contra los derechos humanos de las mujeres», exponen.
La violencia contra las mujeres se expande como un cáncer social, que pugna por despojarnos de espacios vitales elementales, indica el comunicado, lo que se corrobora con las políticas permisivas en los casos de las mujeres violadas de Atenco, de Castaños, de Oaxaca y Michoacán, en donde éstas han sido tomadas cómo botín de guerra no declarada, producto de la inconstitucional militarización.
Por otro lado, la alta incidencia del delito de trata de personas, que centra su actuar en las mujeres y las niñas, es una forma de esclavitud «moderna» que ha sido pobremente atendida e inclusive ignorada.
Los más de 30 millones de casos registrados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) de violencia contra mujeres en 2006 y el no estudiado ni tipificado «suceso» de la desaparición de mujeres, son el caldo de cultivo para una aceptación cultural de la reproducción de la violencia contra las mujeres en todos los aspectos de su vida.
Esto se agrava en forma exponencial por la insultante impunidad de perpetradores y funcionarios públicos. Observamos que ante la denuncia de mujeres asesinadas y desaparecidas las autoridades no investigan, no persiguen ni sancionan suficientemente los delitos que vulneran la seguridad de las mujeres quebrantando sus derechos humanos.
En este sentido, y con base en los datos proporcionados por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad en México, en la totalidad del territorio nacional, se reporta que la probabilidad de que el Ministerio Público –local o federal– integre efectivamente una Averiguación Previa, en consecuencia detenga a un delincuente y que éste sea presentado ante un juez es de aproximadamente 1.8 por ciento, por lo que la incidencia de impunidad en cualquier tipo de delito en México se da en un aproximado de 98.2 por ciento.
ANTE LA LEY GENERAL
Por todo ello, y teniendo como referente que ahora las mujeres de México, dice el Observatorio, «contamos con una Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que obliga a las 32 entidades de la República a emitir una legislación similar, que provea de los mismos derechos y obligaciones a mujeres e instituciones gubernamentales, exigimos:
«Se garantice un contexto de seguridad en la vida de las mujeres, en el marco de la Ley General y las recomendaciones jurídicamente vinculantes emitidas a México por los organismos internacionales de protección a los derechos humanos.
«Para que esto sea posible, se debe hacer público, de inmediato, el Reglamento de la Ley General, que esté a la altura de la Ley misma, que permita se determinen las partidas presupuestales necesarias para llevar a cabo las acciones que ordena, y que durante todo este año han sido inaplicables por la falta de dicha regulación.
«Demandamos se cumpla con el proceso de armonización legislativa en los estados que instruye la Ley General, que en su mayoría se encuentra omisa o en algunos casos, se han aprobado leyes locales, como en Nuevo León, Chihuahua y Chiapas, fuera del contexto y del espíritu de la Ley General, contraviniendo derechos y omitiendo responsabilidades de las autoridades estatales para prevenir y erradicar la violencia de género y feminicida, establecidas en la Ley marco.
«Reivindicamos a la Ley General como un instrumento de avanzada que, de ser operante, permitirá comenzar a vencer las inercias de la espiral de violencia que afectan la vida y la seguridad de las mujeres.
«En este complicado entramado social por el que se cierne la inseguridad y la violencia tolerada contra las mujeres, el que tengamos una Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia que no se puede ejercer, producto de la indiferencia, la omisión y la indolencia gubernamental de la realidad que vivimos las mujeres en este país, es un acto más de violencia institucional contra todas las mexicanas que exigimos no quede impune».
Entre las organizaciones que firman el comunicado, integrantes del Observatorio Ciudadano del Feminicidio están:
Baja California: Mujeres Unidas: Olympia de Gouges; Chiapas: Red de Mujeres del Sur; Red de Mujeres por la Igualdad; Desarrollo, Género, Ciudadanía AC; Red nacional de asesoras y promotoras rurales; Red de Mujeres por la Igualdad; Desarrollo, Género, Ciudadanía; Chihuahua: Justicia para Nuestras Hijas, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres; Mujeres por México en Chihuahua; «Casa Amiga» Centro de Crisis y Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Ciudad Juárez; Coahuila: Centro Diocesano para los Derechos Humanos «Fray Juan de Larios».
Del Distrito Federal: Centro Prodh (Comité québecois de solidarité avec les femmes de Ciudad Juarez); Red de Mujeres Indígenas, de Puebla; Academia Mexicana de Derechos Humanos; Arte contra el feminicidio; Católicas por el Derecho a Decidir; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Red Mujer Siglo XXI y la Red Contra la Violencia hacia las Mujeres y los Hombres Jóvenes; Guanajuato: Centro de Derechos Humanos «Victoria Diez» y Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana León.
De Guerrero: Red Guerrerense de Organismos de Derechos Humanos AC y Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos «José María Morelos y Pavón» AC.; Jalisco: CLADEM; México: Colectivo Siembra y Cosecha; Investigadoras académicas y Red nacional de asesoras y promotoras rurales; Morelos: Red Nacional Católica de Jóvenes por el Derecho a Decidir; Academia Morelense de Derechos Humanos; Comité contra los Feminicidios en Morelos.
Organizaciones de Oaxaca: Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos; Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca AC; Mujeres Organizadas Yuubani AC; Red nacional de asesoras y promotoras rurales y Red Nacional Católica de Jóvenes por el Derecho a Decidir; San Luis Potosí: Respuesta Alternativa AC; Sinaloa: Asociación Sinaloense de Universitarias AC, y Frente Cívico Sinaloense; Tabasco: Serpaj-México y Asociación Ecológica Santo Tomás; Tlaxcala: Centro Fray Julián Garcés de Derechos Humanos y Desarrollo local AC; Veracruz: Observatorio Veracruzano de Derechos Humanos; Yucatán: Ciencia Social Alternativa y Refugio para Mujeres y sus hijas e hijos que sufren violencia
07/GG/CV
