El 12 de enero es la fecha tope de la huelga de clínicas acreditadas para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) que comenzó el pasado martes 8 convocada por la ACAI, asociación que representa estos centros en España, en respuesta a las detenciones de personal, inspección de clínicas y al hostigamiento de grupos ultraconservadores.
ACAI tomó ayer la decisión de denunciar ante los tribunales «los abusos» cometidos por la Consejería de Sanidad de Madrid en los centros madrileños para que la justicia investigue «el número y forma» de las inspecciones que ha llevado a cabo en los últimos meses, informó a AmecoPress Francisca García Gallego, vocal de ACAI de Andalucía por la clínica GineGranada.
La decisión ha sido tomada tras reunirse el martes pasado con el Fiscal Jefe de Madrid, Manuel Moix, quien les ha comunicado que no podía actuar de oficio al tratarse de asuntos administrativos, no penales, y les ha sugerido interponer una denuncia ante las «irregularidades de número y forma en que se han hecho las inspecciones» para que la justicia investigue las acciones de la Consejería madrileña.
«Creemos que es muy importante entrevistarse con la Comunidad de Madrid y es vergonzoso que, mientras nos recibe la Fiscalía y la delegada del Gobierno, la Consejería que es la directamente implicada en lo que estamos denunciando no dé ningún tipo de respuesta», declaró García Gallego.
Moix también les ha animado a denunciar y a facilitar todos los datos que conozcan sobre los grupos integristas que acosan a la profesión y han agredido las instalaciones de las clínicas para que la fiscalía pueda intervenir.
Lo mismo les ha sugerido Soledad Mestre, delegada del Gobierno en Madrid, a quien ACAI ha transmitido hoy sus quejas ante las actuaciones de la administración sanitaria madrileña. Según Francisca García, la delegada se ha comprometido a «implementar, si es necesario, la protección policial en las clínicas» y a contribuir a la investigación sobre los grupos que atacan los centros y a las personas que trabajan en ellos.
La huelga de clínicas autorizadas para la IVE se mantiene hasta el día 12 de enero. Cuando finalice, ACAI espera que el ministro de Sanidad, Bernat Soria, haya puesto fecha a la reunión solicitada con él en noviembre, después de que ha manifestado públicamente su disposición a recibirles.
LEY DE PLAZOS
La Asociación exige a las fuerzas políticas que la legislación actual sea sustituida por una ley de plazos como la que existe en la mayoría de países europeos y de este modo «se respete el derecho a decidir de las mujeres, no como ocurre ahora, que dependen de lo que digan otras personas», declaró Empar Pineda.
ACAI recuerda que el aborto es posible en España gracias a que las clínicas privadas efectúan el 98 por ciento de las intervenciones y demandan que se garantice la seguridad jurídica y física de los centros y sus profesionales, con el fin de acabar con las agresiones que han sufrido algunas clínicas y las amenazas físicas que están recibiendo personas concretas que trabajan en ellas.
La huelga afecta a más de 2 mil mujeres y está siendo secundada por todas las clínicas de Madrid, las 30 de ACAI en todo el Estado y otras no asociadas. Si tras los paros de esta semana las clínicas no consiguen sus reivindicaciones, plantearán nuevas acciones presión y no descartan mantener la huelga.
CACERÍA DE BRUJAS
Por su parte, la Asociación de Planificación Familiar de Catalunya y Baleares (APFCIB) denunció en nota de prensa los registros, las inspecciones, «el cruce de acusaciones, la difamación, las actividades ilícitas, la violencia, el silencio y la alarma social creada por los grupos fundamentalistas religiosos» y manifiesta que la huelga de clínicas es consecuencia de «esta cacería de brujas» donde de las mujeres acaban, una vez más, siendo las víctimas porque no se les garantiza un derecho básico.
La APFCIB considera que el Estado «deja a las mujeres desprotegidas y sin ninguna garantía para poder ejercer un derecho legítimo, que forma parte de los Derechos Humanos, como es el derecho a decidir libremente» sobre su descendencia y critica la ausencia de cobertura sanitaria pública que atienda las necesidades de las mujeres durante los días que dura la huelga.
Además, califica de «ambigua» la actual ley del aborto, que a juicio de la APFCIB desprotege a las mujeres y a la profesión, y entiende que la negativa del Gobierno a negociar un cambio normativo «vuelve a situar a las mujeres en un espacio que se puede considerar tierra de nadie puesto que cada vez existen más obstáculos para que puedan ejercer este derecho con total libertad e igualdad».
Para garantizar los derechos sexuales y reproductivos que el Gobierno del Estado Español firmó el 1994 en la Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo del Cairo, la APFCIB exige que se incluyan en la educación obligatoria, que el sistema sanitario garantice la gratuidad de los medios anticonceptivos, que los representantes políticos reformen la ley y que garantice la seguridad de los centros y sus profesionales.
FUERZAS POLÍTICAS CONTRA LA DERECHA
ACAI insistió a las fuerzas políticas que procuren un consenso necesario para abordar un cambio imprescindible de la ley. «Solo en esta semana se dejarán de realizar, aproximadamente, entre mil 500 y 2 mil interrupciones del embarazo, lo que pone de manifiesto que el recurso al aborto es una prestación necesaria, una realidad innegable, que debe ser atendida sino queremos generar un grave problema de salud pública».
Por otra parte, exigen que el aborto salga del Código Penal, ya que carece de sentido que «un derecho sexual y reproductivo de la mujer esté sujeto a una consideración de esta naturaleza».
El colectivo «Jóvenas feministas» pide un Estado laico
Instan a la izquierda a que se pronuncie ante los ataques de la Iglesia a los derechos y libertades de la ciudadanía
Ante las últimas movilizaciones de la derecha contra el aborto, los matrimonios homosexuales y la asignatura de Educación para la ciudadanía, las fuerzas de la izquierda tienen que pronunciarse y apostar por un Estado laico. Es la propuesta del colectivo de Jóvenas Feministas de la plataforma Andaluza de apoyo al Lobby Europeo de Mujeres, que entiende que las manifestaciones de los grupos de ultraderecha perjudican a toda la ciudadanía pero, sobre todo, a las mujeres.
«A lo largo de la historia la Iglesia ha sido androcéntrica, ha maltratado a las mujeres y ha tratado de frenar el avance de las libertades oponiéndose al divorcio, al aborto y, en general, a su independencia», aseguró a AmecoPress Lourdes Pastor, presidenta de las Jóvenas Feministas.
Para Pastor, en un país aconfesional no se puede imponer que los matrimonios estén compuestos por un hombre y una mujer, tal como argumenta la Iglesia, pues se trata de «una creencia católica, y dado que el estado no se adhiere a ninguna confesión, podrían llegar los musulmanes e imponer que los matrimonios deben estar compuestos por un hombre y varias mujeres, que para esta religión eso es lo natural».
Lourdes Pastor calificó de «lamentable» la campaña que la Iglesia Católica y los grupos de extrema derecha están orquestando en contra de los avances sociales conseguidos en los últimos años, en lugar de utilizar su poder para combatir la fabricación y venta de armas, la prostitución, la desigualdad salarial «o tantas otras injusticias que según la Carta de los Derechos Humanos deberían haber desaparecido hace ya mucho tiempo».
El Colectivo de Jóvenas Feministas entiende que, frente a estos ataques a las libertades de la ciudadanía, la izquierda debe reaccionar en lugar de «está adormecida», y defender los derechos de las personas. Además, consideran que la religión debe pertenecer a la privacidad de cada ser humano, por ello, piden que se pase de «un estado aconfesional a un estado laico», en el que la Iglesia no tome partido en las decisiones políticas ni legislativas.
07/TE/GG
